El Senado de la República cerró el periodo ordinario de sesiones dejando el Sistema Nacional Anticorrupción en el tintero. Y sin embargo, contrario a lo que pudiera leerse, la aprobación del andamiaje normativo que se requiere para lanzar una política nacional anticorrupción podría estar mucho más cerca de lo que el humo mediático en tiempos electorales permite visualizar.

En las últimas semanas, las más de 630 mil firmas que respaldaron la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades mejor conocida como Ley3de3 , favorecieron que se abriera un canal de diálogo formal entre representantes de la academia y de organizaciones sociales, con diversas fuerzas políticas representadas en el Senado.

Las discusiones no sólo se centraron en esta ley fundamental sino que también se ampliaron a un paquete de cinco leyes que fueron argumentadas tanto en mesas públicas como en mesas técnicas con diversos senadores del PAN y PRD en un primer momento, y con los Senadores Cervantes y Escudero del PRI-PVEM en un segundo.

El resultado de estas discusiones sucesivas es una serie de documentos de trabajo y de propuestas públicas que contienen coincidencias fundamentales con lo que las organizaciones sociales y los académicos venimos sugiriendo desde hace meses.

Las posiciones que antes de las mesas técnicas eran francamente antagónicas,  se fueron acercando hasta perfilar un Sistema Nacional Anticorrupción robusto, con canales delimitados de coordinación interinstitucional, con capacidades fortalecidas de investigación de casos de corrupción, con la existencia de un canal formal para la participación ciudadana que para brindar legitimidad y neutralidad política encabezaría el sistema y con la existencia de una plataforma de información que permitiría ejercer de manera más eficiente la “inteligencia institucional” es decir, la capacidad de detección, prevención y sanción de los casos de corrupción.

En el caso del régimen de responsabilidades, las diversas fuerzas políticas decidieron tomar como base para la discusión la iniciativa ciudadana de Ley3de3. Las mayores coincidencias se encuentran en la clasificación de conductas de corrupción, en la definición de sanciones que atienden el principio de proporcionalidad, en el establecimiento de un régimen de responsabilidades para todos los órdenes de gobierno, órganos, entidades e instituciones incluidos no solamente funcionarios públicos sino también candidatos, personas físicas y morales que tienen tratos con  gobiernos y con mecanismos de protección a denunciantes de casos de corrupción, entre otras cosas. Si bien no todas las propuestas contienen el mismo nivel de exhaustividad con respecto a las versiones públicas de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, todas las incluyen detalladamente como obligación frente a la secretaría correspondiente y  todas consideran mecanismos de verificación y monitoreo sobre posible enriquecimiento ilícito.

Las verdaderas diferencias entonces no provienen de los contenidos sustantivos de las propuestas sino del cálculo político y de las diversas visiones sobre la prioridad que el tema merece no solamente a partir de este paquete de cinco leyes sino también incluyendo las modificaciones necesarias al Código Penal -para modificar los tipos penales en materia de corrupción- y la ley que definirá las competencias de la Fiscalía Anticorrupción. Todo esto podría concretarse si se acuerda pronto un dictamen y se convoca a un periodo extraordinario con la urgencia no sólo que el país requiere sino que la sociedad espera y exige de quienes tienen el mandato de representarnos y llevar nuestra voz ante el Congreso.