El escándalo de corrupción desatado por el ex-gobernador Javier Duarte ha conducido a que se pierda de vista una de las causas profundas de la crisis fiscal que padecen Veracruz y casi todos los gobiernos estatales. Además de la corrupción simple y llana, la causa de la crisis radica en el modelo de control político de los regímenes autoritarios subnacionales.

El gobernador Duarte, al igual que la gran mayoría de sus colegas, usó discrecionalmente el presupuesto público para comprar lealtades políticas. En primer lugar, se otorgaron prestaciones no autorizadas por el gobierno federal a los sindicatos de la educación básica y media superior. Extravagantes pagos por “bono de imagen” y muchos otros conceptos fueron ofrecidos a los sindicatos corporativos como mecanismo para comprar la aceptación de la reforma educativa. Una práctica similar se llevó a cabo en otros sindicatos de trabajadores del sector público, todos ellos verdaderas mafias autoritarias cuyos líderes deciden arbitrariamente sobre plazas de trabajo, administran la herencia y venta de plazas y otorgan puestos de trabajo a su familia extensa y a una vasta red de operadores políticos. El costo de estas prácticas de control corporativo es gigantesco y ha conducido al deterioro de la calidad de los servicios públicos y a la incorporación de las dirigencias sindicales a los mecanismos de corrupción.

Por otra parte, el manejo discrecional de los fondos públicos ha permitido la distribución de partidas a múltiples grupos locales de campesinos y colonos urbanos a través de los llamados “proyectos productivos” y de caprichosas políticas sociales estatales que en realidad son abiertos mecanismos de clientelismo político.

Al monumental costo de la estructura política de control corporativo y clientelar, se suma el igualmente masivo costo de una estructura electoral que reparte bienes y dinero en cada proceso electivo. La estructura autoritaria priista se ha vuelto insostenible a raíz del abuso, de los relativos controles generados gradualmente a nivel federal y de las exigencias de transparencia de una ciudadanía que ya no tolera el uso privado de los bienes públicos. La crisis fiscal de los gobiernos estatales refleja en realidad la crisis del modelo autoritario de relación entre el Estado y la sociedad. El caso de Veracruz es el peor dentro de una tendencia nacional.

Precisamente porque el autoritarismo subnacional ha sido la pieza estratégica para la supervivencia de la hegemonía priista es que el gobierno federal no ha perseguido ni persigue realmente a los gobernadores corruptos. En el caso de Duarte estamos frente a una simulación más del gobierno federal, que busca personalizar un problema estructural.

La crisis fiscal subnacional es responsabilidad última del gobierno federal en la medida que ha tolerado el uso discrecional del presupuesto público. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado ya desde hace muchos años la manipulación irresponsable de los fondos públicos por parte de gobernadores y presentado sólidos casos ante la Procuraduría General de la República, la cual nunca tomó acción alguna para castigar esas conductas delictivas. Y ahora resulta que la procuradora que no actuó, teniendo todos los elementos para hacerlo, ha sido nombrada Secretaria de la Función Pública con el beneplácito de todos los partidos. Esta cruel paradoja representa bien el momento que vive México: se premia a los simuladores, la clase política se protege a sí misma y se pospone para un futuro incierto la solución de los problemas estructurales del Estado mexicano.

Para colmo, la corrupción sistémica ha creado su propia base social. Los sindicatos corporativos y las vastas redes clientelares a nivel local resisten hoy y resistirán mañana cualquier intento de privarlas de su poder y de sus privilegios. Una densa sociedad civil conservadora y autoritaria, cuya base principal está constituida por los sindicatos del sector público, es hoy por hoy, junto con los partidos, la última defensa de un régimen autoritario caduco que se niega a morir.


El autor es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.