Mariana Campos, coordinadora del programa Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que existen muchos puntos de desacuerdo por parte de los partidos políticos a la iniciativa de Ley General de Transparencia, lo que preocupa a las organizaciones civiles.

“Se están solicitando cambios, que a nuestro parecer diluyen el espíritu de la reforma constitucional y tienen que ver en primer lugar, tratar de inducir mecanismos de reserva de información que no son apropiados”, recalcó.

Asimismo, indicó que la reforma constitucional establece un principio rector de la política de transparencia en nuestro país, llamado la máxima publicidad, con el que se inicia toda la información gubernamental es pública, salvo cuando ésta afecte algún interés público o la seguridad nacional, por lo que sólo en casos excepcionales se podría reservar la información.

“Tenemos varias causales de reserva de información definidas de manera muy amplia, para que haya un contrapeso a estas reservas y se respete el principio de máxima publicidad se requiere algo que se llama ‘ la prueba de daño’ , es que cuando tú le solicitas información a la autoridad y la autoridad te la reserva te demuestra que en efecto si se divulga la información que tú solicitas va haber un daño en un interés público”.

En entrevista para el espacio de “A Fondo” dijo que están solicitando que no se haga esa prueba de daño y que solamente en caso de que se levante una queja ante el instituto y se solicite una revisión, entonces se haga la prueba de daño, lo cual afirma es inadecuado porque sería más fácil reservar información…

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