Organizaciones de la Sociedad Civil manifestaron la urgencia de crear un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para contrarrestar la fragmentación institucional que hoy prevalece en el combate a la corrupción y anula los esfuerzos que se han realizado al respecto.
En conferencia de prensa, representantes de organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas, Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO), Causa en Común, INCIDE, México Evalúa, Alianza Cívica, entre otras, exigieron al Gobierno Federal que un Sistema Nacional Anticorrupción debe construirse a partir de la reforma profunda de diversos organismos públicos.
“El Sistema debe contrarrestar la fragmentación institucional que hoy prevalece en materia de combate a la corrupción y que ha anulado en la práctica los esfuerzos del Estado en la materia. Debe articular los sistemas de planeación, de evaluación, de gestión de la información, de transparencia y de fiscalización que hoy operan por separado. Por esta misma razón, rechazamos que se le imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública. El Sistema no debe subordinarse a los designios del Presidente y los gobernadores bajo ningún pretexto”, afirmaron.
Eliminar la corrupción que aqueja al país -dijeron-, demanda una respuesta integral. Por ello, y en respuesta a lo que juzgaron como “respuestas incompletas presentadas por distintas fuerzas políticas”, las organizaciones exigieron la creación de un SNA sustentado en la armonización y coordinación de cuatro órganos base: Tribunas del Cuentas, Fiscalía Anticorrupción, Secretaría de la Función Pública reformada y Auditoría Superior de la Federación con facultades ampliadas.
La propuesta precisa que la creación de un Tribunal de Cuentas imparcial y autónomo debe imponer de manera eficaz sanciones y emitir recomendaciones vinculatorias para corregir problemas estructurales de corrupción. Sobre la Fiscalía Anticorrupción, las OSCs piden que sea independiente y especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción. La Secretaría de la Función Pública(SFP), agregan, deber ser reformada para dotarla de más facultades para mantener la legalidad en el ejercicio del servicio público, y contar con mayor capacidad para evaluar el desempeño de políticas y programas. Proponen, además, que tenga mayores recursos presupuestales, humanos y técnicos. Finalmente, pidieron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga plena autonomía e independencia y que esté facultada para auditar el ejercicio en curso y los ejercicios fiscales anteriores; la ASF debe estar obligada a publicar oportunamente sus conclusiones y hallazgos.
