Desde 1998, sólo siete funcionarios públicos han sido procesados penalmente después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en su gestión.
Los registros oficiales indican que desde ese año ha interpuesto 458 denuncias pero sólo 1.5% han sido consignadas y el resto se mantienen “en integración ante el ministerio público”.
Además, aunque desde el 2000 ha iniciado más de 12,000 promociones de responsabilidad administrativa “por mala gestión de los servidores públicos”, sólo mil funcionarios han recibido algún tipo de sanción, el 8%.
“Actualmente es muy limitado lo que puede hacer la Auditoría y en la parte de responsabilidades es en donde más débiles estamos. El informe está muy bien hecho, bien armado, cumple con la normatividad: determina si los programas se ajustaron a los términos y montos aprobados, el control de egresos, con auditorías de desempeño, cumple con los principios de eficacia, eficiencia y economía. Pero, ¿de qué te sirve tener esos resultados si no puedes tener una sanción negativa contra la inefectividad o la incompetencia?”, dijo en entrevista Lourdes Morales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
El informe de la Cuenta Pública que realiza año con año la Auditoría Superior de la Federación cumple con la función de revisar y vigilar el cumplimiento de los programas del gobierno federal, la utilización adecuada de los recursos asignados y la obtención de resultados. Sin embargo, actualmente la capacidad del organismo sólo se resume en hacer observaciones y recomendar cómo resolver los problemas que detecta. Si un caso implica denuncia penal, pasa a manos del ministerio público.
“La Auditoría no sanciona, hace observaciones que no tienen carácter obligatorio ni coercitivo para las dependencias y la consecuencia de esto es que se presentan problemas estructurales en los programas de la administración pública federal, pues año con año vuelven a hacer las mismas observaciones prácticamente por los mismos montos y sobre las mismas fallas, es decir, pareciera que a los ejecutores del gasto no les importa lo que dice la Auditoría y como saben que no habrá consecuencias pues año con año se presentan los mismos problemas”, dijo Óscar Arredondo, investigador del área de presupuestos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación…
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