El tucán vació su vejiga y desahogó sus intestinos sobre las leyes que dan forma y sentido a nuestra democracia. ¿Cómo reaccionó nuestra máxima autoridad electoral ante semejante desaseo? Con una decisión de 7 votos contra 4, la mayoría de los consejer@s del INE optaron por sacar sus jergas y limpiar las letrinas del Partido Verde. En su afán por expurgar conductas ilegales, el INE sentó las bases para que las normas electorales se reciclen como el papel higiénico de la competencia política.
El consejero presidente Lorenzo Córdova sostiene que es una falacia hablar de “impunidad” en el caso del Partido Verde, ya que: “Las sanciones que se le han impuesto a ese partido suponen un monto cercano a dos años del financiamiento público ordinario al que tiene derecho”. La mentira es la mitad faltante de una verdad a medias. Las sanciones del Verde, que aún tienen que ser ratificadas por el obsecuente Tribunal Electoral, equivalen prácticamente al financiamiento público y privado que recibió dicho partido en 2015. Con esto, el tucán tiene por delante varios años para disfrutar del financiamiento extraordinario derivado del aumento porcentual de su votación.
Hace pocas semanas celebramos la correcta decisión de refundar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El control de la CNTE sobre los destinos del IEEPO significaba una pérdida de la autoridad del estado frente a un grupo de interés. Algo semejante sucede en el terreno electoral. Los partidos políticos son al INE lo que el magisterio oaxaqueño era al IEEPO: los dueños de facto de la institución.
En la norma, los consejeros del INE son ciudadanos, como subraya el adjetivo que apellida su cargo. En los hechos, la mayoría de los consejeros son peones útiles en el ajedrez de la partidocracia. Cómo explicar la decisión donde, por 6 votos contra 5, el INE avaló que los partidos políticos se embolsaran 286 millones de pesos que les sobraron de las campañas electorales.
La Comisión de Fiscalización del INE propuso al Consejo General que los partidos políticos devolvieran al erario los dineros remanentes que estaban etiquetados para la promoción y obtención del voto. El instinto de subordinación inspiró a la mayoría de los consejeros a rechazar la propuesta del órgano de fiscalización y dejar que los partidos se quedaran con un dinero que legítimamente te pertenece a ti y al erario público. Este hecho marcó un punto de no retorno en la alineación de una mayoría de los consejeros, frente a los intereses económicos y políticos de los partidos. En consecuencia, un grupo de ciudadanos decidimos pedir amparo ante la justicia mexicana para exigir que esos 286 millones de pesos se reintegren a la Tesorería de la Federación.
El amparo está sustentado no en un acto de indignación cívica, sino en una sólida argumentación jurídica. Cambiar una asignación presupuestal etiquetada es una falta con consecuencias administrativas y legales. Así como un gobierno estatal no puede gastar el presupuesto de salud en seguridad pública, un partido no debería usar el dinero de las campañas electorales para el financiamiento de sus “actividades ordinarias”.
Sin partidos políticos no puede funcionar una democracia moderna. Sin embargo, el proceder impune de estas organizaciones políticas está erosionando los cimientos básicos de nuestra forma de gobierno. El primer paso para fortalecer a la democracia mexicana es tener un sistema de partidos que se apegue a la ley y al derecho. Durante años la partidocracia ha cometido abusos en contra de las instituciones democráticas y los ciudadanos. Es tiempo de defenderse con las herramientas que nos brinda la ley.
@jepardinas
Fuente: Reforma
