El pararrayos de Enrique Peña Nieto se llama Enrique Peña Nieto. El presidente de la República es el fusible de sí mismo. Si un escándalo le pega a su gobierno, el propio titular del Ejecutivo es quien absorbe el costo reputacional de la descarga eléctrica. En el antiguo sistema político, la función principal de un integrante del gabinete presidencial era proteger los golpes que iban dirigidos al primer mandatario. Con el estilo personal de gobernar de Peña Nieto, es el propio Presidente quien paga las facturas.
Después de que se supo la noticia de la casa de Luis Videgaray en Malinalco y la hipoteca con tasa privilegiada del 5%, quién pagó el mayor costo político, ¿el Presidente o su secretario de Hacienda? Después de que Gerardo Ruiz Esparza embarcó al gobierno con la idea de construir unos trenes que no iban a ninguna parte, ¿quién tuvo que sacrificar capital político, el hombre que despacha en Los Pinos o el encargado de la SCT? En noviembre pasado, Enrique Peña Nieto se convirtió en el primer Presidente en la historia de México en hacer pública su declaración patrimonial. La decisión presidencial quedó convertida en un gesto solitario, ya que ninguno de los miembros de su gabinete lo acompañaron en la decisión. Ese aislamiento presidencial hubiera sido impensable e imposible con los usos y costumbres del viejo PRI.
La gestión de Enrique Peña Nieto se parece más al gabinete Montessori de Vicente Fox, donde cada secretario de Estado era el dirigente soberano de su respectivo ministerio. Mientras Emilio Chuayffet alerta que la reforma educativa no se negocia, en la subsecretaría de Gobernación financian y empoderan a los saboteadores del cambio en la carrera magisterial. Mientras la Secretaría de Energía hace un esfuerzo encomiable por generar confianza en la transparencia del nuevo sector de electricidad e hidrocarburos, las licitaciones de la SCT para televisiones, tarjetas de peaje y obras de infraestructura no cumplen con las normas básicas de la probidad y sentido común.
En Chile, a principios de febrero la presidenta Michelle Bachelet se enfrentó a un escándalo que pegó en el corazón de su gobierno y el seno de su familia. Sebastián Dávalos, hijo primogénito de la presidenta chilena, había obtenido un préstamo bancario por 10 millones de dólares en condiciones poco ortodoxas. En una semana, Dávalos Bachelet había dimitido a su cargo en el gobierno. Antes de un mes renunció a su militancia al Partido Socialista. El caso es mucho menos grave que las casas de Angélica Rivera y Luis Videgaray, ya que el préstamo lo hizo una entidad bancaria y no un contratista privilegiado del gobierno. A pesar de ello, la crisis política en Chile se manejó de forma expedita y sin miramientos. No hubo violaciones flagrantes a la ley, pero el caso ameritó una secuencia de disculpas y renuncias. Hoy los periódicos chilenos hablan de otras cosas. La crisis se apagó pronto. Ni el gobierno ni el país se quedaron atrapados en un pantano.
En diciembre de 2014 la popularidad de la institución presidencial llegó a su momento más bajo, desde la crisis económica de 1995. El problema no es sólo de sondeos de percepción y estudios de opinión pública. EPN es un individuo que encarna el Poder Ejecutor del Estado mexicano. Su cargo ocupa un capítulo entero de la Constitución y sus facultades legales son los rasgos definitorios de nuestra forma de gobierno. Su doble investidura de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno provoca que las percepciones sobre su persona se desborden al resto del sistema político. México no sólo padece una crisis de desconfianza, sino también una crisis de liderazgo.
@jepardinas
