La integración democrática de los poderes públicos en el proceso electoral de 2016, se encuentra sujeta a la vigencia de nuevos principios y criterios que ponen de manifiesto un hecho trascendente para la Nación, avanzar en la paridad política que permita concebir al ciudadano como un ser humano en igualdad de condiciones, más allá de raza, género, credo o ideología.

Alcanzar este objetivo, provoca un debate político que pretende superar la denegación de justicia, que en los hechos, históricamente significó la subrepresentación de las mujeres y deterioró la esencia del principio de igualdad constitucional y convencional, en detrimento de la legitimidad y los beneficios de construir una democracia afianzada en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y desde un enfoque pro-persona.

Esta condición motivó reformas a la ingeniería electoral que a nivel constitucional rebasan los criterios de las cuotas de género en la postulación de candidatas y candidatos de los partidos políticos y generan la obligación de materializar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres desde el principio de paridad, con un enfoque horizontal, vertical y sustantivo.

En cada entidad federativa, tratándose de elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y de ayuntamientos, la paridad horizontal, implica que debe haber igual número de candidatas y candidatos encabezando las fórmulas compuestas por el mismo género; mientras que la paridad vertical, funciona de acuerdo a la alternancia de géneros en las fórmulas de listas de representación proporcional de diputaciones y en las planillas para la elección de ayuntamientos.

El enfoque sustantivo de la paridad, rearticula las posibilidades efectivas para que cualquier candidato, no importando el género, pueda acceder a la representación popular. Ello implica que no se asignen exclusivamente a un género, aquellos distritos electorales y municipios donde el porcentaje de votación en los comicios anteriores fue desfavorable para el partido, ni simular cumplir las formalidades de los requisitos para postular paritariamente a los géneros.

En este contexto electoral, es necesario reflexionar sobre la oportunidad histórica que tiene el sistema político para abatir la discriminación lacerante de género y la inequidad de acceso al desarrollo y a la seguridad humana.

Al respecto, la reforma electoral otorga un nuevo sentido a la categoría de “género”, porque prescribe que es inadmisible que como construcción social, esté determinando roles, relaciones de desigualdad y grados diferenciados de empoderamiento entre mujeres y hombres en las estructuras sociales del Estado.

La condición de género no implica renunciar de antemano a la búsqueda de la igualdad en términos de la persona humana, ya que esta es una tarea cuya evolución traza la ruta hacia la igualdad sustantiva que marca un progreso significativo, aunque todavía insuficiente.

En este sentido, el Estado debe edificar y promover el diálogo de paridad entre los seres humanos y no sólo entre mujeres y hombres. Caer en el diálogo de sordos de lo que refieren unas y otros, es entrar en una competencia absurda, mientras que hablar del ser humano, es privilegiar una dimensión de horizontalidad y oportunidad social, hasta ahora subutilizada.

“… Las mujeres en este siglo están encabezando la revolución no violenta más importante de la humanidad…” fueron las palabras del Dr. Luis de la Barreda Solórzano, Director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, expresadas en el CCCEH durante la presentación de la obra, La Sociedad Mexicana y los Derechos Humanos.

Pero, ¿qué ha pasado en las estructuras gubernamentales y específicamente en los sistemas políticos con el rol de la mujer?

A nivel gubernamental y político, la presencia y horizontalidad de funciones entre hombres y mujeres, es precaria. La verticalidad de las relaciones sociopolíticas han creado condiciones tácitas y expresas de inequidad, lo que explica lo álgido de los debates de género y la textura de una lucha ciudadana, que aún no tiene las respuestas deseables para garantizar la paridad fundamental que demanda el tejido social.

Seguimos en presencia de una inequidad tanto de jure como de facto, donde a responsabilidades y funciones iguales entre mujeres y hombres, el pago y el trato suelen ser desiguales, menoscabando el valor humano de las mujeres.

Han sido los espacios de la competencia de mercado desde donde las mujeres abrieron oportunidades de desarrollo. Sin embargo, al recordar las grandes luchas obreras, pocas veces se hace mención a las trabajadoras que ofrendaron sus vidas para alcanzar el bienestar de sus familias y construir un mundo mejor.

Asimismo, resulta atroz pensar en nuestro país la realidad que viven las mujeres indígenas, que suelen experimentar tres tipos de discriminación o segregación social. Primero, por ser mujeres, cuestión que sufren en sus núcleos sociales y fuera de ellos, admitiéndose una aparente inferioridad genética; también, por ser indígenas, según prejuicios y estereotipos culturales de un orden civilizatorio ampliamente discriminador y, por último, por ser pobres, como condición de inferioridad de una competitividad subsumida y acotada a ponderaciones y valores inciertos, los pobres son pobres, porque son menos aptos o capaces que aquellos que no lo son.

El proceso electoral es una oportunidad y una responsabilidad para que partidos y candidatos, propicien el cambio de cultura política que exige la ciudadanía. 2016 debe ser el año en donde la clase política construya una verdadera alianza con la ciudadanía, que edifique el porvenir de una sociedad en equidad, y materialice el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres.

No podemos permitir un Estado de derrotados y triunfadores.

La racionalidad política y cultural del orden sistémico, debe generar una profunda revisión de los patrones sociales y los roles que desempeñamos.

Sin duda el Estado de Derecho, es la mejor prescripción normativa para asegurar la igualdad sustantiva del ser humano y para confirmar que la simetría social, emana de la razón cierta de que la patria no concede privilegios espurios, sino que garantiza la equidad y dignidad de todos sus hijos.

Agenda

• De gira por naciones árabes, el Presidente Peña Nieto promovió acuerdos e inversiones en petróleo y comercio que generarán una importante derrama económica para el país.
• Al término de esta gira, participó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde trató el tema de la equidad de género en las ocupaciones, en los aspectos de distribución, equidad de retribución y espacios de decisión, lo que ha llegado a ser calificado como la “cuarta revolución industrial“.
• La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la Reforma Política del Distrito Federal (DF), con lo cual se convierte en la Ciudad de México (CDMX)

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