En México, no es un secreto que los contratos de obra pública sean una jugosa fuente de corrupción. Los incentivos para entrarle al “moche”, para lograr una licitación a modo, para entregar tarde y mal una obra o para triplicar el presupuesto publicado son mucho más fuertes que aquéllos que llevarían a cumplir con el mandato constitucional de administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La documentación del problema es amplia y detallada . En el índice de pagos de soborno 2011 (Bribe Payers Index) las obras públicas y construcción son las que tienen la peor puntuación. México ocupa el antepenúltimo lugar de 28 países evaluados, sólo antes de China y Rusia. En el país, se destina entre el 15 y el 20 por ciento del presupuesto de egresos de la federación a obra pública y aún así, la ASF logró documentar cómo durante 11 años, 80 obras por montos superiores a los 100 millones de pesos presentaron un sinnúmero de irregularidades como: la ausencia de proyectos ejecutivos, errores de ejecución, incumplimiento de las empresas, bases de licitación inadecuadas o plazos poco realistas. Todo ello generando un alto costo al bolsillo de los mexicanos.
Por eso, despertó mucho interés la iniciativa de reforma en materia de Obras Públicas presentada en noviembre pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto y votada por mayoría en el Congreso la semana pasada (LOPSRM). La gran solución al problema de escándalos como Estela de luz, línea 12 del Metro o la reciente licitación del tren México-Querétaro es un conjunto de medidas que reducen trámites y procesos sin por ello mejorar la rendición de cuentas.
Lo primero que destaca es la ausencia de responsabilidades y de resarcimiento del daño público en la materia. La ley destina un reducido apartado a las infracciones, sanciones y medidas de apremio dejando un amplio margen de maniobra para la discrecionalidad. Por ejemplo, tal y como lo ha señalado México Evalúa, prevalece la ausencia de mecanismos y criterios para transparentar los plazos entre la publicación de la convocatoria y el acto de presentación y apertura de propuestas ya que éstos continúan siendo facultad de los funcionarios que diseñan los concursos. En segundo lugar, persiste la disposición mediante la cual los programas anuales de contratación pueden ser modificados mes con mes por las dependencias que los emiten sin justificación de por medio, con lo cual prevalece la incertidumbre y falta de planeación.
En tercer lugar, la ley abre la puerta a la posibilidad de contratar obra pública conforme a la legislación del país de origen de empresas extranjeras sin definir ningún mecanismo que garantice que la legislación en cuestión contará con las garantías mínimas de control y transparencia. Finalmente, no se atienden recomendaciones hechas al sistema CompraNet las cuales implicarían mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en: la publicación íntegra de contratos, propuesta de proyectos, programas de obra o modificaciones de convenios ante lo cual el ciudadano seguirá sin enterarse sobre los procedimientos de contratación o sobre por qué una obra se tarda o cuesta más de lo debido. Paradójicamente, fue el 9 de diciembre pasado, día internacional del combate a la corrupción, que la Cámara de diputados aprobó esta iniciativa sin mayor resistencia. He aquí la incapacidad política de corregir un problema desde su origen a pesar de que todos pagamos las consecuencias.
