Después de que el presidente Peña Nieto anunciara este martes 3 de febrero ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden: las medidas son insuficientes, incongruentes y no van acompañadas de cambios en la Ley de Administración Pública Federal.
Entre las medidas anunciadas, la primera asegura que todos los funcionarios federales deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés, y ésta deberá contener las actividades profesionales del funcionario, su participación en empresas, la existencia de deudas o bienes propios de su cónyuge o dependientes económicos, entre otros elementos.
Esta acción se queda corta sin la modificación a la legislación en materia de responsabilidades administrativas, de acuerdo con el coordinador de la Red por La Rendición de Cuentas, Mauricio Merino, quien señaló que el Ejecutivo “debió haber dicho que se modificaría la ley en este sentido. (Se necesita) más contenido sustantivo, lo que tenemos acá (acciones ejecutivas) es nada, un discurso que está inscrito en el año electoral y no da para más”.
El investigador asociado de la organización México Evalúa y de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, aseguró que estas medidas son de poca utilidad ante las “facultades mermadas” de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
“¿De qué nos sirve una declaración de conflicto de interés, si de entrada no hay una autoridad independiente que pueda verificar la veracidad de dicha declaración? Y además, esa declaración no va a ser necesariamente pública”, cuestionó Fernández.
La segunda, tercera, cuarta y quinta medida de las acciones ejecutivas plantean emitir reglas y protocolos dentro de la Secretaría de la Función Pública para identificar y sancionar los posibles conflictos de interés de funcionarios federales, así como la creación de una Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (a cargo de la misma dependencia)…
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