El estudio Métrica de la Transparencia 2014 realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); se presentó en un momento coyuntural, actualmente está en discusión y podría decir que hasta en la congeladora, el proyecto de la Ley General de Transparencia, misma que contempla entre otros temas, eliminar las asimetrías del acceso a la información en el país.
En la Dimensión Órganos garantes, el estudio señala que “uno de los componentes esenciales de los sistemas de transparencia de las entidades federativas y de la federación son los organismos encargados de hacer efectivo el derecho ciudadano al acceso a la información gubernamental”. Los hallazgos nos ponen sobre la mesa que a lo largo y ancho del país, hoy en día, – hay niveles en la transparencia – la hay de primera, segunda y hasta tercera clase; y todo por la fragilidad institucional de varios órganos garantes de las entidades federativas. Por eso desde la provincia, insistimos en que la Ley General debe contemplar criterios mínimos para los órganos garantes locales, en su integración, designación de comisionados y funcionamiento. La Métrica 2014 evidenció el debacle que existe en varios órganos locales, solo 3: IFAI, CHIHUAHUA Y COAHUILA obtuvieron ponderaciones arriba de 0.80; 19 órganos con ponderaciones en el rango de 0.60 y 0.79, que si lo trasladamos a nuestra época de estudiantes, pasaron de PANZAZO; y en el fondo, 11 órganos locales con ponderaciones reprobatorias. Entre ellos, el órgano garante de Oaxaca, COTAIPO, ponderación que debemos agradecer a la anterior legislatura de nuestro Estado, ya que no quiso otorgarle profesionalización y autonomía.
El informe de la Métrica 2014 señala también que “hasta 2013 en México, casi todas las constituciones o leyes estatales han otorgado o reconocido algún tipo de autonomía operativa, de gestión y de decisión a los órganos garantes. Michoacán y Tlaxcala son excepciones. A partir del análisis de normatividad que se ha realizado en este mismo reporte, se sabe que, en 27 entidades y en la Federación, las decisiones del órgano garante son definitivas. Aún más, tienen fuerza de cosa juzgada y deben ser acatadas por los sujetos obligados y contra ellas sólo procede el juicio de amparo si el particular estima que existe una violación constitucional. Las cinco entidades fuera de este reconocimiento son Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Yucatán”.
El mismo estudio hace énfasis en que “la teoría es unánime al identificar que uno de los principales condicionantes de la autonomía es la fuente del mandato. Por ello, en regímenes presidenciales, como el mexicano a los niveles federal y estatal, la responsabilidad compartida entre los Poderes del Estado — ejecutivo y legislativo— durante el proceso de nombramiento de los comisionados del órgano garante es una condición fundamental. El supuesto es que, al compartir la responsabilidad del nombramiento, los candidatos electos para el puesto no reconocen a uno de los Poderes como fuente de autoridad, sino a la soberanía representada por ellos. Así, un régimen de separación de poderes, activado por una distinción de propósitos entre ellos, en principio derivará en procesos de nombramiento objetivos. Asimismo, éstos resultarán en órganos garantes impermeables a los vaivenes del juego político; es decir, se conformarán instituciones objetivas e imparciales dedicadas a cumplir con su mandato constitucional”.
La realidad es otra, los Órganos Garantes aún mantienen fuertes vínculos con el Poder Ejecutivo o Legislativo, claro está, son los partidos quienes ponen su cuota. Los resultados de la Métrica en esta dimensión, son regulares en general y en muchos casos es evidente que alguien no está haciendo su trabajo. Los indicadores evaluados adolecen de una participación activa y verdadera de los entres responsables de la transparencia y acceso a la información en relación con los sujetos obligados.
Seminarios, Diplomados, Foros y demás eventos; van y vienen, y no se muestra voluntad de los órganos garantes para honrar su responsabilidad. Los hallazgos son para reflexionar, es momento que cada órgano garante se pronuncie por mejorar su gestión y solicitar a su Congreso local, las medidas o instrumentos que les permita honrar su objeto de creación y no verse ante la ciudadanía, como órganos sometidos al gobernador, partido político o coalición en turno. Lo anterior, no es cosa menor; un indicador evaluado fue su INSTITUCIONALIZACIÓN, que tiene como objetivo crear una aproximación para la existencia de directrices claras que disminuyan la discrecionalidad en la toma de decisiones. El documento señala que se tomó en consideración la existencia de manuales de operación y procedimientos, como una condición para eliminar la idiosincrasia en las decisiones de los consejeros que dirigen el Órgano garante. Solo 19 de ellos cuentan tanto con manuales de procedimientos y de operación; 3 no cuentan con manual de procedimientos, 4 sin manuales de operación y 7 no cuentan con ningún manual; obvio la COTAIPO está entre estos últimos.
Este estudio dejó afónicos a la mayoría de los órganos garantes y por supuesto a la COMAIP. Que estas pasadas vacaciones sirvan para repensar el camino recorrido en tantas y tantas aglutinaciones en el IFAI, en el Senado de la República y en la propia COMAIP. Es necesario ponerle un alto al turismo por la transparencia, en su lugar, un evento al final del primer trimestre donde cada órgano local se pronuncie por sus fortalezas y debilidades y presente sus acciones inmediatas de corto y mediano plazo para mejorar su gestión. Dicho de otra manera, es tiempo de ponerse a trabajar y dejar los reflectores y las “selfies” para más avanzado el año. Lo que vive en estos momentos en nuestro país, apremia para cerrar filas en torno a un verdadero Sistema Nacional de Transparencia donde ya no haya niveles ni clases sociales.
La Métrica 2014 se estaba tardando en conocerse, llegó en un momento más que oportuno. Reflejó, que México aún se mueve en un escenario de transparencia de jure y lealtad política de facto.
* Tuiter: @acruzpi
