Enrique Peña Nieto preside el gobierno más corrupto en la historia moderna de México. Esta no es una apreciación subjetiva, ni un diagnóstico apresurado, sino un análisis del diseño institucional de la administración pública.

En 1982, José López Portillo cerró su sexenio en medio de una secuencia de escándalos de corrupción. Con una crisis de confianza y credibilidad, Miguel de la Madrid lanzó su campaña de la renovación moral de la sociedad. Como parte central de este esfuerzo se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef). Esta dependencia centralizaba todas las labores de auditoría interna del gobierno federal. En cada una de las dependencias del gobierno, desde Bellas Artes hasta Pemex, había una oficina de auditoría encargada de vigilar el uso del dinero público. Este ejército de auditores era nombrado y removido directamente de la Secogef, que después se transformó en la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Una vez un funcionario me contó un chiste muy elocuente: “¿Sabes quién tiene el mejor lugar de estacionamiento en el edificio de la Secretaría? No es el secretario, sino el auditor interno”. Estos Órganos Internos de Control eran un verdadero dolor de muelas para los servidores públicos, ya que reportaban los pecados menores y las infracciones mayores a la SFP. Estas “embajadas” de la Función Pública en toda la estructura de gobierno le daban al Presidente una visión panorámica de las transas y corruptelas en su administración. Esta red de auditores, le permitía al Presidente administrar la impunidad o el castigo de sus colaboradores. No era un modelo perfecto, pero en alguna medida logró reducir la corrupción en los cuadros medios de la administración pública.

A un mes de llegar a la Presidencia, en enero de 2013, Peña Nieto propuso una modificación legal que le dio al traste a este diseño institucional. Ahora cada secretario de Estado o director de dependencia nombra y remueve a su propio auditor interno. Los vigilantes del buen uso del dinero público son subordinados directos de los sujetos que deben vigilar. En este sistema de auditoría entre compadres, la Secretaría de la Función Pública se convirtió en un zombie burocrático.

Los legisladores del PAN y el PRD se bebieron completo el kool-aid de la propuesta, porque a cambio se forjaría una sólida fiscalía anticorrupción. Hoy los ciudadanos, la oposición y los funcionarios públicos honestos fuimos engañados por las promesas del presidente de la República. Se eliminó el imperfecto sistema anterior y a cambio el PRI y el PVEM proponen una farsa institucional como sistema nacional anticorrupción.

El proyecto que presentó el PAN fortalecía a la Auditoría Superior de la Federación y representaba un avance en la dirección correcta. Los diputados del PRI y el Verde quieren recetar dos aspirinas y una dosis de uñas de gato para combatir el cáncer que pone en riesgo a la República. Como candidato, como Presidente electo y como mandatario en funciones, Enrique Peña Nieto se comprometió a forjar un sólido sistema anticorrupción. La propuesta del PRI y el Verde nos garantiza un eficiente sistema de impunidad.

Para agravar la situación, un solo artículo en la iniciativa de la Ley de Transparencia, el 208, puede descarrilar una década de avances en esta materia. De acuerdo al texto, los funcionarios del IFAI podrían ser sancionados por divulgar información no confidencial que perjudique “las funciones… de los sujetos obligados”. La corrupción y la democracia pueden coexistir en un equilibrio imperfecto. Sin embargo, ni las libertades del mercado, ni los derechos inherentes de un régimen democrático pueden sobrevivir en el ecosistema de una cleptocracia.

@jepardinas