Dicha legislación otorga al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado la facultad de aducir motivos de seguridad estatal para interponer recursos contra las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia local.

“No se apegó a los términos de la Constitución y de la Ley General (de Transparencia), ya que crea como excepción al derecho a la información el concepto de seguridad estatal”, dijo el Director General de Asuntos Jurídicos del INAI, Pablo Francisco Muñoz Díaz.

La impugnación a la ley tabasqueña fue aprobada por el pleno del INAI en sesión extraordinaria.

Muñoz Díaz expuso ante el Pleno los argumentos jurídicos que esgrimirá el INAI en su acción de inconstitucionalidad.

En los mismos advirtió que bajo el concepto de seguridad estatal la ley tabasqueña faculta a los sujetos obligados a negar información pública, limitando así la garantía de acceso a la información reconocida en la Constitución.

A pesar de que la Carta Magna prevé que los institutos locales también tienen la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes expedidas por sus legislaturas que contravengan los principios de transparencia y protección de datos personales, el organismo de Tabasco no ha promovido ningún recurso.