A la espera de que el paquete de leyes anticorrupción termine su paseo parlamentario y baje definitivamente a tierra, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de supervisar las cuentas públicas mexicanas, ha vuelto a retratar uno de los agujeros más negros y profundos del Estado de Derecho mexicano. El 97% de las denuncias penales que la ASF ha presentado durante los últimos años se ha quedado en nada. De un total de 656, tan solo 19 han alcanzado los tribunales. El resto se encuentran atascadas, en su gran mayoría, en las manos de la fiscalía (PGR).
El Gobierno lanzó el año pasado junto el resto de grupos parlamentarios una reforma constitucional con la ambición de mejorar los mecanismos institucionales y taponar los huecos de la corrupción, que sólo en términos económicos le cuestan al país cerca del 10% del PIB.
Los escándalos por los presuntos conflictos de interés en la compra de lujosas viviendas que apuntaban directamente al presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aceleraron el ritmo de una reforma que no aparecía entre las primeras de la lista en la agenda del Pacto por México. Salvado el cambio del texto constitucional, al Sistema Nacional Anticorrupción aún le queda camino por delante. El plazo para la modificación del puñado de leyes federales y estatales que ha de redondear el nuevo diseño institucional está fijado como mínimo para 2018…
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