En el acelerado primer año de la alternancia en Oaxaca, las altas expectativas creadas para que ésta se convirtiera en una transición democrática se han visto frustradas. Las inercias autoritarias, la antidemocrática cultura política de los distintos actores de la escena oaxaqueña, han devenido en un sui géneris bonapartismo, alentado por los otrora principales impulsores del cambio político.
Las élites y grupos de poder ahora en el gobierno, los partidos políticos y distintas organizaciones sociales, han visto en el nuevo régimen una oportunidad para repartirse cuotas y cotos de poder, antes que sentar las bases institucionales que permitan construir un entramado normativo democrático.
En parte ello explica que el gran cambio constitucional prometido, se convirtiera en una importante, pero insuficiente reforma que sólo trata algunos aspectos de la relación entre poderes. Que, además, no se ha aterrizado en la legislación secundaria y, más grave aún, es contrariada cotidianamente por la práctica política que reproduce vicios del antiguo régimen, y en la que los nuevos protagonistas de la vida pública: gobernantes, líderes partidarios, diputados, asumen como propios los mecanismos autoritarios contra los que antes luchaban.
Los estudios de la transición (una excelente compilación puede verse en Después de la alternancia: elecciones y nueva competitividad, coordinado por Víctor Alejando Espinoza y Luis Miguel Rionda; UAM, 2005) marcan que ésta requiere tres fases: 1) La destitución autoritaria: cómo lograr que lo viejo (y malo, se entiende) se vaya en definitiva; 2) Instauración democrática, cómo se sientan las bases para transitar hacia esquemas democráticos y, 3) Que la democracia, sus reglas y su práctica, se consolide.
En Oaxaca se han dado pasos dubitativos entre el primero y segundo punto. Está visto que en muchas áreas la destitución ha sido plena, para luego tornarse en una regresión al reincorporar a los agentes del antiguo régimen y asumir en éste las prácticas autoritarias.
Las fases para transitar a la democracia están lejos de ser lineales o consecutivas. Son procesos paralelos. Por ello, a la par de desmantelar las estructuras del viejo régimen, debe realizarse el rediseño institucional y legislativo; esto es, establecer nuevas reglas del juego y practicar nuevos procedimientos políticos democráticos. Varios factores inciden en que esto ocurra o no y en la rapidez o lentitud de su implementación.
Con sus limitaciones, la reforma constitucional de abril fue un primer paso. Que quedó corto, particularmente por el despropósito propagandístico con el que se acompañó, que contrastó con los temas que no se consideraron: la reforma indígena, la municipal, la perspectiva de género y la político-electoral. En la legislación secundaria tampoco se han aterrizado plenamente, salvo excepciones, los cambios dictados por la reforma constitucional, mucho menos se ha avanzado en otros ordenamientos que requieren modificaciones para hacerlas acordes con la realidad actual.
Y, como manejan los estudiosos de estos procesos, la transición no se puede concretar sin una reforma político-electoral de fondo. Este es uno de los múltiples pendientes que tiene el Congreso local, pero cuya responsabilidad en su propuesta, discusión y generación del nuevo corpus normativo, corresponde a las instituciones, a los partidos políticos, a la sociedad civil, al movimiento indígena, los medios de comunicación y la academia.
Sin la concurrencia de estos actores, podrá generarse una nueva legislación, que sea mero continuismo reformista, sin entrar al debate profundo de los temas nodales. Esto es, la aplicación tan conocida en Oaxaca de la política del gatopardismo: cambiar para que todo siga igual.
En la legislatura local se han presentado diversas propuestas por las distintas fracciones parlamentarias y consejeros del instituto electoral, aunado a un acumulado histórico de propuestas de la sociedad civil. Ello habla de la importancia del tema, pero también de un sinfín de intereses que giran en torno al mismo. No es menor el asunto, la democracia pasa por tener reglas claras, procesos transparentes y un árbitro autónomo, fortalecido, profesional y ciudadanizado.
Y en la desconfianza construida históricamente todos dudan de todos. Una situación que conlleva la tentación autoritaria de la nueva correlación de fuerzas en Oaxaca. Si antes un partido era hegemónico y controlaba sin miramientos el órgano electoral; e incluso a él se sometían representantes y actores de otras siglas partidarias, llega el tiempo de revancha: los antes excluidos (o interesadamente cómplices) buscan ahora maniatar a su favor a la institución encargada de los procesos electorales y de participación ciudadana. La impronta de considerar a las instituciones adversarias o cómplices, es por supuesto una visión simplista y profundamente antidemocrática.
En el fondo se encuentra una legislación que privilegia los intereses partidarios sobre los ciudadanos. Además, el entramado jurídico, diseñado para un régimen de partido hegemónico, es una camisa de fuerza para la pluralidad actual. Y las tensiones así lo demuestran en las iniciativas legislativas presentadas que son contradictorias: desde aquellas que buscan quitar a las fracciones parlamentarias el monopolio para el acceso al Consejo del IEEPC, proponiendo que sean organismos civiles e instituciones académicas los que presenten las candidaturas; hasta otras francamente regresivas que pretenden su mayor partidización, en una franca afrenta a su esencia ciudadana.
La ciudadanización del órgano electoral no es un asunto venial. Hace unas semanas el Tribunal Federal Electoral (resolución SUPRAP591/2011 y acumulado), reivindica el proceso histórico que condujo al mismo y refrenda el mandato constitucional que lo sustenta.
Es por ello indispensable e ineludible que la reforma electoral oaxaqueña derive de un amplio y profundo proceso de reflexión y debate entre fracciones parlamentarias, partidos políticos, sociedad civil e instituciones. La pertinencia de este esquema ya fue mostrado en la discusión de la Ley de Derechos Humanos, en que se formó un grupo interinstitucional y con la participación de organismos civiles.
Un ejercicio cupular, de sólo las fracciones parlamentarias o los partidos políticos, derivaría, paradójicamente en el tema que nos ocupa, en un ejercicio antidemocrático. Las tentaciones autoritarias derivarían en altos costos para todos: partidos, legisladores, instituciones y, por supuesto, la sociedad oaxaqueña. Sin embargo, los escenarios han cambiado. La sociedad y la opinión pública se encuentran atentas a los intentos retrógrados. Evitar cualquier intento de regresión, es tarea y responsabilidad de todos.
Twitter: @victorleonelj
