Las acciones de inconstitucionalidad que la Procuraduría General de la República interpuso contra las leyes anticorrupción a modo que impulsaron los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, fueron admitidas a trámite por tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández y José Ramón Cossío Díaz, admitieron los recursos y emplazaron a las legislaturas y mandatarios locales a rendir informes justificados sobre las modificaciones que realizaron a sus constituciones y leyes que establecen la creación de fiscales, contralores y magistrados anticorrupción, mismas que quedaron plasmadas a través de decretos publicados en sus periódicos o gacetas oficiales a partir de mayo y junio del presente año.
Asimismo, el Congreso de la Unión deberá remitir a cada uno de los ministros copia de la aprobación de la reforma constitucional de mayo de 2015 que prevé la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.
El ministro Laynez Potisek será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia por lo que hace a la impugnación que realizó la PGR sobre Veracruz; Piña hará lo mismo en el asunto referente a Quintana Roo, mientras que Cossío presentará un proyecto por el reclamo a Chihuahua.
El pasado jueves, Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo, dijo a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, que está dispuesto a derogar la ley anticorrupción que impulsó en su entidad, la cual ha generado polémica, ya que diversos sectores de la sociedad señalan que el mandatario busca blindarse para no ser investigado por presuntos malos manejos cuando deje su cargo en abril de 2017.
Dichas modificaciones a las leyes de Veracruz y Chihuahua también han provocado sospecha entre diversos sectores, pues se dice que se crearon a modo para evitar cualquier investigación en contra de Javier y César Duarte, respectivamente, una vez que dejen sus cargos en octubre y noviembre próximo.
La Procuraduría General de la República dio a conocer que el 14 del presente mes Borge acudió a la dependencia federal para reunirse con Arely Gómez.
De acuerdo con la PGR, Borge Angulo le comunicó a Gómez su intención de establecer en aquella entidad, un sistema legal de combate a la corrupción en completa armonía con la Constitución Federal y las leyes generales en la materia, una vez que éstas últimas sean promulgadas.
La visita derivó por la acción de inconstitucionalidad promovida en días pasados por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Para tal efecto, precisó el mandatario estatal Borge Angulo, el Ejecutivo a su cargo está en disposición de proceder a la abrogación o derogación en su caso, de los actos o normas generales que han motivado dicha acción de inconstitucionalidad”, informó la PGR.
La posición del Ejecutivo de Quintana Roo fue fijada durante una reunión de trabajo, en la que además participaron subprocuadores.
Las acciones de inconstitucionalidad fueron interpuestas por la PGR por órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.
El vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, dijo el pasado lunes que las normas impulsadas van en contra la reforma constitucional y la ciudadanía exige leyes claras que no estén por encima de la ley.
Fuente: Milenio
