La ley de la reforma constitucional en materia de transparencia, que se prepara en el Senado, “lamentablemente tropezó con varias casas en Las Lomas, en el club de Golf en Malinalco, o en otros lugares porque el gobierno federal se dio cuenta de la dimensión, el alcance de la iniciativa que habíamos planteado”, consideró el senador Alejandro Encinas.
En una mesa de análisis en MVS sobre dicha legislación -en la cual también participó la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información: Areli Cano, y el coordinador del Colectivo por la Transparencia, Guillermo Noriega-, el legislador indicó que “fracasó” un proyecto para construir una iniciativa plural, con la participación de la sociedad civil.
“Esto llevó a que no se dictaminara la ley en diciembre”, pues detectaron varias “regresiones”, propuestas por el PRI y el Partido Verde, por lo que se pospuso para el nuevo periodo de sesiones, que inició en febrero; con esto, “no se cumplió con el término constitucional que se estableció para publicar las leyes reglamentarias en materia de transparencia”, abundó Encinas.
Entre las propuestas de modificación planteadas por PRI-PVEM, a una iniciativa ya consensuada, el senador recordó ocho, que en general consisten en que “ya se ponen mayores restricciones a conocer información sobre violación a derechos humanos, delitos de lesa humanidad o actos de corrupción, donde plantean que sea hasta que falle la autoridad competente cuando se pueda poner a disposición esa información”.
“¿Qué implicaría esto? Que resoluciones como las que ha tomado el Ifai, para conocer de los hechos de Tlatlaya, o las fotografías que el Ejército tomó a los muchachos de Ayotzinapa, no podría tenerse acceso, hasta que se diera por concluido el caso, por parte de la Procuraduría General de la República”, ejemplificó Encinas.
Además, se propone dejar solamente en manos del titular de la dependencia la conducción de toda la política en materia de acceso a la información, “con lo cual aumentaría enormemente la opacidad o la discrecionalidad”, consideró.
Por su parte, la comisionada Areli Cano dijo que confía en que el legislativo cumpla con una normatividad “de avanzada, progresista”. Sin embargo, reconoció que hay preocupación en el Ifai sobre 2 temas: que se intente reservar información en casos de violaciones a derechos humanos o el hecho de que el consejero de la Presidencia pueda interponer recursos de revisión.
A su vez, Guillermo Noriega dijo que ha visto “propuestas regresivas”, sin nombre ni rostro. Por ello, llamó a hacer públicos los dictámenes de esta legislación, pues actualmente hay una “parte nebulosa”.
La mesa de análisis puede observarse completa en la siguiente liga:
