Por: Raymundo Sandoval
El 17 de mayo del presente año, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado decidió avanzar con el dictamen de la Ley para la Protección de Personas de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, que integra las iniciativas presentadas por separado durante 2016, por los grupos parlamentarios del PAN y PRD, y del PRI.
En el documento en revisión, que asesores entregaron a los medios, se puede observar que hay voluntad del legislativo para aprobar una Ley que tenga por objeto “promover, proteger y defender la vida, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, lo cual es un avance considerable en la materia.
Hay que reconocer que el camino no ha sido fácil, que han pasado prácticamente 3 años desde que se presentó la primera iniciativa de ley de protección, y que el contexto nacional (17 periodistas asesinados en lo que va de 2017) ha jugado un papel importante, al grado que, en otra reunión llevada a cabo también el 17 de mayo, el Presidente de la República se comprometió a otorgar más recursos al Mecanismo Federal de Protección y a establecer un esquema de coordinación nacional con las entidades federativas, entre otras medidas.
EPN y MMM
Los compromisos que el Gobernador de Guanajuato asumió ese día junto a sus contrapartes estatales, son:
- Investigar los homicidios perpetrados contra periodistas,
- Crear la fiscalía o el área especializada dentro de la Procuraduría estatal de justicia,
- Conformar un mapa estatal de riesgo,
- Dar cumplimiento a la Recomendación 24/2016 de la CNDH,
- Trabajar con un Protocolo unificado para establecer Mecanismos de protección, prevención y atención de las víctimas de las agresiones.
El Gobernador señaló que en la entidad “tenemos protocolos y un fiscal especializado para este tipo de denuncias”, lo cual es impreciso ya que no existe el Decreto de creación de tal Fiscalía y las denuncias han sido investigadas por ministerios públicos ordinarios. En el boletín oficial se señala también que “se tienen que establecer los mecanismos presupuestales para trabajar de manera coordinada entre el Gobierno Federal y los Gobiernos estatales”.
En otras palabras, se acordó que además de establecer Mecanismos de Protección Estatales, debe combatirse la IMPUNIDAD en las agresiones a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos.
Quienes hemos trabajado desde hace 3 años acompañando casos y haciendo propuestas para la Ley de Protección presentamos propuestas en dos planos:
– Ajustes institucionales previos/paralelos para la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos:
- Derogar la Ley de Imprenta (compromiso cumplido por el Congreso),
- Derogar los delitos de difamación y calumnias (con iniciativa ya presentada),
- Tipificar los delitos (o agravar los delitos relacionados) de ataques a la libertad de expresión,
- Establecer Protocolos de investigación penal,
- Fortalecer a la PDHEG en esta materia, y
- Modificar la Ley de Servidores Públicos en el Estado para que se suspenda al funcionariado público que presuntamente haya cometido agresiones a la libertad de expresión.
Como se ve, los compromisos del Gobernador coinciden con lo presentado por quienes hemos impulsado estas propuestas. Esperamos que el compromiso del Gobernador sea firme y no dependa de la coyuntura nacional o de la presión del Gobierno Federal.
¿Qué esperamos de la Ley de Protección para Guanajuato?
El segundo plano en el que hemos trabajado periodistas, organizaciones y activistas, son los mínimos que debe contener la Ley de Protección.
Vale la pena señalar, que después seguir con la metodología propuesta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, hemos analizado el proyecto de dictamen de la iniciativa de Ley y tenemos las siguientes observaciones:
- El proyecto muestra un efectivo análisis de la Ley Federal y una revisión del Mecanismo Federal, lo cual se propuso desde hace 3 años, así que reconocemos el aporte del equipo técnico de las bancadas promoventes,Recupera definiciones nacionales e internacionales, pero requiere una revisión final de cuáles son los aportes de los mecanismos estatales ya creados, incluso, como se ha sugerido con antelación, debe recuperarse la experiencia del Mecanismo Federal para no repetir errores y para eficientar la coordinación y la concurrencia entre mecanismos.
- El proyecto NO crea un Mecanismo Estatal, sugiere la creación de un CONSEJO, lo que desde mi punto de vista no satisface el estándar de protección integral. En un comparativo con la Ley Federal, el Consejo (que se reuniría trimestralmente) cumple la función de la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal; se propone que sea un funcionario con nivel de Subsecretario el que se encargue de cumplir las medidas de protección decididas en el Consejo, lo cual es altamente cuestionable desde mi punto de vista, no sólo por qué asigna las funciones equivalente de la Secretaría Ejecutiva y de al menos 2 unidades del Mecanismo Federal a un solo funcionario, sino por qué olvida que el trabajo de análisis de riesgo y de asignación de medidas de protección requiere personal altamente especializado.
- Se ha hecho saber tanto al equipo técnico como a diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y de otras Comisiones, que es importante revisar no sólo la creación del Consejo, sino que es fundamental que exista un Mecanismo de Protección; no basta que se le añadan funciones a una estructura administrativa ya existente.
- Se requiere un equipo independiente, con funciones ejecutivas y alta especialización en el análisis de riesgo y de implementación de medidas de protección; que las funciones de las Unidades del Mecanismo Federal sean traducidas en la Ley estatal a este equipo. Este es, desde mi punto de vista, la principal dificultad que pueda enfrentar en su operación el eventual Mecanismo de Protección.
Finalmente, hay que señalar que el proyecto incluye la objeción de conciencia, retoma legislación sobre acceso a la información y el derecho de réplica, reconoce el secreto profesional y propone el establecimiento de un registro estatal de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como la firma de Convenios entre el Gobierno del Estado y los Municipios.
Conclusión
El Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, formado por un grupo de corresponsales, organizaciones y activistas, ha documentado durante 2016, 17 agresiones a periodistas; por su parte, la organización internacional Article 19 ha emitido en lo que va de 2017, 3 alertas urgentes en casos de agresión a periodistas en la entidad. En estos eventos, resalta la participación de funcionarios municipales como una tendencia.
El Congreso hizo bien en derogar la inconstitucional Ley de Imprenta, y la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo atinó en presentar la iniciativa para la derogación de los delitos de difamación y calumnias. ¿Está el Congreso del Estado preparado para aprobar una Ley que realmente garantice la protección integral?, ¿Los otros arreglos institucionales (las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Servidores Púbicos, entre otros) serán una prioridad para esta Legislatura?, ¿El Gobernador cumplirá con los compromisos asumidos con el Ejecutivo Federal?
La moneda está en el aire.
Fuente: Zona Franca
