Por: Ricardo Luévano (@rickluev)
El 2015 fue un año de cambios en las y los tomadores de decisiones de la función pública, que han inclinado la balanza del lado de los partidos políticos y han segregado la inclusión de perfiles ciudadanos en los órdenes federal y estatal, así como en diversas instituciones de gobierno y organismos autónomos. Los procesos de designación este año en general no tomaron en cuenta el apartidismo, la experiencia, la probidad, las cuotas de género, la máxima publicidad del proceso, o no incluyeron observadores independientes o instrumentos técnicos de medición para garantizar la independencia y la progresividad de los criterios que enmarcan el arbitrario e impune rumbo del país.
En las designaciones del 2015 hay ejemplos que nos muestran la tolerancia, o en el peor de los casos, la indiferencia a integrar dentro de los organismos autónomos, los centros nacionales de educación o el máximo tribunal constitucional, perfiles que puedan guiar la encomienda hacia un estado de derecho o impulsar la cultura de la legalidad.
Aún en el conocido contexto nacional y frente a los numerosos señalamientos internacionales sobre violaciones graves a derechos humanos, tortura generalizada, fosas clandestinas y masacres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas creada para diseñar políticas públicas y reparar el daño en la materia, se mantiene con un pleno de cuatro personas (deben ser siete) ante la indiferencia del Ejecutivo y la tolerancia del Senado, con la prueba de que aquellos espacios ciudadanos no estratégicos para la política nacional son elefantes blancos montados en espacios estériles de inacción.
En marzo de este año fue elegido Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un perfil impresentable por su trayectoria en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y como secretario de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón. Aún cuando hubo manifestaciones públicas en contra de su designación y un largo historial de acciones (Atenco, el “Michoacanazo”, la Operación Limpieza y los casos de Teresa, Alberta y Jacinta) que señalaban su incapacidad para el cargo, fue votado por el Senado con 83 votos a favor –y la ausencia de Armando Ríos Piter y Mario Delgado. Un proceso cerrado con la única intención y aval de nuestros representantes por aquel perfil que ocultara el uso ilegítimo de la fuerza.
En noviembre la SCJN dio la bienvenida también a Norma Lucía Piña Hernández[1] y a Javier Laynez Potisek[2] perfiles cercanos al poder gubernamental y considerados idóneos por el Senado, aún cuando la sociedad civil exigió que las ternas fueran rechazadas por la parcialidad de sus trayectorias con los partidos. El Senado convocó a un foro de sociedad civil y concluyó con comparecencias de cuatro horas en las que sólo Martha Tagle y Layda Sansores insistieron en la simulación del proceso, que denostaba las verdaderas intenciones de considerar a ambos perfiles como fichas de cambio y acuerdos entre partidos. Incluso se confirmó que ambos, ahora ministros, habían sido acordados mucho antes de iniciar el proceso. Sin ninguna sorpresa la Comisión de Justicia privilegió la opacidad al no motivar qué suponía la idoneidad de las ternas, ante la evidencia de la falta de conocimiento en numerosas materias del derecho y casos prácticos de conocimiento público[3].
Por el lado académico, el puma es macho y hay evidencia. Para ser rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hay que ser hombre. En noviembre fue designado por una junta de 15 notables (sin que uno estuviera presente) Enrique Graue Wiechers, médico con experiencia, y sin relaciones notables con el entorno político. Sin embargo, hubo una limitada consulta y un proceso a puerta cerrada que impidió la motivación de la idoneidad del perfil, como nuevo archivo de opacidad y falta de fundamentación ante un cuerpo estudiantil que ambicionaba transparencia e información sobre el proceso. La UNAM tiene una deuda decimonónica y un ultraje patriarcal con el cual numerosos académicos están contentos ¿Qué opina el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG)?
En los estados de la República los nombramientos de las y los comisionados de transparencia en Oaxaca, Yucatán, Sinaloa y Baja California demuestran también la incapacidad de los congresos locales para integrar actores ciudadanos que no se utilicen como mecanismos simulados de participación. En Yucatán se realizó la designación de María Eugenia Sansores Ruz en menos de una semana sin considerar consulta alguna. En Baja California el grupo de acompañamiento para la selección del pleno se conformó en su mayoría por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que es un sindicato patronal de afiliación voluntaria y que aglutina empresarios en diversos sectores; el daño fue evidente pues impidieron que se atendiera al principio de máxima publicidad al designar a puerta cerrada y llegar al grado de sacar a la prensa de las comparecencias. En Sinaloa el dictamen de las comisiones unidas sobre la designación fue público hasta el día de la votación, y aunque consideraron un grupo de observadores de sociedad civil no integraron sus opiniones o tomaron en cuenta sus solicitudes. En el caso de Oaxaca, fue nombrado Francisco Javier Álvarez Figueroa, ex subsecretario de Transparencia y Participación Social en la Secretaría de la Contraloría y Transparencia del gobierno del estado, y señalado por numerosos medios como el candidato del ejecutivo estatal. Designaciones opacas respecto a los nuevos estándares de la Ley General de Transparencia.
Las designaciones dependen de un proceso transparente, inclusión con perspectiva de género, una amplia consulta, máxima publicidad, instrumentos de medición y grupos de notables en forma de observadores. Por su parte los perfiles deben beneficiar la inclusión de las mujeres, tener la probidad necesaria, integrar a actores ciudadanos, contar con una amplia experiencia en la materia y de ninguna forma haber sido señalados por su participación directa o indirecta en violaciones graves a derechos humanos. Todo lo demás es simulación y un retroceso en la posibilidad de generar contrapesos y la inclusión de las y los más aptos para fortalecer el Estado de derecho.
* Ricardo Luévano es Oficial Adjunto del programa de Derecho a la Información de @article19mex.
[1] En el caso de Norma Piña su participación en el proceso para la elección de Ministros en 2012, y de Consejero de la Judicatura de 2014, llamó la atención por el rechazo a ambos cargos, sustentado en su falta de conocimiento en la materia. En su comparecencia al cuestionarla sobre las observaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, en el que señaló que la tortura es una práctica generalizada en México para la obtención de confesiones, contestó: “Este criterio del Comité se sustentó en estadísticas y documentos, yo no puedo cuestionar los resultados del Comité. No puedo opinar si es verídico o no (…) Sin embargo, considero que sí se están llevando a cabo diversas políticas y estrategias para tratar de corregir esa situación”. Lo que llamó la atención de diversos actores e impartidores de justicia, por no reconocer un hecho tan evidente y demostrado en casi cualquier estado del país.
[2] Javier Laynez Potisek fue presentado por Felipe Calderón como candidato a juez de la Corte Penal Internacional (CPI) en 2011, y fue rechazado por su poca experiencia como fiscal o juez. Su postulación a la CPI abunda que Laynez Potisek representó al Estado mexicano en el caso Rosendo Radilla Pacheco, por desaparición forzada en la llamada “guerra sucia”, es decir, que defendió al Estado contra las víctimas. Esta información se puede constatar en el “Statement of qualifications” de la Corte Penal Internacional.
[3] Por ejemplo, el principio pro persona, el caso Radilla, el uso de la marihuana, los casos de Carmen Aristegui y Lydia Cacho, y la jerarquía de la Constitución y los Tratados Internacionales según la SCJN.
Fuente: Animal Político
