Hace un año el gobierno del Distrito Federal abrió un asunto que entonces parecía una batalla retórica; se trataba de incrementar el salario mínimo pues, rezagado artificialmente, ya no respondía a su función social ni a su relación con la productividad.

El tema levantó ámpula pero poco a poco se fue perfilando un debate con sustancia. Luego de una amplia convocatoria se integraron grupos de expertos, el problema se analizó en foros nacionales e internacionales y se presentó una propuesta que fue ampliamente discutida con los sectores involucrados. El asunto cimbró a la ortodoxia pero nos convenció a muchos de que no sólo era un cambio posible, sino urgente e indispensable. El mismo presidente Peña Nieto se pronunció a favor de la reforma en varias ocasiones.

Una de las objeciones más fuertes para incrementar el salario mínimo estaba relacionada con que sirvió durante décadas como unidad de valor para múltiples propósitos en la legislación nacional. Por ello, se argumentaba, incrementarlo tendría un efecto en cascada poco deseable en el conjunto de la economía. La Cámara de Diputados encomendó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al CIDE un estudio que permitiera salvar jurídicamente el asunto. La técnica se puso al servicio de la política; su resultado alimentó el debate parlamentario y permitió elaborar un proyecto viable de reforma constitucional aceptable para todos los grupos parlamentarios. La minuta fue aprobada por los diputados en diciembre de 2014 y enviada al Senado.

Todo indicaba que el proyecto prosperaría cuando aparecieron obstáculos de último minuto con argumentos jurídicos banales. La discusión se pospuso, con la promesa de que durante el primer periodo de 2015, el Senado aprobaría la minuta quizá con algunas modificaciones. Para azoro de muchos, sin discusión de por medio ni argumentos públicos, el Senado enmudeció, cerro la cortina y la reforma quedó en la congeladora.

Lamento mucho decirlo pero el Senado volvió a decirnos que las razones de la pequeña política prevalecen sobre la justicia, y que esa justicia cotidiana fue de nuevo aplazada como si pudiera seguir esperando.

Recuerdo a los lectores lo que dice el artículo 123 de la Constitución: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”. ¿Podrán los senadores ver a los ojos a millones de mexicanos y decirles que este derecho les asiste cuando el salario mínimo que reciben ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica? Digámoslo directamente: el salario mínimo no sirve a su propósito social, jurídico ni económico.

Hace unos días presentamos al Presidente el informe sobre justicia cotidiana (justiciacotidiana.mx). El ámbito laboral suma diariamente injusticias y hay mucho por hacer. Revisar el diseño y operación de las juntas de conciliación y arbitraje, en todo el país, es uno de los temas prioritarios que pusimos en la agenda, pues se requieren acuerdos políticos para transformarlas. Pero también avanzamos ideas que permitirían mejorar en lo inmediato su desempeño y, de manera más amplia, resolver problemas regulatorios que obstaculizan la justicia para los trabajadores.

Entre esos temas uno es el salario mínimo. ¿Cuánto más tendremos que esperar? ¿Qué razones justifican aplazar la reforma constitucional? ¿Sabrán los Senadores lo que significa trabajar horas para recibir un salario que raya en lo indigno? Ojalá puedan dar pronto otro mensaje a las y los trabajadores mexicanos: que el trabajo importa y que el salario es capaz de ofrecer dignidad y justicia.

Fuente: El Universal