Si de algo está cansada la sociedad mexicana es de historias de abuso de poder por parte de quienes se desempeñan en cargos públicos. Estas historias han costado y están costando la integridad, la libertad, el patrimonio y la vida de muchas personas.

Una de estas historias es la de Humberto Zavaleta Gutiérrez, preso injustamente en un penal de la ciudad de Orizaba. Como muchas otras personas, Humberto no está en la cárcel por lo que haya hecho o dejado de hacer. Humberto está preso por el poder que tiene alguien más, en este caso, el diputado federal Juan Bueno Torio. Está preso porque la autoridad ministerial y el Poder Judicial en Veracruz son un desastre.

Por honestidad intelectual y política debo decir que conozco hace muchos años a parte de la familia política de Humberto. Fue así, de hecho, como conocí su caso. Fue en seguimiento a una columna en la que denuncié los abusos de poder del gobernador Padrés y las injusticias contra Mario Luna que recibí información sobre su situación y tuve acceso a sus expedientes judiciales.

Humberto y su familia me compartieron su testimonio. Es propietario de terrenos cafetaleros en Zongolica y ha tenido una relación comercial de más de 20 años con el diputado Bueno Torio y sus empresas. Por esta razón se comprometió al pago de alrededor de 900 mil pesos en 2012. El retraso en ese pago es la fuente del conflicto. El caso involucra facturas, cheques post-fechados y pagarés, pero se sintetiza en una violación al básico principio constitucional de que ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas de carácter civil o mercantil.

La defensa de Humberto ha ganado ya un amparo que así lo reconoce. El 17 de diciembre, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Veracruz ordenó su liberación. Sin rodeos, la justicia federal exhibe el criterio del juez local al señalar que en definitiva no hay delito pues de lo contrario “todos aquellos que incumplan con los contratos serían delincuentes”. Siguiendo la práctica de presentar recursos judiciales infundados y ridículos, ahora los representantes legales de la empresa de Bueno Torio apelaron la sentencia que libera a Humberto.

Pero el caso merece mayor profundidad en el análisis pues es de ineludible interés público. Esta historia condensa la crítica situación de descomposición de nuestras instituciones, particularmente del Ministerio Público y el Poder Judicial. Involucra a uno de los hombres públicos más poderosos de Veracruz, quien —con una polémica y agitada carrera política— mantiene un público interés por ser gobernador del estado.

Después de estudiar el expediente, mis preocupaciones son serias. Las hipótesis son pocas y todas críticas: la incompetencia del Ministerio Público y del juez los llevó a confundir morosidad en un pago con un delito. Si fuera cierta, su conocimiento jurídico es tan primitivo que los veracruzanos deben sentirse en riesgo. Peor si actuaron de esa forma porque fueron corrompidos, si actuaron por consigna o interés político, pensando en la influencia y el poder político de un legislador.

Más crítico sería pensar que todo esto sucede por instrucciones directas de un diputado federal. Abusar de las instituciones y del derecho penal con fines económicos no es tan distinto de ser un criminal. Tampoco tranquiliza pensar que, a pesar de suceder en su entorno más próximo, la mezquina estrategia de criminalizar un adeudo está fuera del control del legislador. ¿De qué tamaño sería el abuso y el descontrol si fuera gobernador? Tal parece que en estos días debemos vivir con la amenaza real de ser víctimas de la clase política y su entorno más cercano y de cómo usan las instituciones.

Fuente: El Universal