Siendo Comisionado del órgano garante del Derecho de Acceso a la Información en Tlaxcala (CAIPTLAX), un funcionario del gobierno local, allá por 2011, me preguntaba, que cómo se hablaba de avances en materia de transparencia en México y la percepción de la corrupción no disminuyera en el concierto internacional. Considero que esa es una de las preguntas más incómodas que los involucrados en el tema tenemos que responder y no eludir por llevar un comportamiento políticamente correcto.

He posteado en Facebook tal comentario y amablemente Transparencia Mexicana, me ha respondido compartiéndome un artículo de octubre de 2015 con el que demuestran que efectivamente, cito la cabeza con que titulan una ilustrativa y fehaciente gráfica: “Transparencia ya no es sinónimo de honestidad (y nunca lo fue).” En ella cruzan los resultados de la “Métrica de la Transparencia 2010” del CIDE y del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, elaborado por ellos mismos en ese mismo año, y lo que tenemos es que el rankeado en el primer lugar de aquella, el Distrito Federal (hoy con flamante nombre “Ciudad de México”) es el último lugar en éste.

¿Contradicción o paradoja? Ninguna de las dos, sencillamente se miden dos cuestiones distintas, pero que en nuestro proceso de democratización tortuosa están íntimamente relacionadas.

Dicho de una manera igual sencilla, avanzar en transparencia nos promete que a mediano y largo plazo se puede combatir eficazmente la corrupción. Pero eso, a mediano y largo plazo, no a corto, lamentablemente.

Y los resultados del “índice de percepción de la corrupción 2015” realizado por Transparencia Internacional entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), corroboran dramáticamente lo mencionado arriba. México, cosa que a nadie sorprende y parece que tampoco a nadie indigna, se ubica en el último lugar, por segundo año consecutivo, de los 34 países miembros evaluados.

Así lo hemos leído en los boletines de prensa y así ha circulado en redes sociales. Pero qué significa eso. Un amigo, filósofo de profesión, ha comentado en Facebook lo siguiente: “La verdad que esa cifra de la percepción de la corrupción no muestra resultados concretos. Dónde y a quién han procesado por corrupción?”

Comentario que considero nos obliga a identificar: uno, poco se entiende, entre los no habituados al tema, en qué consiste esa “percepción de la corrupción”; y dos una latente molestia con los casos de corrupción, porque no se necesitan tanto los números ya que el fenómenos es evidente hasta en el sentido común.

Ello es así, porque ocurre que en las redes sociales la gran mayoría se queda con los datos de la imagen posteada o tuiteada, pocos, diría muy pocos siquiera leen la nota completa y todavía una descomunal minoría lee, por ejemplo en este caso, el documento específico “Enfoque para México”, en resumen ejecutivo (14 páginas) al que nos remite.

Ahí se dice que “Se trata de un índice compuesto, integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción realizadas por diversas instituciones.” Se remiten a doce fuentes de datos distintas, de las cuales ocho se utilizaron para el caso mexicano.

O sea, difícilmente se le puede restar credibilidad al índice, que no señala otra cosa más que, “qué tan corruptos nos vemos” por decirlo así, esperando no caer en el simplismo.

Por eso es que, lo importante del estudio, según mi parecer y que nos debe poner en una situación de exigibilidad, son las siete recomendaciones que se hacen para México, de las cuales podemos quedarnos con dos:

Primero la que de buena fe plantea necesario “Avanzar en una agenda legislativa en anticorrupción que vaya más allá de las 2 leyes generales que señala la reforma constitucional (Ley de Responsabilidades y Ley del Sistema Nacional Anticorrupción). Transparencia Mexicana ha identificado más de 15 leyes que impactan en el control efectivo de la corrupción.”

Y segundo la demanda concreta de “Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.”

Las restantes cinco son igual de importantes, pero creo son estás dos las que prefiguran con toda crudeza el principal obstáculo que tenemos. La partidocracia encabezada por los partidos consolidados, o grandes, PRI, PAN y PRD, que en defensa de sus privilegios son los menos interesados en que el trabajo legislativo efectivamente se oriente hace ese avance.

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