La Consulta sobre Justicia Cotidiana, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), muestra las precarias condiciones en que se encuentra la procuración e impartición de la justicia.

Los escasos resultados en la atención de los conflictos de justicia cotidiana, advierten la necesidad de fortalecer el derecho a una asesoría y defensa adecuada, como elementos que salvaguarden los bienes jurídicamente tutelados en un conflicto, en el que se legitime y otorgue certidumbre a la función preventiva y sancionadora del Estado.

De acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 del INEGI, la cantidad de los conflictos de carácter penal, “…es relativamente pequeño, 279,811 (13%) del total de asuntos iniciados, cifra que contrasta con 1’863,061 (87%), en materia civil, familiar, mercantil y otras…”; asuntos de la justicia cotidiana que se ubican significativamente en el ámbito de las entidades federativas, donde los Juzgados de Primera Instancia, están desatendidos y presentan importantes rezagos e irregularidades en su carga de trabajo. http://ccceh.org.mx/CIDE/Formato/RCN.pdf

Este escenario advierte que deben trazarse cambios sistémicos frente a las anomias del ejercicio gubernamental, e impulsar desde el debate político-social, estrategias que solucionen los problemas y eviten que la justicia sea letra muerta.

Los diagnósticos que han realizado el Estado, el CIDE y diversos organismos de la sociedad civil, son loables, pero no son suficientes. Nos hemos quedado sin dar el paso siguiente, y lo que es peor, sin dejar huella ni muestras de acciones efectivas para combatir la injusticia cotidiana, inacción que se traduce en el desencanto y frustración de la sociedad, que es empujada a dirimir sus conflictos de manera infrajudicial, primando las soluciones interpersonales.

Este escenario demanda vigilar que el trato que reciben los ciudadanos usuarios de los servicios jurídicos, sea adecuado; que la funcionalidad de la justicia cotidiana, garantice su operatividad plena, accesibilidad, manejo de horarios apropiados de atención, información detallada sobre los servicios que se ofrecen, así como infraestructura digna y servidores públicos amables, atingentes y eficaces.

Es urgente decretar la colegiación y certificación de los abogados. De otro modo, la sociedad sigue siendo vulnerable, tanto más, cuando el propio Estado facilita y tolera la proliferación de escuelas y universidades “formadoras express” de profesionales.

No es admisible que un ciudadano vea deteriorada su seguridad humana ante la injusticia cotidiana. Casos como la pérdida del patrimonio, causan angustia e incertidumbre. No es aceptable que un obrero no pueda cobrar, por abuso patronal, en tiempo y forma su salario; ni el déficit de la justicia olvidada hacia las mujeres que solicitan un divorcio y se les niega, o que se ven imposibilitadas a cobrar una pensión alimenticia; o un conflicto vecinal por el abuso de espacios de convivencia común; o bien, que se atente contra la educación pública gratuita, cuando algunos profesores cobran sus salarios sin asistir a impartir sus clases.

¿Cómo crear una positiva concepción de la procuración e impartición de la justicia basada en la ley, si la disfuncionalidad institucional impide que el ciudadano conozca el Estado de Derecho?

¿Cómo aspirar a un Sistema Nacional de Justicia, si el derecho a la defensa no es efectivo en el plano material, a pesar de las recientes modificaciones en el plano jurídico?

¿Cómo aspirar a una cultura de la denuncia y de resolución de conflictos por los cauces legales si en la inmediatez se enfrentan procesos largos, lentos y costosos?

¿No es este el terreno de la gobernanza extraviada?

La ciudadanía se encuentra en una dimensión “insular de la justicia”, en un creciente aislacionismo de lo legal. Desconoce sus derechos y la obligación del Estado de protegerlos, lo que deteriora la vigencia misma del orden jurídico, la moral, la confianza y la credibilidad social.

Si el Estado establece que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, tiene que brindar los medios (leyes, normas, procedimientos e instituciones), que permitan arreglar las diferencias entre particulares o con el Estado mismo; es decir, debe otorgar un “Sistema Nacional de Defensoría Pública”, que armonice las estructuras y vínculos jurídicos con la ciudadanía.

Requerimos instituciones eficientes y altamente calificadas, que superen los anacronismos de nuestra historia y solucionen y concreten las aspiraciones y necesidades en materia de justicia.

Hoy nos congratula la Comisión Nacional de Derechos Humanos al advertir que la justicia tardía es injusticia, y al aperturar nuevos tópicos de custodia, donde la transversalidad toca fibras sensibles, lo mismo en equidad de género, que en la no discriminación para formar una familia homoparental. Todo ello loable, pero sus recomendaciones al no trascender, se convierten en una prédica en el desierto, y lo que es peor, en una batalla ciudadana perdida.

En esta carencia de operatividad y disfuncionalidad institucional, es necesario repensar los alcances sociales de las funciones encomendadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para fortalecerlas y transitar hacia la creación de un “Sistema Nacional de Defensoría Pública”.

Al respecto, ya contamos con las Defensorías Públicas del Poder Judicial Federal y de las Entidades Federativas; con las Procuradurías en diferentes materias; con los servicios de orientación y quejas de la CNDH y las Comisiones locales; y está trazada la conformación de una asesoría jurídica de víctimas.

El esfuerzo estriba en integrarlas en un sólo Sistema Nacional de Defensoría Pública, que tenga como eje primordial la vigencia de los derechos humanos y salve la fragmentación, dispersión e inconexión de recursos, programas, funciones y atribuciones, para consolidar una eficiente justicia cotidiana.

Este Sistema, también se correlacionaría con los de anticorrupción y transparencia, para castigar y prevenir las anomias del ejercicio indebido de la función gubernamental, y coadyuvaría a la autocomposición de los conflictos, a través de los mecanismos de justicia restaurativa.

En los hechos, un Sistema Nacional de Defensoría Pública, haría que la CNDH supere el desconcierto ciudadano del efecto inocuo de sus recomendaciones, que lamentablemente de poco sirven, dado el carácter reactivo de sus actuaciones.

En las actuales condiciones, la ciudadanía requiere resultados. No podemos continuar en la prehistoria institucional. El Estado de Derecho no es sólo un régimen jurídico-político, sino el espíritu más racional que la ciudadanía ha encumbrado. Sólo espera que lo hagamos funcionar.

Agenda

• El H. Congreso del Estado de Hidalgo, otorgó la Medalla Miguel Hidalgo al extinto Dr. Nicolás Soto Oliver, muchas felicidades a toda su familia.
• La Comisión Estatal de Vivienda llevó a cabo una jornada en la que se anunciaron importantes inversiones. Participaron las dependencias y organizaciones que conforman el sector, encabezadas por el Secretario titular de la SEDATU, Jesús Murillo Karam, y el Gobernador del Estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruíz.

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