En el marco de la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se corre el riesgo de que a la Auditoría Superior de la Federación se le sature de facultades que no le corresponden, entorpeciendo con ello su desempeño.
Así lo advierte Juan Manuel Portal, titular de la ASF, quien apenas en febrero presentó el informe sobre la fiscalización a la cuenta pública 2014.
El contador público dice que, a pesar de que el nuevo sistema es un avance importante en el diseño del organismo fiscalizador, le preocupa que a la ASF se le quiera ver como una especie de “fiscal anticorrupción”.
Portal se dice preocupado porque, en el marco de la discusión de las leyes secundarias, han surgido voces que demandan que al organismo se le dote de facultades sancionatorias a fin de hacer más efectiva la atención a las irregularidades que detecta e inhibir con ello la comisión de lo que el nuevo sistema anticorrupción llama “faltas administrativas graves”.
El auditor rechaza que la ASF sea responsable del combate a la corrupción. Detalla que las facultades del organismo se limitan a revisar la Cuenta Pública, reportar los resultados, hacer públicas las irregularidades y promover que las instancias correspondientes determinen si éstas derivan o no en actos de corrupción.
“Nosotros lo que hacemos son auditorías, no es nuestra responsabilidad combatir la corrupción. Que sí tenemos una participación importante en la medida en la que vamos encontrando situaciones de debilidad, de desviaciones y de falta de moral, las hacemos ver y las denunciamos, pero no es nuestra responsabilidad”, insiste.
Portal indica que esta preocupación ya la hizo llegar al Senado de la República a través de una serie de observaciones al primer documento de trabajo de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dirigida por el senador del PVEM, Pablo Escudero.
“Que cuide que a la Auditoría no se le considere como si fuera un fiscal anticorrupción”, insiste.
Aunque en su informe sobre la cuenta 2014 hizo mil 641 observaciones por posible daño patrimonial -un número similar a las mil 798 hechas a la cuenta 2013, la primera del gobierno actual-, Portal rechaza que en la administración pública exista reticencia para atender las observaciones de la ASF.
Argumenta que la tardanza en los procesos a veces se malinterpreta como falta de resultados y, como ejemplo, refiere que la falta de conclusión de las denuncias penales interpuestas por el órgano fiscalizador, algunas de ellas desde el año 2000, se debe a la carga de trabajo de la PGR.
“Hemos presentado cerca de 600 denuncias de hechos y esto es creciente, para esta Cuenta Pública que acabamos de presentar seguramente vamos a tener un número mayor a 150 y no es fácil para la PGR, lo entendemos. ¿Qué sí veo con mucho agrado?, que la PGR ha dispuesto en una forma muy abierta coordinación con nosotros”, señala.
Portal no lamenta que en el marco del nuevo sistema anticorrupción se omitiera la necesidad de dotar a la ASF de autonomía constitucional, una demanda de varios especialistas en el tema.
“Hay una total independencia técnica de la Auditoría Superior respecto a los auditados, ésa es la parte importante. En cuanto a la autonomía presupuestal, no tenemos complicación. Ahora, si llegara a darse la autonomía constitucional, sería bienvenida”, sostiene.
Sobre la llamada #Ley3de3, el auditor asegura que, aunque es plausible que dicha iniciativa sea el resultado de un amplio trabajo ciudadano, existen elementos en los que está en desacuerdo, como el detalle excesivo en la tipificación de las faltas, lo que podría dificultar el trabajo de la ASF.
“Hay un detalle extremo en cuanto a la tipificación de los delitos que se consideran como faltas, creo que no es necesario ponerlo de esa manera… Al ser muy específicos, muy casuísticos, puede complicar el momento de documentar los casos”, advierte.
Portal pide no crear falsas expectativas, pues una vez aprobado en su totalidad, el sistema anticorrupción tardará mucho tiempo en dar resultados.
El nuevo sistema establece que la ASF podrá fiscalizar los recursos en tiempo real, es decir, en el mismo año que están siendo ejercidos, y le da facultades para revisar el intercambio de ingresos entregados a los estados y para investigar y sustentar, junto con los órganos de control, las faltas administrativas graves.
Además, establece la obligación de informar de sus actividades a la Cámara de Diputados tres veces por año: en febrero, junio y octubre.
