Analistas y defensores de Derechos Humanos criticaron el cinismo y el derroche de los funcionarios públicos que se llevarán hasta medio millón de pesos de aguinaldo.

“Los legisladores deberían ser más solidarios y menos abusivos con sus aguinaldos”, afirmó Clara Jusidman, presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide).

La activista criticó los abultados montos que cada legislador tendrá para fin de año: 239 mil pesos que equivalen a 40 días por cada uno de los 128 senadores, y más de 46 mil pesos en el caso de los 500 diputados, quienes tomaron posesión en septiembre.

Como ha informado REFORMA, en el caso del secretario del Senado, su aguinaldo será de 144 días, es decir 563 mil 896 pesos; y en el del secretario de la Cámara, de 400 mil 948 pesos o 79 días, siempre libres de impuestos.

“Evidentemente hay abusos. No es posible que estén recibiendo hasta medio millón de aguinaldos cuando un trabajador recibe 15 días, algunos pueden recibir hasta un mes, pero no los 80 que llega a recibir alguien del servicio público”, dijo Jusidman.

Ayer en San Lázaro los diputados justificaron los montos porque, afirmaron, así está previsto en la ley. Sin embargo, la presidenta de Incide señaló el humor negro: ellos mismos son quienes aprueban las leyes.

“Me parece que uno de los poderes que están menos sujetos al escrutinio y a la transparencia y a tener contrapesos es el Poder Legislativo; está capturado por los partidos políticos y todo lo que tiene que ver con asignarse a sí mismos montos y presupuestos millonarios”, expresó.

Jusidman recordó los 20 millones contemplados en el Presupuesto de Egresos de 2016 -aprobado por los mismos diputados- para que cada legislador los pueda asignar por su cuenta para proyectos de infraestructura.

“El tema de fondo es que no hay contrapeso al Poder Legislativo y ellos hacen lo que se les da su regalada gana”, aseveró.

El derroche fue criticado además por el investigador Sergio Aguayo, integrante de la asociación civil Alianza Cívica.

“La clase política mexicana ha sido afectada por una epidemia del síndrome de María Antonieta (la reina de Francia que primero se burló de los pobres de Paris y después encaneció la noche antes de que la decapitaran). Niegan la realidad y son incapaces de percibir la rabia que crece día a día entre una ciudadanía harta de sus dispendios y su cinismo”, sostuvo Aguayo.

La directora general de México Evalúa, un centro enfocado al análisis de Políticas Públicas, Edna Jaime, criticó que en un tiempo de casi nulo crecimiento económico, los servidores públicos se autodespachen a manos llenas.

“Yo no estoy en desacuerdo en que los servidores públicos tengan un sueldo competitivo para que ahí estén los mejores, pero lo que sí me parece grave es que en un tiempo tan complicado no estemos tomando medidas que debieran ser de austeridad”, aseveró.

Edna Jaime recordó que los presupuestos en áreas como salud, cultura o educación se están recortando, mientras los funcionarios continúan con sus muy altas prebendas.

El Presidente Enrique Peña Nieto se llevará 61 días de aguinaldo, esto es 425 mil 478 pesos, y el presidente del Senado, el panista Roberto Gil, 234 mil 330, que equivalen a 59 días de salario.

Otro asunto grave, dijo la directora de México Evalúa, es que el País no cuenta con indicadores de desempeño.

“No tenemos mecanismos técnicos para conocer su productividad y para saber su contribución al País”, afirmó.

Por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas, consideró que hechos como los pagos excesivos de aguinaldo han provocado la separación entre el gobierno y el electorado.

“En algunos de los estudios de Imco hemos detectado que 7 de cada 10 electores mexicanos no se sienten representados por sus legisladores, y que más del 80 por ciento considera al Congreso mexicano como una institución corrupta”, comentó.

Guadarrama calificó como “una excusa bastante irracional” que, para cobrar miles de pesos de aguinaldo, los legisladores se amparen en lo que dice la ley, aprobada por ellos mismos.

“Nuestros legisladores, y en general la clase política mexicana, sigue viendo al poder como un asunto patrimonialista; piensan que adquiriendo el poder van a allegarse de recursos, prebendas y privilegios”, afirmó.

Fuente: Reforma