En Morelos, después de hacer una auditoría a la administración del ex gobernador Marco Antonio Adame Castillo (2006-2012) fueron detectadas irregularidades por 758 millones de pesos, según el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén.
De acuerdo al funcionario estatal, lo anterior corresponde a revisiones hechas por el Bufete de Consultoría Aplicada fueron 71 las observaciones realizadas, que provocó el inicio de una carpeta de investigación SC/01/3588/2013 por los delitos de Administración Fraudulenta, Incumplimiento de Funciones Públicas y Ejercicio Indebido de Funciones hacia ex servidores públicos estatales de la Secretaría de Hacienda.
De acuerdo al secretario de Gobierno en Morelos, Jorge Messeguer Guillén, la auditoría aplicada detectó diversas irregularidades particularmente en el caso de la contratación de la empresa “Monedero Universal”, a quien le fue pagada la ejecución del Programa de Armonización Contable, sin que realizara el trabajo correspondiente.
Por esa razón el gobierno estatal presentó el pasado 30 de marzo una denuncia penal contra quien resulte responsable, de la contratación de este servicio, por un monto de 159 millones 964 mil pesos, lo que consta en una carpeta de investigación en comento.
El gobierno de Graco Ramírez destacó que analiza la posible denuncia por la retención de impuestos a los trabajadores del Poder Ejecutivo estatal que no fueron reportados al IMSS, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el Impuesto Sobre a la Renta (ISR), y al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado por un monto total de 207 millones 809 mil 165 pesos, y presentados en el estado de Posición Financiera al 30 de septiembre de 2012.
“Los descuentos no fueron entregados a los proveedores de los trabajadores ni a las autoridades fiscales correspondientes, y hasta ahora se desconoce el destino o aplicación de esos recursos”, reveló.
En este sentido, aseguró que de 67 expedientes revisados por un importe de 175 mdp, en 63 se observó la falta de transparencia en la contratación de bienes y servicios, mediante procedimientos contrarios a la Ley de Adquisiciones.
Además, subrayó que con respecto al Fondo de Seguridad Pública, que se creó y sustentó del cinco por ciento de contratación de obra pública, hubo incumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, porque recaudó un monto de 96 mdp de los que 70 millones fueron transferidos a la cuenta concentradora del Gobierno del Estado, en septiembre de 2012 sin justificación.
Messeguer Guillén afirmó que la administración de Marco Antonio Adame Castillo sólo justificó el destino de 48 millones de pesos otorgados a organizaciones sociales por aprobación del Consejo de Seguridad Pública, como fue el caso del Observatorio Ciudadano, creado a petición de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex).
En cuanto a la deuda pública adquirida por mil 500 millones de pesos, cuyo propósito era financiar acciones productivas, fueron detectados otros pagos que no respondían al objetivo, además de irregularidades en procedimientos de la política de control interno que no se cambiaron a pesar de su mal funcionamiento y observaciones recurrentes, así como a la falta de control en el patrimonio estatal.
Jorge Messeguer aseguró que hay un desorden financiero en la administración de Marco Antonio Adame Castillo porque actualmente son 435 observaciones pendientes por solventar ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por tres mil 63 millones de pesos y no por mal manejo de los recursos, sino por la falta de claridad en el gasto realizado.
Publicado en La Crónica
