El vínculo jurídico que atribuye derechos y obligaciones a los candidatos con y sin partido político para custodiar el ejercicio institucional y la gobernabilidad democrática, es precario para salvaguardar el cumplimiento de su responsabilidad frente a la Nación.
Esto, más el descrédito de una sociedad que se siente engañada, obliga a revisar las estructuras de un sistema político a la zaga en la conducción social, por su incapacidad de disminuir asimetrías, ineptitud para generar oportunidades y propenso a provocar frecuentes desencuentros con una sociedad civil, que dicho sea de paso, ya no tiene una venda en los ojos y exige probidad pública, integridad y rectitud de candidatos e instituciones en el ejercicio del poder.
La sociedad conoce mejor las responsabilidades que tienen los servidores públicos, las prácticas de gobierno abierto, los nuevos sistemas de transparencia y anticorrupción y la obligación de rendir cuentas. Asimismo, entiende la importancia de los medios electrónicos, y usa intensamente las redes sociales.
Partidos políticos y candidatos constituyen una fuerza monolítica para la Nación. Son actores estratégicos que disponen de poder político, no sólo para la toma de decisiones del Estado, sino para el encausamiento social entre los poderes formales y reales. Función que han dejado de cumplir, al ubicarse como élites cuyo nepotismo quebranta la voluntad del pueblo.
Ante esta problemática, el Presidente Peña Nieto, desde la Conferencia Anual de Municipios de México, hizo un llamado a los órdenes de gobierno a comprometer sus esfuerzos en la tarea de construir un país de oportunidades, justicia y respuesta social, arguyendo, “lo que no se vale, lo que no es admisible para el orden, particularmente municipal, es evadir la tarea, pretextando no tener suficientes recursos, no tener suficientes capacidades, y a veces, hasta ‘nadar de muertito’, y dejar que esta tarea vengan a hacerla otros.”
Esta reflexión del Presidente resulta orientadora frente al próximo proceso electoral en el que se renovarán los Ayuntamientos de los 84 municipios del Estado de Hidalgo, a la que habrá que sumarle la necesaria consolidación y fortalecimiento de mecanismos de control del ejercicio gubernamental.
Quienes aspiren a ser candidatos, deben comprometer avances democráticos que fortalezcan los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas (accountability), y hacer que desde el poder ciudadano se exija plena responsabilidad política a los servidores públicos.
En este contexto, el municipio como célula básica de la organización política y administrativa del Estado, tiene la responsabilidad directa e ineludible de privilegiar el mandato ciudadano y ser entidad operativa de las necesidades sociales. No puede ignorar la voluntad del pueblo ni dejarla en un segundo plano. La microfísica de su poder radica en un ejercicio de gobierno sostenible y ciudadanizado, y en lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, comprometido durante su gestión.
Las tareas incumplidas, lastiman a la ciudadanía porque vulneran su confianza y deterioran el patrimonio público; los índices de credibilidad que priman respecto a los alcaldes, vulneran la voluntad de los ciudadanos, al ignorar que el ejercicio de gobierno es un bien público, y que la gobernabilidad democrática estriba en la corresponsabilidad horizontal de las acciones, y no en la verticalidad que niega la participación y deliberación ciudadana en el cabildo.
Admitimos que ninguna institución política es un orden perfecto, como tampoco lo es el municipio, pero la ciudadanía exige que se cumplan como mínimo los objetivos programáticos comprometidos en su planeación. Ello no es cuestión de voluntad política, sino de eficiencia administrativa y observancia de la ley. No puede existir una administración pública eficiente, cuando no se cultivan las condiciones para hacer efectiva la participación ciudadana en el quehacer público.
En este contexto, es pertinente preguntarnos si actualmente los municipios han alcanzado un piso mínimo de condiciones que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos como los civiles, políticos, sociales, económicos, ambientales, de la información, de la cultura, etc., que sustenten la confianza y credibilidad ciudadana, acreditando eficiencia y calidad administrativa en obras y no en buenas razones que expliquen el incumplimiento del mandato ciudadano.
El ejercicio del poder público, no admite espacios para la opacidad ni para la simulación. Se impone fortalecer los controles políticos y gubernamentales. La visibilidad del ejercicio público y su probidad, exigen como compromiso a los candidatos con o sin partido político, entereza y responsabilidad; cumplir su oferta programática; transparentar la limpieza de sus trayectorias; su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses; y acreditar experiencia probada en la gestión pública, para evitar arribismos, oportunismos e impericias.
Asimismo, los ciudadanos deben comprender que es necesario consolidar el desarrollo democrático y político para defender la concreción y conducción de su voluntad, tarea en la que el INE como actor consustancial, no debe seguir siendo una institución contemplativa, ni restringir su actuación a la custodia de los procesos electorales; su responsabilidad debe ser el bastión de la civilidad política, que encauce la conciencia del poder ciudadano frente al poder público desde la dimensión de la salvaguarda electoral.
No es admisible la criminalidad en la que algunos servidores públicos han caído, porque provoca el ostracismo ciudadano y desvirtúa el valor de la democracia, la reduce a proteger corruptelas, violenta el Estado de Derecho y menoscaba la credibilidad y la confianza en las instituciones.
Es impostergable “democratizar nuestra democracia”. Ello implica limpiar la conciencia de la casa que la hospeda. Sin partidos políticos no hay democracia, pero los requerimos representativos, para ser interlocutores legítimos que válidamente encausen los intereses y la voluntad del pueblo.
Debe restaurarse la moral pública y fundarla en la corresponsabilidad del poder de la ciudadanía, para hacer que la política no deje al garete el quehacer público, sino lo vincule a la voluntad instrumental de una democracia sin peros, sin adjetivos, donde la voz del pueblo, no sea el eco que languidece en una tierra donde la justicia social es privilegio de unos cuantos.
Agenda
- La SCJN resolvió juicio a favor de miembros de SMART-MUCD, reconociendo que forma parte del derecho a la libre determinación de la personalidad, el consumo de marihuana, abriendo el debate nacional sobre la regulación de esta y otras drogas.
- Raúl Castro, Presidente cubano, visitó oficialmente Mérida, para relanzar las relaciones con nuestro país con acuerdos económicos, migratorios, turísticos, educativos y de apoyo al campo.
- En la CONAGO, los 31 gobernadores del País y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, convinieron presentar de manera obligatoria su declaración de posible conflicto de interés y generar reglas de integridad y comités de ética en las entidades del País.
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