Introducción
Desde un punto de vista sistémico, la relación entre el conjunto de las instituciones políticas que conforman el Estado y el sistema social en general se entiende como una relación de demanda-respuesta. La función de las instituciones es dar respuesta a las demandas provenientes del ámbito de la sociedad civil, es decir, convertir las demandas en respuestas. Cada demanda convertida en respuesta ingresa al ambiente social transformándolo y generando a su vez nuevas demandas en un proceso de cambio continuo. Cuando las instituciones políticas vigentes no son capaces de dar respuestas satisfactorias a las respectivas demandas sociales, experimentan un proceso de transformación, como, por ejemplo, a través del cambio de la representación del poder. En una situación como ésta, la sociedad civil se convierte en el espacio donde se forman los poderes de relegitimación aun en detrimento de los poderes antes legítimos: “de aquí la frecuente afirmación de que la solución de una crisis grave que amenaza la sobrevivencia de un sistema político debe buscarse ante todo en la sociedad civil, donde se pueden encontrar nuevas fuentes de legitimación, y por tanto, nuevos espacios de consensos” (Bobbio, 1989: 44). Ahí donde lo público comienza a perder terreno, la sociedad civil aparece como una medida necesaria. En este escenario, las iniciativas socio-civiles serán las alternativas para las soluciones y el Estado será un complemento para asegurar bienestar social a los sectores de la población.
