La compleja realidad que vive el país, obliga a dar un salto cualitativo en las acciones educativas y en la formación cívica de todas las generaciones, porque resulta paradójico instaurar acciones de gobierno que busquen probidad institucional, al margen de la conciencia y la cultura política de la ciudadanía.
La aprobación en la Cámara de Diputados del Sistema Nacional Anticorrupción, admite tácitamente que la corrupción es un problema complicado inserto en las lógicas internacionales que aquejan a los gobiernos, que al rebasar su capacidad de respuesta, debe asumirlo como un reto sistémico.
La “concertación progresista” que edificó el consenso entre las principales fuerzas partidistas para construir un Sistema Nacional Anticorrupción, reconoció que se necesita no sólo de una institución encargada de hacer frente a la detección, prevención y sanción de actos de corrupción, sino que se requiere la fuerza orgánica de un sistema.
El enfoque que predomina en esta medida legislativa, advierte que toda estructura gubernamental asume condiciones multisistémicas; es decir, considera que la realidad social es transversal a todo acto de ejercicio de gobierno, lo que le impone al Estado la tarea de construir mayores nexos de interoperatividad en la integración de la información, conocimientos y acciones.
El funcionamiento de las estructuras gubernamentales previstas, considera la causalidad del juego de pesos y contrapesos y la capacidad de rectificar constantemente zonas de opacidad y vacíos institucionales, fenómeno advertido acertadamente por Mauricio Merino como “inteligencia institucional”.
La reforma aprobada, amplía las facultades a la Auditoría Superior de la Federación, rescata y fortalece a la Secretaría de la Función Pública, precisa las funciones de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, del IFAI, del Consejo de la Judicatura Federal y crea un Consejo de Participación Ciudadana.
En la estructura orgánica, se establece un Comité Coordinador Anticorrupción para asegurar el funcionamiento del sistema para evitar la fragmentación, dispersión e inconexión de las instituciones responsables y se dispone la aprobación de una nueva Ley General de Responsabilidades y una Ley Anticorrupción.
El Sistema busca eficientar los actos del ejercicio de gobierno, admitiendo que son producto de una realidad social que demanda soluciones transversales, por lo que traza un nuevo paradigma en torno a la naturaleza orgánica de las instituciones públicas, donde cada órgano asume su función pero no puede actuar como una ínsula o una parcela del quehacer gubernamental.
En este sentido, pretende evitar la fragmentación institucional que hoy se presenta como un signo de descomposición que amenaza con una profunda crisis de erosión política, ingobernabilidad, debilitamiento y desafección a las instituciones, agravada por la falta de credibilidad, legitimidad y confianza ciudadana en las acciones del Estado.
Si admitimos que las instituciones son entidades de construcción social, que emergen de acuerdos humanos y de manera más explícita, de la comunicación societal; entenderemos que los problemas de corrupción que se generan en las estructuras gubernamentales, se presenta por efecto del anquilosamiento de la interoperatividad institucional y de los protocolos y formas de control que, por una parte, se mantienen estáticos frente a la dinámica social y por otra, encuentra recovecos para subvertir el orden sistémico. Este anacronismo, opera allí donde la eficiencia ha cedido el paso a mecanismos que hacen vulnerable las acciones de la gestión pública.
Dimensionar el tamaño del problema al que se enfrenta el Estado con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, precisa entender que un sistema gubernamental, también es social y no responde exclusivamente a formas operativas o legislativas; ya que los resultados de la gestión pública, no se puede reducir a la suma de acciones de las instituciones que conforman la administración pública, porque muchos actos obedecen a consensos y acuerdos no siempre de mayorías, no siempre con el afán de buscar el bienestar social, no siempre en la convicción de que el Estado debe servir al pueblo.
Prácticas de clientelismo, de posicionamiento político vía despensas, de promesas de empleo y prebendas en general, pueden ser aceptadas, pero admitamos que a la postre, se revierten causando estragos en la probidad gubernamental y en la anuencia del sistema.
El festejo de cumpleaños del presidente municipal de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva (Layín), primer ciudadano en lograr una candidatura independiente y en admitir que en su primera gestión como alcalde había “robado poquito”, evidencia que un gobierno fuera de la conciencia, es proclive a la degradación social, al tiempo que denota la miseria de la realidad sistémica, que culminó en un acto incalificable cuando le levantó en reiteradas ocasiones el vestido a la joven con la que bailaba.
Estos actos ponen a discusión, que un sistema político que permite candidaturas independientes, al margen de estructuras partidistas y de la conciencia social, demerita la responsabilidad institucional y puede caer en anomias de poder, que incurren en corrupción y reducen la gestión pública a “pan y circo”, situación no superada en algunas realidades del país.
La miopía y frivolidad política, unidas a lo superfluo de sociedades superficiales, parece no escandalizar a nadie. Debemos estar alertas porque el riesgo es que este fenómeno sea el reflejo de conductas que demeritan el ejercicio pleno de la ciudadanía efectiva, concebida para reivindicar los valores humanos y no para generar un mundo primitivo y rudimentario.
El Estado no puede achicarse ni confundirse en esta lucha anticorrupción. No es aceptable la derrota del Estado. Su visión debe estar empoderada de la “inteligencia institucional”, como co-evolución de un sistema que encuentra en la conciencia humana, la certidumbre en tiempos oscuros.
Agenda
- Celebramos el 4º Aniversario del Instituto de Formación Profesional de Seguridad Pública, parte fundamental del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Compromiso cumplido del Gobierno del Estado de Hidalgo.
- Durante la 3ª Conferencia Interamericana de Experiencias Innovadoras en Gestión Pública Efectiva, el Secretario de la Función Pública del Gobierno Federal, manifestó que un gobierno al servicio de los ciudadanos, evoluciona de principios éticos a reglas de integridad que transparentan el ejercicio público y responden a la sociedad en un mundo abierto, informado y globalizado.
- Coincidimos con Leticia Bonifaz Alfonzo cuando expresa que, “Mujeres empoderadas, soberanas de cuerpo y mente; contrastan con otras sumidas envueltas en la resignación y en la impotencia, en el letargo o el miedo. Por ellas es necesario seguir conmemorando los ochos de marzo. Es indispensable visibilizarlas para evitar que las grandes desigualdades y las enormes diferencias sean minimizadas, evadidas o negadas.” com.mx/editoriales/20…Hagamos el balance para determinar lo que falta por hacer y lo que se necesita para conseguirlo y recordemos con Simona Villela los hechos que motivaron el establecimiento de esta conmemoración y veamos el mensaje a los hombres en el Día Internacional de la Mujer por María Gana en: http://www.upsocl.com/
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