Mucho se ha dicho que la salida a la crisis profunda que vivimos está en las instituciones y no puede ser de otra manera. Pero la gravedad de nuestros problemas hoy reclama, además de impulsar la vigencia y eficacia de nuestras frágiles instituciones democráticas, idear nuevas y más robustas para enfrentar circunstancias inéditas que cada vez más agravian a nuestra sociedad.
Sin duda, una de esas nuevas instituciones que urge implantar ya es el sistema nacional anticorrupción, que tiene por objeto no sólo castigar a quienes utilizan sus cargos públicos en beneficio personal, sino generar entramados de control institucional para prevenir fraudes o la desviación de dinero público y para reforzar la responsabilidad de los servidores públicos y ganar la confianza ciudadana.
En este marco, parece inaplazable regular los conflictos de intereses. El escándalo de la llamada casa blanca de la esposa del Presidente y la noticia reciente de la casa en Malinalco del secretario de Hacienda, ambas propiedades adquiridas con la intervención financiera del grupo Higa, ganador de licitaciones multimillonarias del gobierno federal y de gobiernos estatales, hace más urgente legislar en la materia.
Es necesario establecer las normas y mecanismos mediante los cuales los servidores públicos informen si tienen intereses privados que pueden interferir en el cumplimiento de sus funciones públicas, es decir, si tienen relaciones personales con alguna empresa involucrada con su área de competencia, que pueda generarles incentivos para favorecerla frente a otras. Se trata de trabajar en un régimen de conflictos de intereses, que implicaría registrar las actividades, intereses, bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos públicos, para que una entidad independiente fiscalizara dichas declaraciones a la luz de los asuntos en los que confluyen intereses del puesto público con personales o familiares del servidor.
El tema de los conflictos de intereses se sitúa en el campo del fortalecimiento de la transparencia de la gestión gubernamental y de la lucha contra la corrupción cuyas legislaciones están siendo debatidas en el Congreso federal.
Después de dos años de discusión de iniciativas fallidas en materia anticorrupción, surgió la propuesta de reforma del PAN que tiene dos grandes ventajas: 1) La iniciativa se trabajó y discutió con organizaciones sociales expertas en la materia como la Red por la Rendición de Cuentas y Transparencia Mexicana y 2) La propuesta plantea armar un sistema nacional anticorrupción para integrar y reforzar a las diversas entidades que tienen alguna responsabilidad en la materia —la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la naciente Fiscalía Anticorrupción, abriendo un espacio para la participación de la sociedad.
Está reconocido el valor que tiene diseñar normas y políticas públicas a través de la interlocución con la sociedad civil, por ello se optó por dicha mecánica para redactar la Ley General de Transparencia y el sistema nacional anticorrupción. Así se dota de legitimidad a las propuestas y se asegura que estén mejor estructuradas, incorporando diversas perspectivas.
Sin embargo, en ambos casos, a última hora ganaron las resistencias del poder a ser sometido a un escrutinio independiente. En el sistema anticorrupción, el PRI planteó que el Consejo Nacional esté presidido por el Presidente de la República, con la participación de los gobernadores, despojándolo de la obligada autonomía.
Hay que aprovechar la deliberación parlamentaria sobre el sistema nacional anticorrupción para incorporar la regulación sobre conflictos de intereses, si queremos ser capaces de comprender cómo si no se despejan éstos con claridad, se pone en riesgo el objetivo mismo de los intereses públicos, que son de todos.
Fuente: El Universal
