La grave situación de violencia e inestabilidad que se vive actualmente en Guerrero ha llevado a algunos a proponer que se suspendan ahí las elecciones de 2015, las cuales abarcan además de la renovación de la Cámara de Diputados federal, la de todos los poderes locales. Algo semejante plantearon los principales partidos políticos en Michoacán hace tres años: cancelar las elecciones a cambio de ponerse de acuerdo entre ellos para nombrar al gobernador. Tal disparate, por fortuna, no prosperó, hubiera implicado despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental de elegir a sus gobernantes.

Suspender elecciones no es una buena idea, ni mucho menos una solución a los problemas de inseguridad y tensión social en la entidad. Las elecciones son una función básica del Estado y el primer escalón de participación de todos los ciudadanos, para la conformación de sus autoridades públicas. Además, al dar cauce institucional a una pluralidad de puntos de vista y de candidatos que los enarbolan, las elecciones son un espacio privilegiado para la confrontación pacífica y pueden, incluso, tener un potencial estabilizador. Así lo demostraron hace veinte años, en la coyuntura de 1994, después del levantamiento zapatista y del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Renunciar a las elecciones es tanto como pretender que el Estado se retire, impida que los ciudadanos se pronuncien y, de plano, ceda la plaza al crimen organizado, o a los intereses agazapados detrás del dolor y de la rabia de los familiares de los normalistas desaparecidos. Pero, estar a favor de la realización de las elecciones no quiere decir que se les contemple desde el mirador ideal de la democracia, sino justamente desde una perspectiva muy realista que se haga cargo de la muy complicada situación por la que atravesamos, que reclama que se tomen todas las precauciones para garantizar la integridad física de los electores y de los servidores electorales.

En este sentido, el acuerdo que adoptó el Consejo General del INE el jueves pasado para que los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales realicen sus funciones en sedes alternas, en caso de que existan causas fortuitas o de fuerza mayor, da cuenta de que la autoridad electoral se está tomando en serio encarar los problemas que enfrenta la organización de los comicios de junio de 2015.

En nuestro país, la organización de las elecciones es naturalmente muy compleja porque está regulada eslabón por eslabón y con un calendario preciso, a fin de dar certeza a todos los actores que intervienen. El hecho de que la desconfianza haya sido el móvil detrás de la organización electoral explica la cantidad de candados que tiene cada fase del proceso, que el voto sea domiciliario, es decir, que las casillas se acerquen lo más posible a los electores y que los funcionarios que reciben y cuentan los votos sean ciudadanos sorteados de la lista nominal.

En circunstancias de crisis como la que padecemos, esta complejidad se acrecienta porque la inseguridad no sólo aleja a los votantes de las urnas, sino que amenaza la realización puntual de cada fase del proceso, obligando a la autoridad a diseñar medidas alternativas y de emergencia, de antemano.

El escenario en Guerrero es doblemente problemático porque la protesta ha llegado a la captura de 5 de las 9 juntas distritales de la zona conflictiva, que son los centros del nivel más operativo del entramado electoral y, por ello el plano más delicado y vulnerable.

Aunque el INE es la institución de Estado encargada de la realización de los comicios, es preciso que concurran en su apoyo todas las instituciones públicas y claro, los partidos políticos, para que, desde sus respectivas trincheras, derroten a los que quieren evitar que ocurra una de las actividades esenciales de nuestra aún frágil democracia.

Fuente: El Universal