Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación debe elaborarse con base a objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores de desempeño, los cuáles, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo. En su aprobación existen mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes; en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del PEF, los legisladores deberán observar como principio que en sus propuestas exista la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Sin embargo, nuestros legisladores dejaron un boquete para que varios programas desde su inicio tengan dificultades para su monitoreo y evaluación. Me refiero a los programas que han generado polémica entre los partidos políticos, los llamados “de los moches”; a los que en los últimos tres años han sido criticados por ser el vehículo del Poder Legislativo para obtener presencia electoral en los Municipios. A uno de los fondos, solo le cambiaron de nombre para disimular un poco, ya que cada año le aumentaban otra particularidad para acomodar el (mal) gasto; este año aparece como “Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal”. En el Decreto del Presupuesto se establece como plazo perentorio el 31 de enero de 2015, para que la SHCP emita las disposiciones para la aplicación de los recursos, previa opinión de la comisión cameral, es decir, persistirán programas que no garantizan un buen ejercicio de los recursos públicos y que en cambio, complican su seguimiento y su evaluación. Se unen con esta particularidad otros programas que están “etiquetados” pero se desconocen las reglas que regirán su ejercicio. Otra vez, el monitoreo y evaluación tendrá obstáculos para contar con indicadores estratégicos que permitan conocer su impacto en los municipios del país. Aunado a esto, persistirá la ausencia de rendición de cuentas, ya que para efectos del seguimiento y evaluación, en el caso de los fondos de Cultura y de Infraestructura Deportiva, queda establecido que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, serán responsables de la integración e información de los expediente técnicos para la aplicación, el seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos en los términos de las disposiciones aplicables. En otras palabras, solo se podrá contar a nivel federal con informes de avance financiero. El cumplimiento de metas y objetivos, otra vez quedará plasmado en un informe en papel de los recursos ministrados. Y por si faltara algo, estos programas gozarán de otro privilegio, quedó establecido en el PEF que se ministrará el 50% en el mes de febrero y el 50% a más tardar en el mes de julio. El monto de estos programas etiquetados es de 11,258 millones de pesos. Los Diputados parecen haberle dicho a la SHCP: “Primero gástalo, después veriguas”.

Otro fondo denominado “Desarrollo Regional” a la deriva en el gasto. Dentro del Presupuesto de Egresos, el desarrollo regional no tiene propósitos fijos. Esta vez quedo a merced de las solicitudes y propuestas de los diputados. El Anexo 20.5 del presupuesto contiene una ampliación para proyectos de desarrollo regional por la suma de 21,355 millones de pesos, dividido en 5 proyectos de infraestructura que poco aportan al desarrollo regional. Si bien es cierto que hay obras en cabeceras municipales que pudieran contar con cierto grado de cohesión social, la mayoría de ellas no puede ser catalogada en este rubro. Otra vez, veremos la competencia por techumbres y bardas de escuelas, construcción de canchas, centros culturales y casa de la cultura, pavimentaciones, muros de contención, rehabilitaciones, concreto hidráulico, etc. Al igual que los otros fondos, queda la responsabilidad de toda la documentación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal; la SHCP tiene como fecha límite el 31 de enero para emitir las disposiciones especificas para la aplicación de estos recursos.

En concreto, nuevamente nos encontramos ante un escenario difícil para el monitoreo y la evaluación de los recursos, cada vez mayores, que se transfieren a las entidades federativas, municipios y demarcaciones del D.F. La evaluación y monitoreo de estos programas está muy lejos de lograrse, se desconocen las disposiciones que regirán su ejercicio. Sin embargo, ya fueron etiquetados sin contar con criterios claros que abonen a reducir las desigualdades que persisten en nuestra República Mexicana. Pero eso sí, seguirán abonando a la persistente corrupción en la obra pública, seguirán dando de qué hablar electoralmente y lo peor de todo, que los municipios seguirán estando secuestrados por el poder legislativo, a cambio de dotarlos de infraestructura de cualquier tipo.

El malgasto permanecerá este año donde se elegirán nuevos Diputados Federales, los que se van, ya aseguraron su “guardadito” al obligar a la SHCP que a más tardar en el mes de julio ministre los recursos de las obras y proyectos, producto de su gestión a favor de los más necesitados. Pasado el “puente” veremos que determinó la SHCP, previa opinión de la Cámara.