Las conquistas ciudadanas en las sociedades modernas han generado contrapesos para la regulación jurídica y social del orden sistémico.
En este sentido, han empujado el equilibrio de poderes, la conquista y horizontalidad de los derechos políticos, la transversalidad de los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad, entre otros.
Asimismo, el desarrollo democrático fomenta prácticas que impulsan el asociativismo ciudadano y su inserción en las estructuras de gobierno abierto para consolidar y ampliar la corresponsabilidad social en el control de los órganos del poder público.
Empero, el modelo político no ha logrado invertir el paradigma de la verticalidad del poder, ni fortalecer la precaria ciudadanización de las estructuras institucionales. Subsiste la desconfianza social en las instituciones, cuestión que pone en entredicho el valor de la estructura jerárquica de los poderes del Estado frente a la sociedad. Los efectos devastadores de esta circunstancia son inmediatos, tanto en la eficacia de las acciones que combaten directamente la corrupción e impunidad, como en la tenue legitimidad de sistema político y de gobierno.
En este aciago escenario, el Gobierno Federal y la ciudadanía, dan un salto cualitativo y emprenden esfuerzos para integrar una unidad socio-política que reestructura y redistribuye las responsabilidades en materia anticorrupción e impunidad con un marco jurídico cuya dimensión social crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), e instituye entre otras instancias la Fiscalía Especializada Anticorrupción, dispuesta en el artículo 102 de nuestra Constitución Política.
El andamiaje jurídico de la Fiscalía Especializada Anticorrupción está concebido para salvaguardar los principios y acciones de probidad del quehacer público, encargándose de investigar y perseguir los delitos por hechos de corrupción: ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho de y a servidores públicos federales y extranjeros, peculado y enriquecimiento ilícito, previstos por el Código Penal Federal.
Acto sobresaliente es la inclusión de la “Desaparición Forzada de Personas” como delito de corrupción, cuyas implicaciones de abuso de la función pública constituyen un delito de Lesa Humanidad, agudizado por los contubernios entre organizaciones delincuenciales y entidades públicas.
Asimismo, prescribe que serán acreedores hasta 18 años de cárcel los legisladores federales que cobren “moches” a cambio de gestionar presupuesto o favores legales para estados y municipios.
El nuevo marco jurídico rearticula la función de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que deja de ser una unidad subordinada a la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales, y la constituye como un órgano del mismo nivel, pero con autonomía técnica, operativa y presupuestaria; con independencia en sus investigaciones y resoluciones; y con una estructura que dispone de agentes del Ministerio Público y unidades especializadas para investigar y perseguir este tipo de delitos.
Esta nueva área de la PGR, será fiscalizada por la ASF, la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de la PGR. Este triple mecanismo de supervisión, seguramente hará que se manejen escrupulosamente los asuntos materia de su competencia.
La Fiscalía Especializada privilegia como instrumento de acción jurídica el análisis de la información pública, lo que permite realizar planes y prospectiva de prevención del delito e instrumentar metodologías de vanguardia en materia anticorrupción; colaborar con otras autoridades para construir estrategias y programas anticorrupción; fomentar la cultura de la denuncia y la legalidad como factor consustancial a la preservación de la probidad pública; investigar sin obstáculos los secretos bancario, fiduciario u otros; atraer asuntos del fuero común; así como promover la extinción de dominio de bienes de imputados producto de hechos de corrupción.
Sobresale la coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, lo que fortalece su función investigadora, de fiscalización y la potestad de presentar requerimientos de información a las entidades públicas, más allá de la discrecionalidad que históricamente ponía trabas a las indagatorias.
La estructura operativa de este nuevo órgano es encabezada por un Fiscal Especial, que transparenta su actuación a través de la obligación de rendir un informe anual de actividades al Procurador General de la República, al Comité Coordinador del SNA y al Senado de la República; condición que otorga certeza jurídica y amplía el horizonte de rendición de cuentas.
En este marco jurídico, nada queda a la improvisación, lo cual debe traducirse en resultados objetivos que otorguen estabilidad institucional y social, donde la función de la Fiscalía se erige como acto y criterio socialmente escrutable, que requiere la participación directa de la sociedad civil para elevar no sólo la transparencia del acto público, sino la calidad y eficiencia de la administración pública y la probidad de las estructuras gubernamentales.
En esta lógica de intervención reflexiva, subyace la necesidad institucional de seguir profundizando la participación y colaboración ciudadana en las tareas de control de la probidad y del ejercicio público, y su apertura hacia materias que fortalezcan los equilibrios sistémicos que ha puesto en tela de juicio el funcionamiento de la procuración e impartición de la justicia.
El Estado debe ser sensible a las demandas del tejido social en la ineludible tarea de combatir la corrupción e impunidad. La Fiscalía Especializada Anticorrupción constituye uno de los mayores intentos del orden público para devolverle credibilidad y confianza a las instituciones, y salvaguardar los principios ciudadanos que son la génesis de su poder.
Agenda
- El próximo 1 de septiembre, el Presidente Enrique Peña Nieto presentará por escrito al Congreso de la Unión el 4º Informe de Gobierno, y en Palacio Nacional en un formato inédito, el Jefe del Ejecutivo Federal establecerá un diálogo abierto con la juventud en el que cambiará impresiones de este ciclo de gobierno. Esta innovación apertura a la sociedad el escrutinio de la gestión pública.
- El Presidente Municipal de Pachuca presentó su 5º Informe de Actividades, que culmina con la gestión que por primera vez se extiende por cuatro años siete meses.
- El PSD de Morelos difundió un contrato que supuestamente celebró con Cuauhtémoc Blanco, para aceptar la nominación a la alcaldía de Cuernavaca, cuestión que el ex futbolista niega, y pone de manifiesto que es indispensable desarrollar estrategias para evitar la mercantilización de la política.
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