La CONAGO ha sentado un precedente al acordar que los gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, asuman la obligatoriedad de presentar la declaración de “conflicto de interés”, cuestión acertada que también deberán cumplir los integrantes de los Ayuntamientos y Jefes Delegacionales.
Esta lógica de probidad incide en el ejercicio administrativo del quehacer público, en la estabilidad política del sistema y en los procesos electorales que estamos por vivir en 13 Entidades Federativas, entre ellas el estado de Hidalgo.
Esta medida de la CONAGO es plausible frente a la crisis de estructuras disfuncionales y ante los efectos de conductas antiéticas de servidores públicos, que conmocionan al tejido social. Subyace en esta realidad el uso indebido del poder político y las corruptelas que quebrantan el mandato ciudadano ante un papel desviado de la función pública, obstruyen el justo proceder y desenvolvimiento de la sociedad.
En este escenario, Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), ante la necesidad de probidad en el servicio público ha señalado que, “Todas las entidades de la República van a seguir un mismo camino, y es un camino marcado por la obligación de que haya declaración de conflicto de interés, reglas de integridad y al mismo tiempo simplificación de trámites.”
Estas obligaciones se erigen como una frontera ante la corrupción e impunidad, producto de las anomias del poder público, que ha generado una cultura de la corrupción que debe ser tema de la Agenda Política Nacional.
La implementación de esta Agenda debe contemplar como principios irrestrictos de la función pública, la obligatoriedad de transparentar los actos donde pueda existir controversia de interés o de un ejercicio indebido del quehacer público.
El momento político presenta la oportunidad para exigir reglas de integridad pública que permeen a toda la administración del Estado, e incidan particularmente sobre la responsabilidad del sistema de partidos en los procesos electorales, ya que de ellos emergen los candidatos que habrán de conformar los cuadros de servidores públicos.
Los partidos políticos deben establecer un procedimiento para seleccionar a sus candidatos, y evaluar con objetividad, certeza, profesionalismo y legitimidad los mejores perfiles para evitar las cuotas y “los cuates”.
No basta que los partidos políticos sean sujetos obligados de transparencia. Es necesario que visibilicen las trayectorias y honorabilidad de sus candidatos y asuman el compromiso de que su responsabilidad política no concluye, ni se disocia una vez que toman posesión de sus encargos.
El eslabón que hace falta fortalecer, sustentar y promover es la simplificación de trámites administrativos, que evite la mediación del servicio público que predispone a los usuarios ciudadanos a ciertas prácticas de corrupción. La medida es clara: sin mediación, no hay corrupción.
Esta coyuntura es una oportunidad para desterrar la corrupción, que lamentablemente ha sido naturalizada por la sociedad que la acepta como intercambio clientelar entre servidores públicos y usuarios ciudadanos, que a “vox populi” se plasma en la frase, “quien no transa, no avanza”, cuestión que debe ser invertida por “quien transa, no avanza”. De esta manera se podrá recobrar la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones.
Esta percepción social se enfatiza en la declaración expresada por la OCDE al admitir que México ha “institucionalizado la corrupción”, obstaculizando los procesos democráticos y de corresponsabilidad de la sociedad civil en la toma de decisiones del Estado.
Esta realidad es evidencia de la fragilidad de una democracia incompleta, que a nivel electoral, históricamente ha causado la autoexclusión o abstencionismo en los procesos electorales, gestando un síndrome de legitimidad abortada; ingobernabilidad; y descrédito de una clase política, que convertido en una élite distante, deteriora la gobernanza activa.
Las secuelas de la erosión de la probidad pública son devastadoras. La crisis de la partidocracia, la pérdida de credibilidad y confianza institucional, la precaria calidad de vida y de las estructuras económicas, el inmovilismo ciudadano y la supresión de la conciencia social, son sólo algunos síntomas de esta descomposición sistémica, que marcan los retos de los partidos políticos para salvaguardar y custodiar el proceso electoral, e impedir que la corrupción provoque una crisis democrática, en la que el tejido social sufre las consecuencias.
Frente a los próximos procesos electorales, no se pueden minimizar los problemas de la carencia de probidad pública, máxime cuando se han instrumentado nuevas categorías como las candidaturas sin partido, el plebiscito y el referéndum, antítesis de la funcionalidad del sistema de partidos, y en el fondo, de la democracia representativa, que no sólo es impugnada porque ha desatado fuerzas políticas de poderes fácticos y sinergias sociales, que habrán de incidir en las estructuras de corresponsabilidad institucional en años venideros.
¿Cómo se puede aspirar a una democracia de resultados, cuando organismos públicos como el INE y los partidos políticos, no ciudadanizan sus estructuras, sus procesos y su funcionalidad, ni establecen vínculos ciertos de lealtad y probidad pública?
Ante una impostergable reestructuración política, el INE se muestra incongruente, anacrónico y rezagado en materia de educación cívica y participación ciudadana, del voto a distancia, participación de núcleos indígenas, control financiero de los partidos políticos, tecnología en sondeos de opinión, recabo de información y georreferenciación política…Hasta ahora, su papel ha sido cuasi contemplativo y definitivamente, un nuevo edificio sede, no es la solución a un entuerto de esta magnitud.
Mientras la corrupción e impunidad constituyan problemas consustanciales al déficit de corresponsabilidad política del tejido social, los procesos de selección de candidatos deberán marcar un antes y un después en la constitución de los órganos del poder público. De lo contrario, la trayectoria de la probidad de los servidores del Estado no podrá ser la hoja de conciencia que pueda ser vista por todos.
La fuerza unitaria de la democracia estriba en que es un régimen esencialmente ciudadano. Es tiempo que las instituciones públicas también lo sean.
Agenda
- Se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, es lamentable que se haya conservado el mecanismo que impiden la plena probidad y transparencia de las asignaciones directas hechas por los diputados.
- En un proceso deliberativo incluyente, la Secretaría de Gobierno organizó el Foro para conformar el Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, cuyo impacto social será determinante en la manera de comprender la función pública hasta ahora ejercida.
- Condeno los actos terroristas sin precedentes en París, Francia, que al atentar contra las libertades individuales y colectivas sin duda transformarán las relaciones internacionales. La cumbre del G20 en Turquía deberá abordar de forma contundente el combate al terrorismo.
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