Nuestro País atraviesa por un momento muy peculiar: Están por iniciar las campañas electorales y la eterna promesa de transparencia se escuchará por doquier, mientras abundan los escándalos de corrupción, casas blancas, ranchos, moches, mordidas y demás amargas realidades de nuestro sistema.
El discurso y la realidad están más divorciados que nunca y la sociedad seguimos sin las herramientas suficientes para que existan repercusiones de tanta corrupción, tanto exceso y abuso. Repercusiones jurídicas, políticas, electorales o de cualquier índole… pero repercusiones.
Gracias al acceso a la información ahora podemos ver muchas cosas, la mayoría de las cuales no nos agradan pues evidencian una tradición dispendiosa y corrupta que la alternancia no ha logrado erradicar. Por el contario, se ha profundizado y sofisticado.
Es así que los retos inmediatos tienen que ver con muchas cosas, de las cuales solamente puedo plantear algunas.
Legislación
Es hora de ponerle punto final a casi década y media de prolongados debates jurídicos. Para eso fue la Reforma Constitucional de 2013-2014 y que ahora espera impaciente su ley reglamentaria.
Después más de 250 horas de un ejercicio inédito de co-creación de la iniciativa de Ley General de Transparencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Senado de la República, con la participación de distinguidos académicos y especialistas y a 16 días de vencerse el plazo constitucional, no hay dictamen ni la mínima discusión pública.
Esta legislación incorporaría elementos innovadores (como declaraciones patrimoniales públicas) y obligaría a las legislaturas estatales a homologar sus leyes y procedimientos. Tal vez por lo mismo está sufriendo la oposición de los mismos de siempre y su suerte es ya incierta.
A ello se le suma un necesario (y estancado) sistema anticorrupción que se encargue de la parte punitiva y el necesario fortalecimiento de las instituciones de fiscalización.
En general, nuestro sistema de rendición de cuentas debe afinarse para que sirva, no sólo en apariencia.
Órganos garantes
Los institutos de transparencia locales, así como el IFAI, deben fortalecerse y liberarse de ataduras partidistas, presupuestarias y políticas para promover y defender con decoro el derecho a la información de la sociedad.
El reto es mayúsculo para demostrar que este entramado institucional es más que una apuesta o una estructura burocrática poco útil.
Es así que los órganos garantes deben salir a la sociedad, tender puentes sólidos con sus necesidades y conectar de forma proactiva con sus problemas.
Ya no hay que demostrar que el derecho a la información tiene utilidad social… ahora hay que acercar esa utilidad a quienes más la necesitan.
Sujetos verdaderamente obligados
Otorgar información no es lo mismo que ser transparentes. Se puede ser un esperpento ético y proporcionar toda la información a la que obliga la ley. Al mismo tiempo, se puede no cumplir con ella y negar información de forma por demás impune.
Ese es un reto mayúsculo para nuestro sistema: Las consecuencias y la coherencia que pareciera lógica entre más transparencia y menos corrupción.
La transparencia no es la vacuna definitiva, pero su ausencia sí es un elemento que habilita e incentiva a la corrupción.
Sociedad que pregunta
Por último, aunque hay más en el tintero, el principal reto del sistema es que el derecho a la información deje de ser un accesorio democrático de élites periodísticas e intelectuales para convertirse tanto en un elemento democratizador de oportunidades, de beneficios y soluciones sociales, como en un mecanismo que facilite el mutuo entendimiento entre el gobernante y la población.
Para el gobernante la mejor oportunidad de rendir cuentas y para la población la mejor forma de mejorar su nivel de vida.
En La Lupa: #3de3
Una de las mejores formas de que nuestros candidatos demuestren su compromiso con la transparencia es revelando tres declaraciones: 1).- Declaración patrimonial, para saber qué es lo que tienen al ingresar al puesto, 2).- Declaración de intereses, para saber cuáles de sus intereses privados (y los de su entorno inmediato) pueden entrar en conflicto con su posible nuevo encargo y 3).- Declaración de impuestos, para saber si su contribución ha sido ética y congruente.
Es así que tendrá mi voto, y el de muchos otros, quien ponga el ejemplo. Queremos hechos… no palabras.
Fuente: El Imparcial
