Falta de claridad en el debate en torno al dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información reclamaron algunas de las organizaciones que participaron el día de hoy en la  primera audiencia pública celebrada en el Senado.

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, se reunieron con representantes de organizaciones civiles, investigadores y especialistas en la materia, para continuar con el análisis del dictamen de la ley general.

Hayden Pérez Garrido

Haydeé Pérez, Directora de Fundar, reprochó a los Senadores que en el dictamen de ley, se hayan incluido dos artículos que no habían sido discutidos previamente con las organizaciones de la sociedad civil, afirmó que ha faltado claridad en el debate, como ejemplo, dijo: no estuvieron disponibles las observaciones de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Criticó que algunas de las propuestas, dentro de la ley, parecen orientadas a proteger ciertas áreas de gobierno “parecen pensadas para limitar el alcance de la legislación”, se quejó la representante, al tiempo que agregó “muchas de las propuestas son insostenibles”.

Pérez sostuvo que se debe privilegiar el derecho a la máxima publicidad, por lo que el marco normativo no debe pejudicarla, también explicó que las causales amplias de reserva de información son contrarias al principio de máxima publicidad.

La tercera parte, de más de 31 mil peticiones de información, se respondieron declarando que la información era inexistente lo cual quiere decir que “la autoridad no está documentando su actividad o que no está cumpliendo con su responsabilidad de entregar la información”, aseguró Pérez.

Durante su intervención, Ana Cristina Ruelas, representante  de Artículo 19,  afirmó que quienes quieren quitarle al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) la facultad de abrir información en casos de violaciones graves a los derechos humanos buscan que éstos ilícitos sigan cometiéndose y que los ciudadanos no tengan acceso a la verdad.

Sólo a través del derecho de acceso a la información es como la sociedad ha podido saber de casos graves, como por ejemplo la matanza de  migrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Ruelas añadió: “aquellos que pugnan por la opacidad de este tipo de hechos atroces son aquellos que buscan la repetición y buscan limitar la memoria de la sociedad para que nunca exista una verdadera reivindicación. La verdad es la única manera de reconciliarnos con las instituciones”.

Sobre la controversia en torno al posible conflicto de competencias entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el IFAI, la especialista aseguró “no es un conflicto de competencias ni de poderes, como erróneamente se ha concluido, no es la determinación de violaciones a derechos humanos, no es la determinación de culpables o de delito, es el reconocimiento del interés público que reviste la información en estos hechos, es el reconocimiento del derecho a conocer la verdad, por parte de la sociedad”.

Por su parte Alejandro González Arreola, representante de Gestión Social y Cooperación, opinó que el IFAI ya realizó, prima facie, la catalogación de una violación a los derechos humanos, como grave, por lo que “cualquier legislación contraria, generaría un retroceso”.

González hizo un llamado para evitar una regresión en ese sentido, además argumentó que un acceso a la información que no sea rápido y expedito es equivalente a negar información.

Se pronunció porque el senado privilegio los principios de máxima publicidad, no regresión, progresividad y pro-persona. González expuso que las causales de reservas deben ser claras, precisas y temporales; lo cual descarta a la estabilidad económica.

La CNDH 

Sin embargo, Israel Eslava Pérez, Primer Visitador General de la CNDH, aseguró que “la determinación de hechos violatorios a derechos humanos, así como la clasificación que se haga sobre la gravedad de los mismo, son cuestiones, constitucionalmente reservadas a la comisión”.

Eslava reconoció que “los hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos deben ser del conocimiento público y no tener un carácter reservado”.

Para el primer visitador, deben diferenciarse las facultades concedidas al órgano garante del derecho de acceso a la información  y las otorgadas al órgano especializado para investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos “a fin de preservar un sistema armónico de atribuciones y competencias constitucionales.

Los datos personales

Jorge Ventura, Director Adjunto de Asuntos Jurídicos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), manifestó su preocupación  porque la nueva Ley General de Transparencia pueda vulnerar la confidencialidad de los datos personales obtenidos por el organismo en el ejercicio de sus facultades, por lo que pidió poner especial atención a la redacción de los artículos 26 y 113 del proyecto para garantizar la reserva de esa información.

La postura de la Comaip

Javier Rascado

Javier Rascado Pérez, Presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), sostuvo que la organización que preside respalda la postura del IFAI ante la nueva Ley General.

Pidió a las y los senadores que no haya un retroceso en la ley general, ante lo que ya se planteó con la reforma a la constitución. Rascado consideró que el Sistema Nacional de Transparencia debe éster integrado por el IFAI y por los órganos garantes de los estados del país.

Rascado reconoció el apoyo que organismos civiles como la Red por la Rendición de Cuentas, Fundart y Artículo 19, les han dado durante el seguimiento a la discusión de la ley.

Consideró que es un gran acierto que se exija la evidencia documental para las distintas instancias de gobierno, pues sin archivos, ni evidencia documenta no se puede ejercer el derecho ala información.

Concluyó su participación asegurando que la transparencia es un derecho fundamental y un elemento esencial de la democracia.

Los Senadores

Durante su intervención, diferentes senadores se pronunciaron partidarios de que Ley General de Transparencia y Acceso a la Información no pierda el terreno ganado por la reforma constitucional.

Laura Rojas reconoció que la discusión de la ley es un “ejercicio de parlamente abierto” que ocurre por primera vez en México, reconoció que ha implicado una ardua negociación en la que han sido necesarios los consensos “porque no se puede ganar 100 de 100”, concluyó.