“¡Así es la política!”, me dijo un amigo muy querido tras la trasmutación de mi artículo de la semana anterior en desplegado suscrito por las fracciones del PRI y del Verde en el Senado de la República, sin mi autorización y sin ningún aviso previo. “Si haces política, te atienes a las consecuencias”, añadió. Mi amigo no carece de razón, pero yo sigo creyendo que perseguir causas colectivas en el espacio público es cosa muy distinta a buscar legitimación ajena, usando malas artes. A pesar de todo, sigo creyendo en la dignificación de la política.
No obstante, no deja de llamar mi atención que los estrategas del régimen político se hayan equivocado en algo tan elemental como ceder un poco, para ganar mucho. La historia que están construyendo ahora mismo los está marcando para siempre. Y ellos saben que esa historia no sólo pasa por el venturoso diseño institucional que ya está en curso para comenzar a combatir la corrupción, sino por las percepciones públicas acerca de la honestidad de los gobiernos. A mi amigo le hubiese respondido: así es la política, de acuerdo, pero si vas a seguir a Maquiavelo, más vale leerlo antes.
Me consta que los operadores políticos del PRI y del Verde sabían muy bien que la publicidad de las tres declaraciones de los funcionarios públicos se había convertido en el nudo principal del proceso que finalmente llevará a fundar el Sistema Nacional Anticorrupción; me consta que había salidas razonables para zanjar ese debate de una vez y rescatar así la profundidad y los alcances del resto de los cambios. Me consta que siempre estuvo en sus manos tomar la decisión. Pero aun así, se equivocaron. Y en lugar de jugar la última carta para recuperar un trecho de la credibilidad que han venido derrochando, se negaron a salvarse de sí mismos y prefirieron complicar todavía más la escena pública añadiendo, caprichosamente, un artículo (a mi juicio) inconstitucional e inoperable que obligaría a millones de particulares a presentar su 3de3, al momento de entrar en contacto con el dinero del Estado mexicano.
Mientras escribo este artículo, todavía cabe la posibilidad de corregir el despropósito por vías institucionales. Todavía es posible que los legisladores que se opusieron a esa trampa acudan a la acción de inconstitucionalidad y lleven el tema hasta la Suprema Corte de justicia, para que sea ésta quien diga la última palabra. Que sea la Corte quien decida hasta dónde deben publicarse las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales de los funcionarios públicos y quien determine la constitucionalidad de la ocurrencia de generalizar esas declaraciones a los particulares. Ojalá tengamos legisladores con agallas suficientes para tomar ese recurso.
Por mi parte, acuso recibo del afecto que me demostraron los políticos del PRI y del Verde con su desplegado insólito, pero debo aclararles que no represento a la sociedad civil; que mis artículos los escribo llevado solamente por mis convicciones y por la información que tengo; que no le quito ni una coma a lo que escribí hace ocho días, porque sigo reconociendo las virtudes del Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto; que sigo creyendo que los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas deben corregirse; que seguiré apoyando en todo lo que pueda a las personas y las organizaciones que han venido promoviendo esta causa y que lo seguirán haciendo juntos; que no tengo la más mínima intención de ocupar un sitio en el comité de participación ciudadana del sistema; y que, estimulado por su desplegado, haré todo lo que esté en mis manos para seguir usando mis únicos recursos —las ideas, los datos y la voz— para denunciar y combatir la corrupción y la denigración de la política. No. No es verdad que los países tienen los gobiernos que merecen. Hace mucho que México merece uno mejor.
Fuente: El Universal
