A lo largo del último mes el gobierno del Presidente Peña ha experimentado una serie de descalabros en distintos ámbitos que dan muestra de cómo lo que inició como un sexenio reformador que prometía “mover” a México se ha ido diluyendo debido a la incapacidad gubernamental para generar condiciones que concreten las promesas de las reformas. Una revisión de los ámbitos que constituyen –al menos en discurso- la agenda del Ejecutivo Federal evidencia la ausencia de un gobierno que se presentó como “eficaz”: 1) en el ámbito social, destaca el reporte del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) que demostró cómo de 2012 a 2014, el número de pobres aumentó en 2.1 millones; 2) en lo económico, las licitaciones de la Ronda Uno, que se perfilaban como el inicio de la apertura del sector energético a la inversión privada, no alcanzaron los niveles previstos por el gobierno ya que sólo logró adjudicar 2 de los 14 bloques disponibles; y 3) en materia de seguridad y justicia, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha agravado el desprestigio de las autoridades que, de por sí, llevan ya un año bajo fuertes críticas a partir de acontecimientos como Tlatlaya y Ayotzinapa. La suma de estos acontecimientos acredita un Poder Ejecutivo que ha sido incapaz de darle un rumbo determinado al país y cuyas omisiones han generado la sensación de que éste se mueve a la deriva.

El fin de la ilusión energética

La reforma energética se perfilaba como la reforma estructural que detonaría el cambio e impulso a la economía mexicana. De acuerdo a la Secretaría de Energía, se esperaba que las primeras licitaciones de la Ronda Uno de la reforma atrajeran aproximadamente 18 mil millones de dólares. Sin embargo, las licitaciones se quedaron cortas y la inversión que se espera será de únicamente mil millones de dólares. Los resultados de esta ronda demostraron las limitantes de la apuesta de crecimiento del gobierno, que posicionaba al sector energético y su reciente apertura como la fuente principal de dinamismo y desarrollo para el país.

La apertura del sector no ha modificado aún la dependencia fiscal del Estado de los ingresos tributarios petroleros. Tan es así que los contratos de licitación ofrecidos en la Ronda Uno establecían valores mínimos para la participación del Estado en la utilidad operativa y la inversión del 40% – ya considerando el pago por impuestos y regalías -, margen que fue considerado demasiado exigente por las empresas que se abstuvieron en el proceso de licitación.

El depender exclusiva o mayoritariamente de un solo sector para impulsar el crecimiento económico y atraer inversión es arriesgado. Particularmente si se trata de un sector como el energético que está sujeto a factores o contextos internacionales cambiantes – como el precio internacional del petróleo que desde finales de 2014 ha venido a la baja. En febrero de 2015 se registró un aumento del 40.8% en el déficit fiscal comparado con el mismo mes del año 2014, provocado principalmente por un desplome de los ingresos petroleros y un ligero incremento del gasto (ver Gráfica 1). En este mismo periodo, los ingresos petroleros cayeron en 49% gracias al declive en la producción petrolera.

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con datos de la SCHP

La dependencia presupuestaria en los ingresos petroleros, y la falta de alternativas fiscales, ha ocasionado el crecimiento de la deuda como medio de financiamiento público. En lo que va de la administración de Enrique Peña, el déficit ha aumentado en 12% en promedio, lo cual es elevado si se considera que el aumento en el déficit promedio entre el primer y último año del sexenio de Fox y Calderón fue de 5.4% y 11.2%, respectivamente (ver Gráfica 2). El abandono del “déficit cero” – que caracterizó a los gobiernos panistas- es una estrategia que no debe pasar desapercibida. Si bien la adquisición de deuda no es en sí reprochable, lo ideal es que se mantenga a tasas controladas y que dicho flujo se debiera destinar a la inversión productiva y no únicamente al gasto corriente. De lo contrario, un crecimiento desmedido de la deuda puede poner en jaque la estabilidad financiera nacional.

Grafica 2

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

Los primeros pasos de la implementación de la reforma energética demostraron cómo la apuesta por el crecimiento vía el sector petrolero nacional no necesariamente está garantizada. Por el contrario, el resultado de la Ronda Uno demostró cómo la reforma energética carece de atractivo y potencial en tanto no se le acompañe de una verdadera reforma que diluya la dependencia fiscal del Estado en el sector petrolero. El desafío se encuentra en el hecho de que el aumento de la eficiencia tributaria necesariamente pasa por un planteamiento serio de la reestructuración del esquema recaudatorio, por ejemplo, a través de la reducción de las excesivas tasas al contribuyente cautivo, y con un aumento de la base gravable que no conduzca a mayores tasas impositivas, lo cual implica vulnerar intereses de grupo. No obstante, mientras el Estado mexicano no se atreva a modificar dichos esquemas, la vulnerabilidad fiscal y la falta de desarrollo económico seguirán presentes.

Pobreza y fragilidad de la clase media

De acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) durante los dos primeros años de la administración de Enrique Peña, se sumaron 2.1 millones de personas a la pobreza – mientras que sólo 100,000 personas salieron de la pobreza extrema.

Si se segmenta la distribución del ingreso en México proveniente de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) en 10 grupos iguales (donde el primer decil son el 10% de los hogares más pobres y el último decil el 10% más rico), se puede vislumbrar una caída importante en el ingreso de los mexicanos (gráfica 3). Durante los últimos dos años, 8 de los 10 deciles sufrieron caídas en el ingreso, y en el agregado, el ingreso real promedio por hogar disminuyó 3.5%. Si consideramos los deciles en la mitad de la distribución[1] como una aproximación de la clase media mexicana (decil V y VI), el ingreso promedio de estos hogares fue de entre 8 y 9 mil pesos al mes durante 2014, un caída promedio del 3% en su ingreso real.

Gráfica 3. Evolución de la distribución del ingreso en México (2008-2014)

Fuente: ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014.

A la luz de los resultados del Coneval y la ENIGH, es preocupante lo endeble que parece ser la clase media mexicana y el estado de los mexicanos vulnerables, que se encuentran justo en el límite de la línea de pobreza. Este estrato poblacional ante un choque externo en la economía familiar (una enfermedad, un despido, un aumento abrupto en el precio de los alimentos, entre otros), aunado a la falta de redes de seguridad social efectivas (por ejemplo, un sistema de salud público de calidad), se ve obligado a reestructurar los gastos familiares del tal manera que fácilmente caen por debajo de la línea de la pobreza.

Cabe resaltar que la carencia alimentaria, principal característica de la pobreza extrema, se ha mantenido prácticamente sin cambios, mientras que la población vulnerable por ingresos ha ido en aumento desde 2010, hasta alcanzar 8.5 millones de mexicanos. En este sentido, el hecho de que la política social mexicana recaiga casi en su totalidad en el enfoque de la inseguridad alimentaria y pobreza (por ejemplo, la Cruzada Nacional contra el Hambre –con un presupuesto inicial de más de 120 mil millones de pesos) [2] evidencia cómo impulsar el desarrollo económico y atender la pobreza requieren de un planteamiento de mayor alcance. Aún es pronto para concluir sobre el éxito de las políticas anti pobreza actuales, sin embargo lo anterior provoca preguntarse si el enfoque de la política social de la administración en curso es la correcta.

Si no se consolida una verdadera transición de estos grupos vulnerables a la clase media, la población seguirá siendo en suma vulnerable a la volatilidad de los mercados y no se podrá desarrollar una demanda interna lo suficientemente fuerte para sostener el crecimiento económico. La importancia de una clase media fuerte y extendida no sólo reside en su potencial productivo y de consumo, sino que también es una fuente importante de recursos públicos (vía impuestos), estabilidad democrática y crecimiento económico sostenible. El consolidar la clase media por medio de una estructura de redes de seguridad social efectiva es la llave para proteger, en la medida de lo posible, un elemento fundamental del desarrollo económico del país ante la volatilidad actual del contexto económico internacional.

Seguridad y justicia: Iguala, Ayotzinapa y Tlatlaya

La localización de al menos 60 fosas clandestinas y 129 cadáveres sólo en el municipio de Iguala, Guerrero evidencia, de nueva cuenta, las flaquezas de las acciones del gobierno mexicano en materia de seguridad y justicia. Si bien este gobierno ha destinado un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en el país –en específico para implementar el nuevo sistema de justicia penal- es claro que persisten graves deficiencias que atender. A un año de Tlatlaya y diez meses de Ayotzinapa las instituciones de justicia han sido incapaces de dar resultados convincentes y la reciente fuga del “El Chapo” ha puesto en jaque la credibilidad del sistema de justicia mexicano.

En particular preocupan los rezagos institucionales en dos ámbitos: 1) en materia de investigación criminal y 2) en la operación del sistema penitenciario. Por una parte, de acuerdo con datos de Secretaría de Gobernación sólo 8% de los policías investigadores y el 1% de los peritos adscritos a las instituciones de justicia en el país han recibido capacitación para operar de acuerdo con los estándares requeridos por el nuevo sistema penal acusatorio. En este sentido, se está aún muy lejos de contar con las capacidades necesarias para conducir investigaciones científicas en el país. Como ejemplo, a pesar de los intentos del ex Procurador Murillo Karam por “cerrar” el caso Ayotzinapa, el reciente informe de la CNDH revela fallas y omisiones en las diligencias ministeriales y advierte sobre la necesidad de abrir nuevas líneas de investigación. En relación con el sistema carcelario, solo el 4% del personal penitenciario ha recibido capacitación y a pesar de estas deficiencias se encuentran obligados a lidiar con un sistema rebasado por un hacinamiento del 27%. A lo anterior, habrá que sumar la perenne sombra de la corrupción, la cual parece ser la única explicación a la fuga de “El Chapo”.

Sobre todo en materia de seguridad existe la sensación de que el país avanza de forma inercial. A pesar de que constituyó una de sus promesas de campaña, la administración del Presidente Peña no realizó cambios significativos a la estrategia de su antecesor. Por ello, quizá el mayor pendiente del gobierno mexicano sea una evaluación seria de la vigente política criminal con el fin de redefinir sus objetivos y adoptar las medidas más eficientes para su consecución; la ausencia de una redefinición del rumbo implica la posibilidad de seguir lastimando la legitimidad institucional y generar condiciones más propicias para la violación de derechos humanos. En vista de que los resultados del combate al crimen organizado están lejos de los deseados, es momento de responder preguntas que pueden parecer obvias pero el gobierno no ha atendido: ¿cuál es el fin del combate al crimen organizado? ¿disminuir los índices de homicidios dolosos? ¿evitar el flujo de narcóticos? ¿fragmentar a las organizaciones criminales? De no dar respuesta a estas interrogantes se corre el riesgo de confundir los fines con los medios y terminar haciendo lo mismo para obtener los mismos magros resultados.

[1] INEGI. 2015. “El INEGI da a conocer los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2014”

[2] 2013. ASF. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0275_a.pdf

Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editor: Eduardo Reyes.