De este proceso electoral cuya Jornada electiva será el próximo domingo 7 de junio, destaca el desaliento de las estructuras comunitarias y vecinales por la debilidad del compromiso político de atender las demandas del tejido social.
Este proceso electoral ha resultado complejo. Los estragos y desaciertos de estructuras partidistas disfuncionales; la erosión institucional; y la crisis de representatividad, en estricto sensu, vértebras de una dimensión política de frágil conducción democrática, se han enfrentado con la virtud de mediación e integración comunitaria de la participación ciudadana como salvaguarda.
Reconocer la capacidad de adaptación y las habilidades de la sociedad, para encausar los procesos del orden público, advierte la potencialidad del fenómeno de resiliencia política ciudadana, que frente a la crisis del proceso electoral, evidencia del quebranto de la partidocracia, se revitaliza y ofrece una lección de dignidad humana con admirables expresiones de mediación solidaria frente al poder.
El papel crucial de la organización comunitaria y vecinal y el valor de su capital social, en estos momentos representan virtud y fuerza de vanguardia orgánica de la ciudadanía más allá del marasmo electoral. Este atributo solidario de los sujetos sociales, debe ser emulado por las organizaciones partidistas, donde la cohesión de sus estructuras, permanecen lejanas a estas respuestas de responsabilidad social.
Hoy que la política partidista ha perdido el rumbo frente a la sociedad civil, la historia nos da ejemplos de resiliencia comunitaria. El sismo de 1985, la mostró en toda su magnitud y se expresó en la solidaridad del pueblo. También, contundentes son sus alcances en la expropiación petrolera de 1938, donde en cada acto de salvaguarda del patrimonio del país y de defensa de la Soberanía Nacional, sin distingos de status o clase, se entregó un gesto de comunión identitaria que representa la solidaridad de la vida misma, producto de la unidad política comunitaria y su capital social, lo que parece habérsenos olvidado.
Ejemplo contrario es el proceso electoral que estamos viviendo, donde los partidos políticos y sus candidatos pretenden que la confianza ciudadana sólo se exprese en un voto que los encumbre al ejercicio de gobierno. Empero, su precaria oferta política genera dudas en el tejido social, expande la incertidumbre, no abona a la confianza ciudadana y es una cabeza más de la hidra que amenaza la gobernabilidad del Estado.
El reto frente al marasmo político-electoral que pretende imponerse a la fuerza unitaria del Estado, demanda no claudicar ante estos apetitos oscuros; hacer valer el Estado de Derecho y su exigencia plena para evitar la erosión social y para superar las controversias y contradicciones de la realidad. Esto exige una visión clara de la ciudadanía y de la clase política.
No podemos obviar ante la incertidumbre sistémica, la obligación de articular una “Agenda Post-Elección 2015”, para afianzar la reinstitucionalización del poder y recuperar la confianza a partir de estructuras ciudadanas y vecinales para la participación y cooperación corresponsable.
En este propósito, las reformas estructurales merecen la oportunidad de su concreción en la esfera pública. Es tiempo de que la transformación del país cobre vida en un Estado con orden y civilidad; características que no se imponen desde el peculado, la corrupción o la impunidad, sino desde el ejercicio de un gobierno que respeta la génesis de su poder: el pueblo.
Aprendamos de este proceso electoral. La “Inteligencia Social”, unida a la probidad moral, debe consolidar lo construido en materia de transparencia, de gobierno abierto, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción e impunidad. A estas tareas en proceso, les hace falta desarrollar, entender e incorporar la racionalidad cooperativa de la comunidad, del barrio y de la fuerza vecinal, para afianzar las estructuras orgánicas de la administración del Estado.
Reencausar el destino político de la Nación es el mayor reto de nuestra realidad, pero no puede edificarse allí donde impera la injusticia. Salvaguardar los principios fundamentales del Contrato Social y hacerlos cumplir, es una tarea de todos. No concluye en un proceso electoral, ni responde sólo a la voluntad política del ejercicio de gobierno. Es la expresión más pura de un país que se mira tan fuerte como lo es el más débil de sus ciudadanos.
Votar en las elecciones es un derecho político que exige la responsabilidad plena de los actores sociales. El llamado a sufragar en blanco, es decir, no votar por nadie; votar por más de una opción, para invalidar y anular el voto; o abstenerse de votar, es una conducta que además de errónea, favorece a la partidocracia al restar contrapesos a la toma y ejercicio del poder.
El voto nulo es el referente negativo de una conciencia política equivocada, a pesar de que sea el síntoma más claro de la desafección ciudadana hacia las instituciones. Es una derrota autoimpuesta de la ciudadanía y una respuesta ciega, que elude el compromiso cierto de construir una Nación donde todas las manos son necesarias. Es autoexcluirse de la realidad política, ahondar la crisis institucional, e impedir con esta omisión la construcción de un futuro cierto para el pueblo.
Debemos concurrir a las urnas. Votar es un privilegio, un derecho y un deber inalienable de nuestra conciencia política. Intentar castigar a la partidocracia a través del voto nulo, es un autocastigo y abandono político, lujo que no puede darse la ciudadanía.
Este próximo domingo 7 de junio, tenemos que ejercer con libertad la defensa de nuestro derecho irrenunciable al voto, para dar una lección de civilidad como electores inteligentes, conscientes e informados, conductores sociales de nuestro porvenir.
Agenda
- El presidente Peña Nieto promulgó el decreto constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Obliga a las autoridades de todos los órdenes de Gobierno en materia de prevención, detención, fiscalización y sanción de irregularidades administrativas y actos de gobierno. Señaló que, “México…logrará erradicar con éxito el flagelo de la corrupción…estoy firmemente comprometido con el combate frontal a la corrupción, con el fortalecimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas”.
- Al clausurar el “Foro de Consulta del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial”, el Gobernador Olvera, planteó romper el paradigma de la planeación inercial y los efectos negativos del crecimiento anárquico y desordenado. Consideró el ordenamiento territorial como valor estratégico de nuestro desarrollo, enfatizó: “Tenemos que establecer en la ley la obligatoriedad de planes y programas y además, entregar su vigilancia a la sociedad civil organizada…”
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