En febrero del 2013, durante la presentación de los resultados de la revisión al último año de la administración de Felipe Calderón, la Auditoría Superior de la Federación documentó que el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras operó con diferencias en su presupuesto y que las instalaciones de muchas estancias en Tlaxcala no cumplían con las condiciones de seguridad adecuadas.
Dos años después, al presentar los resultados de la fiscalización al primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el organismo auditor volvió a señalar que las estancias, ahora en el estado de Jalisco, no acreditaron el ejercicio de los recursos otorgados, y que a muchas de ellas se les permitió operar con deficiencias en sus instalaciones y mobiliario, lo que puso en riesgo la integridad de los menores de edad y de los empleados.
Como éstas, muchas de las irregularidades detectadas año tras año por la ASF son documentadas sin que la observación se traduzca en acciones concretas para erradicarlas de la administración pública.
Entre 2012 (último año de Felipe Calderón) y 2014 (segundo año de Peña Nieto y que corresponde al ejercicio más reciente fiscalizado), la ASF promovió poco más de 30 mil acciones. Las cifras indican que si bien en ese lapso se redujo el número de acciones preventivas; es decir, las recomendaciones para mejorar la operación y la gestión de los recursos públicos y de los programas sociales, la incidencia de acciones por presuntas responsabilidades de funcionarios públicos se mantuvo en los mismos niveles.
En 2012 y 2014, los pliegos de observaciones pasaron de mil 893 a mil 641 (una reducción mínima); mientras que las promociones ante contralorías internas aumentó de mil 806 a mil 871; es decir, las observaciones con presunción de daño patrimonial y de responsabilidades administrativas sancionatorias en contra de funcionarios públicos siguen en los mismos niveles.
La emisión de un cúmulo de observaciones, recomendaciones y promociones de acciones sancionatorias no ha erradicado de la administración pública las irregularidades detectadas año tras año por la ASF.
Ignoran recomendaciones
En su último informe (correspondiente al ejercicio 2014), el órgano fiscalizador detectó 11 “áreas de riesgo”, que son las mismas que encontró en 2012.
En ese año, la ASF advirtió sobre la necesidad de tener un padrón único de beneficiarios de los programas sociales. Recomendó modificar los mecanismos de registro de la Secretaría de Hacienda para evitar que la deuda pública y el gasto fueran reportados de manera incompleta; propuso modificar la Ley de Obra Pública para terminar con los desvíos de recursos en la ejecución de proyectos y urgió a cambiar el diseño de programas que no cumplen con sus objetivos.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2014, para ese año la Sedesol aún no desarrollaba un padrón único de beneficiarios, los registros de Hacienda del gasto y la deuda pública seguían incompletos, los desvíos de recursos en la construcción de carreteras eran constantes, y aún existían programas sociales que no cumplían con su objetivo social.
El órgano fiscalizador reconoce la falta de avances en el gasto ederalizado a pesar de sus constantes señalamientos: “Las observaciones en las auditorías del gasto federalizado son numerosas y recurrentes; dicha situación es expresión de problemas estructurales que tienen arraigo en los gobiernos locales”, advierte el informe.
Las denuncias penales que se derivan cada año de las auditorías siguen acumulándose, sin que la PGR las investigue y resuelva.
Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se pretende hacer frente a esta problemática, dotando a la Auditoría de nuevas facultades, como poder realizar auditorías en tiempo real. Las estadísticas indican que esto no generará cambios significativos en la gestión pública si no van acompañadas de un compromiso explícito de dependencias como la Secretaría de la Función Pública y la PGR, para acompañar y llevar hasta las últimas consecuencias las observaciones que cada año emite el órgano fiscalizador.
De lo contrario, las observaciones del auditor -que suman 87 mil 211 en 16 años- se seguirán acumulando.
De 1998 A LA FECHA
ESTATUS DE DENUNCIAS
9 en reserva.
15 en amparo.
12 en no ejercicio de la acción penal.
21 consignadas.
608 en trámite, una desde 2001.
No somos un fiscal
anticorrupción: Portal
En el marco de la discusión de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, se corre el riesgo de que a la Auditoría Superior de la Federación se le sature de facultades que no le corresponden, entorpeciendo con ello su desempeño. Así lo advierte Juan Manuel Portal, titular de la ASF.
El contador público dice que, a pesar de que el nuevo sistema es un avance importante en el diseño del organismo fiscalizador, le preocupa que a la ASF se le quiera ver como una especie de “fiscal anticorrupción”.
Portal se dice preocupado porque han surgido voces que demandan que al organismo se le dote de facultades sancionatorias a fin de hacer más efectiva la atención a las irregularidades que detecta.
El auditor rechaza que la ASF sea responsable del combate a la corrupción.
“Nosotros lo que hacemos son auditorías, no es nuestra responsabilidad combatir la corrupción. Que sí tenemos una participación importante en la medida en la que vamos encontrando situaciones de debilidad, de desviaciones y de falta de moral, las hacemos ver y las denunciamos, pero no es nuestra responsabilidad”, insiste.
Portal indica que esta preocupación ya la hizo del conocimiento del Senado de la República a través de una serie de observaciones al primer documento de trabajo de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, dirigida por el senador del PVEM, Pablo Escudero.
Fuente: Revista R | Reforma
