La complicidad entre la policía municipal de San Fernando y el grupo delictivo “Los Zetas” en la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010 y el asesinato de otras 193 víctimas encontradas en fosas clandestinas de esa entidad, no hubiera salido a la luz pública sin la larga ruta que recorrieron organizaciones sociales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Este último, en ejercicio de su autonomía constitucional recién otorgada y por orden de la SCJN, determinó en agosto pasado desclasificar la información del expediente que la PGR había decidido reservar por 12 años.

Con la crudeza de las declaraciones de uno de los sobrevivientes y de los 16 policías implicados, el caso mostró la punta del iceberg de la fuerte penetración del crimen organizado en las estructuras de gobiernos con “permiso para matar” en impunidad.

Un mes después de la resolución del IFAI, sucedió el Caso Ayotzinapa. La movilización ciudadana volvió a poner al centro del debate la importancia del “derecho a la verdad”, es decir, el derecho reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos, a partir del cual los Estados tienen la obligación de brindar a familiares, víctimas de violaciones de derechos humanos y la sociedad en general los recursos suficientes para defenderse e informarse, el derecho a conocer qué fue exactamente lo que sucedió, la verdad sobre los hechos.

En este contexto, resulta particularmente grave que en las discusiones sobre la Ley General de Transparencia algunos olviden los avances logrados tanto a nivel internacional como a nivel nacional y propongan retrocesos. Casos como el Caso Radilla o el Caso San Fernando han implicado mucho sufrimiento y energía en movilizaciones, argumentaciones y expedientes logrando avances concretos para quienes han visto vulnerados sus derechos.

Organizaciones sociales, académicos, defensores de derechos humanos, los comisionados del IFAI y el grupo de senadores que han encabezado la redacción de las leyes secundarias en materia de acceso a la información coinciden en que el derecho a la verdad es junto con otros, uno de los puntos no negociables de la ley general de transparencia. Por ello, el Senado ha decidido abrir audiencias para discutir y argumentar sobre los pormenores de las leyes generales, las cuales, si todo sigue su curso, habrán de ser votadas en un plazo no mayor a dos semanas.

Esconder la verdad y amordazar al IFAI obstaculizando que el órgano garante pueda conocer en primera instancia y quitarle la facultad de impedir la reserva de los casos que constituyan violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, es desconocer las necesidades del país en el que vivimos. También es negar un derecho conquistado.