• El país tiene una posición relativamente baja en términos de indicadores de gobernabilidad relacionados con el estado de derecho y el control de la corrupción.
  • Convocan p la Red por la Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior de la Federación, el CIDE, el INAI, Fundación Ebert y el InfoDF, el Seminario “Responsabilidad pública y rendición de cuentas: Una exigencia democrática” se llevará a cabo el 13 de octubre en el hotel Hyatt Regency de la Ciudad de México.
  • El eje del Seminario será analizar propuestas que nos permitan mejorar los mecanismos de control y la exigencia de responsabilidades en sociedades complejas como la mexicana.

La reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) plantea una serie de retos que requieren cumplir con una agenda de leyes reglamentarias y con nuevas dinámicas institucionales que modifiquen las rutinas y hagan posible la materialización de estos cambios a favor del combate a la corrupción..

Una de las más importantes es la Ley General de Responsabilidades , que debe brindar certezas para evitar que funcionarios y particulares incurran en actos ilícitos, y que además garantice, que haya consecuencias por los actos indebidos. Las premisas en las que debiera sustentarse este marco normativo son no solamente que la corrupción en general es un problema de redes entre funcionarios públicos, particulares, sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos entre otros; que esas redes son posibles por la falta de controles efectivos en el actuar de instituciones, funcionarios y otros actores y que México no cuenta, como otros países, con mecanismos para incentivar la denuncia ciudadana y la vigilancia social:

“En México no tenemos ningún incentivo para denunciar actos de corrupción porque no existe la suficiente confianza institucional ni los canales correctos para que estas denuncias se conviertan en acciones concretas contra los involucrados”, destacó Lourdes Morales, Directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas.

En general, diversas mediciones sobre corrupción colocan mal al país. Sólo en febrero pasado, la agencia calificadora Fitch Ratings señaló que el país tiene una posición relativamente baja en términos de indicadores de gobernabilidad relacionados con el estado de derecho y el control de la corrupción. Escándalos de corrupción de alto perfil y la continua violencia parecen haber reducido la confianza doméstica y resaltan algunas debilidades institucionales de México.

El Semáforo Económico Nacional 2014, incluso señaló que la corrupción ha generado una pérdida de 2% en el crecimiento del PIB, en tanto que los empresarios han dejado de invertir en la medida que aumentan la percepción y los costos de la corrupción.

Según el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, en nuestro país sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados y se refieren, en la inmensa mayoría, a actos cometidos por mandos inferiores o por el indebido cumplimiento de los plazos en la declaración patrimonial.

“En este país donde nadie se hace responsable por los actos de corrupción, es necesario establecer mecanismos claros para controlar y exigir consecuencias a quienes participan en estas redes tanto en el sistema público como en el privado”, consideró Morales.

Lamentablemente, puntualizó, las diversas modificaciones legislativas no son suficientes porque, aunque exista un nivel normativo que dicte las reglas, existen dinámicas institucionales así como comportamientos que toma tiempo modificar para que se traduzcan en nuevas rutinas.

En este sentido, consideró necesario establecer condiciones que ayuden a traducir estos cambios y que además haya consecuencias frente a los comportamientos deshonestos así como motivaciones para denunciar y evitar actos corruptos.

“Muchas personas creen que el tema de la responsabilidad es una temática alejada a la cotidianeidad social, sin embargo, para lograr servicios y programas públicos de calidad, es necesario establecer responsabilidades que combatan la corrupción, elemento que no permite este avance institucional y social”, afirmó.

El 5° Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas “Responsabilidad pública y rendición de cuentas: Una exigencia democrática”, surge en un momento propicio, porque existen las condiciones de exigencia social y un marco constitucional para hacer que todo esto sea motivo de un compromiso público y político. Además, con nuevos legisladores en el Congreso, se deberá incentivar la sensibilización en la clase política, una tarea importante para lograr estos objetivos.

Entre los ponentes que participarán en el Seminario se encuentra Stefano Fumarulo de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano, quien abordará el tema de la Responsabilidad pública y restitución de la confianza en contextos de violencia. También participarán Antonio Gustavo Gómez, fiscal federal de Argentina; Mercedes Melon de Open Society Foundations; el Ministro Celso Mello de Brasil, Ernesto Isunza del Centro de Contraloría Social y Estudios para la Construcción Democrática del CIESAS, entre otros.

El 5° Seminario Internacional: “Responsabilidad pública y rendición de cuentas: Una exigencia democrática”, convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fundación Friederich Ebert (FES) y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Red por la Rendición de Cuentas se realizará el próximo martes 13 de octubre de 2015 en el Hotel Hyatt Regency de la Ciudad de México. El acceso es gratuito previo registro en http://congreso.rendiciondecuentas.org.mx