El siete de junio los mexicanos votaremos por renovar a una fracción del Poder más opaco de nuestra República. La Cámara de Diputados, el Senado, los 31 Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del DF son muy buenos para legislar en materia de transparencia, pero en los bueyes de sus respectivos poderes ejecutivos. En la última década, con la creación del IFAI han ocurrido cambios profundos en temas de acceso a la información. Sin embargo, esta transformación no ha tocado los usos negros y las costumbres impublicables de los recintos parlamentarios. Esta semana 12 organizaciones de la sociedad civil publicaron los resultados de un estudio sobre el estado de la transparencia en los 34 cuerpos legislativos del país (www.parlamentoabierto.mx).
La práctica del Parlamento Abierto es una noción extranjera y distante de la enorme mayoría de las personas dedicadas al oficio de redactar, debatir y aprobar nuestras leyes. Hace unos días, un senador de la República me decía: “Hay partidas de dinero que me corresponden por el cargo, pero que después de dos años y medio de senador, ni si quiera yo sabía que las recibía. Es un dinero para becas que se ha venido acumulando sin saber”. Las finanzas del Legislativo son tan opacas que ni siquiera los propios legisladores saben cómo y dónde se gastan.
Sobre la información financiera y administrativa de los órganos legislativos, el estudio de Parlamento Abierto midió 12 variables distintas: presupuesto aprobado y ejercido de los órganos de gobierno, de las comisiones, los grupos parlamentarios y los legisladores en lo individual. El promedio de calificación fue de 24 sobre 100. Las Cámaras de Diputados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo no cumplen con ninguna de las variables de información presupuestal y administrativa. Esto implica que no sabemos absolutamente nada de cómo se ejercen y distribuyen los dineros de estos Congresos. Resulta una metáfora muy elocuente que los poderes encargados de los contrapesos al Presidente y los gobernadores funcionen como una caja negra.
Como lo evidencia Luis Carlos Ugalde en su texto ¿Por qué más democracia significa más corrupción? (Nexos, Febrero 2015), las subvenciones a los Congresos son la partida secreta del México moderno. En el presidencialismo del siglo XX, el titular del Ejecutivo gozaba del ejercicio de una bolsa de recursos sobre la cual no tenía obligación de rendir cuentas a nadie. Gracias a la alternancia democrática y el pluralismo, la partida secreta pasó del control del Presidente a ser potestad del Congreso. De acuerdo a evidencia presentada por Ugalde, en los primeros 20 meses de la presente Legislatura (2012-2015) los grupos parlamentarios en San Lázaro recibieron dos mil 142 millones de pesos sin tener que dar ninguna explicación de su uso y destino. Además, la partida secreta de la Cámara de Diputados, que no incluye ni dietas, ni gastos administrativos, tuvo un incremento de 64% en términos reales con respecto a la Legislatura anterior.
En este año, cada diputado o diputada recibió un fondo individual para apoyar proyectos de pavimentación, canchas deportivas y casas de la cultura. ¿Qué tienen que hacer los legisladores duplicando las responsabilidades de la SCT, la Conade y el Conaculta? La nueva Ley de Transparencia, si se cumple cabalmente, será un paso importante para minar el régimen de opacidad que rige nuestra vida parlamentaria.
En el 2015, los senadores y diputados federales recibieron más de 11 mil millones de pesos. Con los bajos precios del petróleo vendrá un periodo de vacas flacas y ajustes presupuestales. En una democracia que aspira a ser civilizada y con un erario sujeto a la austeridad forzada, ningún Poder debería mantener el privilegio versallesco de una partida secreta.
Fuente: Reforma
