En el documento, el Secretario de Estado de EU, John Kerry, subrayó la tendencia acelerada a cerrar el espacio de la sociedad civil, reprimir a los medios de comunicación y la libertad en internet, marginar a las voces opositoras y, en los casos más extremos, matar a las personas o expulsarlas de sus hogares.

Añadió que los Gobiernos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua usan la pesada burocracia administrativa para restringir la libertad de asociación y reprimir a la sociedad civil.

Estos son los países latinoamericanos, que junto a los habituales Cuba y Venezuela, aparecen destacados en el informe anual del Departamento de Estado.

En el caso del Gobierno de Ecuador, sigue restringiendo a los medios independientes y a la sociedad civil usando leyes de derechos de autor para forzar la eliminación de contenidos de internet.

“(En Bolivia) el Presidente, el Vicepresidente y los Ministros critican repetidamente el trabajo de las ONG y las organizaciones sociales no alineadas con el Gobierno”, sostiene el informe.

Además, agrega que algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que los mecanismos de registro del Gobierno son estrictos a propósito para limitar las organizaciones independientes en el país.

En Nicaragua, las ONG nacionales que están bajo la investigación del Gobierno denuncian problemas para acceder al sistema de justicia y retrasos a la hora de procesar las peticiones, así como presión de las autoridades del Estado”

“Muchas ONG (de Nicaragua) creen que las autoridades fiscales auditaron sus cuentas como un medio de intimidación. Aunque están legalmente permitidas, las auditorías fueron una forma común de acoso y a menudo se usaron selectivamente, según las ONG”, recoge el informe.

Otros países que utilizan la burocracia para reprimir a la sociedad civil, según Estados Unidos, son: Hungría, Irán, Egipto, Kenia, Camboya, Uganda, Vietnam, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, y Turkmenistán.

El informe anual de Derechos Humanos del Departamento de Estado, que marca este año su edición número 40, se envía al Congreso para que sirva como referencia a la hora de otorgar ayuda exterior.