La desafección política de la ciudadanía hacia los procesos electorales, no puede pasar desapercibida. No es sólo una pesada carga adversa a la contienda política, es per sé, un desafío para la integridad gubernamental.
La política es relevante cuando su cometido es la permanente búsqueda de la justicia y la reivindicación social. En nuestros días, esto sólo parece ser posible allí donde la democracia es una realidad política efectiva para la estabilidad social.
En este contexto, sociedad y Estado establecen vínculos de armonización que se erigen como columna vertebral del orden sistémico, donde para lograr el equilibrio de las expectativas sociales, y potenciar la construcción de estructuras políticas en el ejercicio de gobierno, impone superar el equívoco social de asumir que el Estado es una maquinaria asistencial proveedora de bienes y servicios públicos; o un imaginario de relaciones de poder vertical, donde la clase política manda, y el ciudadano obedece.
La clase política y los partidos como estructuras formales de poder al servicio de la sociedad, tiene la oportunidad de encausar la voz ciudadana y hacer de las necesidades sociales, el objeto central de la planeación democrática, porque de ello depende no sólo su permanencia en el poder, sino también la estabilidad y desarrollo humano, como derecho inalienable del pueblo.
En este escenario de crisis ¿cuáles son los aspectos neurálgicos que aquejan y lastiman a la sociedad?
La respuesta es contundente: es necesario que todos los actores políticos perciban objetivamente los factores estructurales que erosionan el bienestar de la sociedad y restan legitimidad al Estado.
Es menester crear institucionalmente, procesos de restauración política y social, para armonizar la demanda ciudadana respecto de su oferta política y condiciones de calidad democrática, que se traduzcan en respuestas de equilibrio y estabilidad ciudadana, desde la igualdad de oportunidades sociales.
Asimismo, se debe asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho; interiorizar las problemáticas de la ciudadanía; trascender las disposiciones estrictamente jurídicas y responder con una gestión pública basada en resultados.
Es necesario también, profundizar los lazos de una cultura política imperante, generando mecanismos políticos y administrativos que propicien la corresponsabilidad en la toma de decisiones entre sociedad política y sociedad civil, y crear mayores oportunidades de desarrollo humano, producto de una Concertación Progresista donde el consenso legitime el origen de toda decisión.
Además, resulta imperativo racionalizar las necesidades sociales y asegurar la simetría de oportunidades vinculadas a las metas-país, mediante la horizontalidad en la toma de decisiones.
En este sentido, la correlación entre política y legitimidad, es indudable. La responsabilidad electoral (accountability electoral), no sólo debe interesarse en la cronología de sus procesos. Su trazo, para tener sentido, debe dar respuestas a las demandas ciudadanas, ya que el riesgo político de no escucharlas, entenderlas y atenderlas, impone un quebranto para el ejercicio de gobierno y su legitimidad.
De esta forma, concluido el proceso electoral, la concreción de la responsabilidad institucional (accountability institucional), implica que la actividad y el ejercicio de gobierno, no puede ignorar el mandato de los ciudadanos que comprometieron su voto, en un acto de responsabilidad cívica hacia el Estado.
Partidos y candidatos deben refrendar su compromiso para que la planeación democrática fortalezca no sólo su carácter operativo, sino el sentido axiológico que de vigencia al principio de representatividad, que haga valer la voluntad ciudadana como voluntad soberana del Estado.
La lógica de este compromiso nace de la conciencia del ejercicio público, que aplica y redirecciona en la planeación democrática, la oferta política surgida del proceso electoral, porque no se puede construir un programa de gobierno, ni la edificación de políticas públicas, ni el ejercicio institucional, si no se amplían los márgenes de respuesta social y corresponsabilidad gubernamental.
El proceso electoral no puede ser un tímido esbozo de ofertas políticas reactivas de partidos y candidatos hacia la sociedad; debe ser un verdadero imaginario de acción política, que enfrente los riesgos sociales que han devenido de la crisis de representatividad, y de estructuras de gobierno anquilosadas e inoperantes.
Si la oferta política de esta contienda electoral se erige como conductora e intérprete de grandes anhelos de justicia social, y se traduce en la plena optimización de respuestas del ejercicio de gobierno a la ciudadanía; se habrá dado un salto cualitativo en la credibilidad social y recuperado la máxima virtud de la política: hacer de la voluntad ciudadana el mandato del quehacer público, de abajo hacia arriba.
La clase política debe repensar su rol histórico-social. No fue erigida desde un proceso electoral para tomar unilateralmente las decisiones del ejercicio de gobierno, sino para hacer operativa la voluntad del pueblo en esas decisiones.
La crisis del sistema de partidos debe ser razón suficiente para que la clase política se percate que su distanciamiento con la sociedad civil, es un riesgo mayúsculo del vacío político, y un despropósito en la preservación del equilibrio social, que permite inferir que cuando la política está en crisis, también lo está la sociedad.
No se puede permitir la anomia permanente del abstencionismo, siga siendo percibido sólo como un dato duro; debe ser entendido como la gota amarga que elección tras elección, impugna el proceder no sólo de partidos y candidatos, sino del ejercicio de gobierno.
¿Qué requieren hacer partidos y candidatos para evitar el riesgo de la desconfianza ciudadana en la política? Abrir una ventana de oportunidad y de porvenir social, fundado en la corresponsabilidad y ciudadanización del ejercicio de gobierno.
Mientras el ciudadano se considere ajeno al quehacer público, nada derribará la percepción de que la política es un monstruo social, que hoy amenaza con devorar a la ciudadanía.
Agenda
- Este 8 de marzo se conmemoró el 105 Aniversario del Día Internacional de la Mujer. Una lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo, al tiempo que la legislación electoral establece el principio de paridad de género para la postulación de candidatos.
- Se presentó ante el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas México (UNICEF), el Informe de Avances del Programa 10 x la Infancia, el cual refiere logros significativos en beneficio de niñas, niños y adolescentes hidalguenses.
- Un gran éxito resultó el Festival Bazareando, con la participación activa del Gobernador Olvera y su familia, el sábado en Huichapan. Agradezco la colaboración de la SEDECO, el ITESHu, CEMEX, el Gobierno Municipal de Huichapan y el IHCE.
- El CCCEH se sumó y participó en la primera Jornada Nacional de acopio de firmas para apoyar la iniciativa ciudadana #Ley3de3; Y yo, ya firmé.
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