Enrique Peña Nieto tuvo la oportunidad de pasar a la historia como un estadista reformador, pero por sus propios yerros el presidente de la República acabó convertido en el protagonista de una telenovela de escándalos. En capítulos sucesivos, México y el mundo se van enterando de los detalles de cómo el acceso al poder político es el mejor negocio de la economía nacional.
En 85 años, el Estado de México no ha experimentado alternancia en el poder. El PRI ha gobernado ahí desde tiempos de la revolución. Durante dos sexenios de gobernadores mexiquenses, Arturo Montiel y EPN, las evidencias de corrupción no tuvieron ninguna consecuencia jurídica. De esa cultura de monopartidismo e impunidad nació este sexenio. Enrique Peña Nieto asumió equivocadamente que podía gobernar a México con los mismos usos y costumbres que ejerció en su patria chica.
El Wall Street Journal todavía no tiene un corresponsal en Atlacomulco. Sin embargo, las transacciones de bienes raíces en Ixtapan de la Sal y Metepec son la principal fuente de noticias que México le ofrece a la prensa internacional. Esta semana, el semanario británico The Economist puso ante los ojos de sus lectores globales la siguiente afirmación: “El Presidente no entiende que no entiende… Los señores Peña Nieto y Videgaray insisten en que no han hecho nada ilegal… En una democracia moderna, como la que México aspira a ser, la relación de beneficio mutuo que aparentemente tienen con Grupo Higa es un comportamiento inaceptable”.
La doceava economía más grande del planeta necesita un gobierno que entienda que el Estado de derecho es un sistema de normas y sanciones, que también se aplica para regular la propia conducta de la autoridad. Los escándalos no han tenido un efecto pedagógico sobre el presidente de México. En los hechos, el Presidente se comporta como si nada hubiera pasado y el mexican moment siguiera a todo vapor. Los secretarios de Estado involucrados directamente en la telenovela siguen firmes en sus puestos e incluso se transforman en adalides súbitos de la transparencia gubernamental.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, escribió un artículo periodístico titulado: “Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto” (El Universal, 13-I-2015). Si el título del artículo refleja las verdaderas convicciones del titular de la SCT, ¿por qué no se solicitó la ayuda de la Comisión Federal de Competencia Económica en el diseño de la primera licitación del tren a Querétaro? Una licitación bien diseñada reduce la posibilidad de favoritismos y colusiones. La Cofece acaba de emitir una opinión crítica sobre la reposición de este proceso de licitación.
En su artículo, Ruiz Esparza habla de transparencia y rendición de cuentas, pero a la hora de redactar la iniciativa de Ley de Obras Públicas sus aspiraciones discursivas no se manifiestan en los hechos. Si el Senado no modifica la versión ya aprobada por los diputados, la SCT decidirá cuándo sí y cuándo no se requiere la opinión técnica de la Cofece para diseñar una licitación de los grandes proyectos de infraestructura.
El dictamen aprobado en San Lázaro deja margen para dos tipos de licitaciones de obra pública: una versión para repartir favores y contratos a los compadres y otra para demostrar que aspiramos a ser un país serio. El Senado debería modificar la iniciativa que redactó el Ejecutivo y aprobaron los diputados. En proyectos grandes, por obligación legal, la SCT o la dependencia convocante de la licitación debería forzosamente contar con la opinión del organismo especializado en combatir la colusión y los monopolios. Esta telenovela no ha terminado. Con indignación y vergüenza quedamos atentos a los siguientes episodios.
@jepardinas
Fuente: Reforma
