Hay un dilema permanente entre un reducido grupo de nuestra clase política: Abrirse o seguir tomando decisiones “en lo oscurito”. La mayoría, los adoradores del estatus quo, creen que el desprestigio es inherente a su puesto, que no hay nada que hacer, por lo que no hay incentivos para ser abiertos.

La transparencia llegó para quedarse, pero al parecer no ha logrado penetrar hasta la columna vertebral de nuestra democracia: Las decisiones importantes (y las no importantes también) se siguen tomando en la oscuridad de reuniones no públicas, en la intimidad de élites entre las que se diluyen responsabilidades.

Realmente están convencidos que pueden hacer lo que sea y que no pasará gran cosa. ¡Y tienen razón!

La sociedad mexicana es como un niño víctima de bullying en cualquier secundaria. Es un caso crónico al que se le puede golpear una y otra vez, vejar una y otra vez, burlar una y otra vez y, como decía Eduardo Galeano, guardará un silencio bastante parecido a la estupidez. Así hemos sido, así somos.

El clima de impunidad generalizada tiene a nuestro País en esta crisis social y política, eso es políticamente correcto decirlo y es un diagnostico compartido. Sin embargo, todas y todos, hasta el mismo Presidente insiste, se superará en poco tiempo.

Un tema rebasará a otro, un escándalo tapará a otro y así, de la “Casa Blanca” de la primera dama a la ley antimarchas, de la Ley Telecom regresiva a una reforma anticorrupción descafeinada, simplemente no lograremos articular un cambio positivo.

Nuestra clase política nos ha metido tantos goles que, pudiendo ser campeones, como sociedad nos sentimos el Atlas o el Necaxa. O en el beisbol, los Algodoneros de Guasave.

Permítame no generalizar. La clase política tampoco es tan homogénea. Existen políticos que están convencidos de que se deben hacer las cosas diferentes, pero no tienen incentivos suficientes. El ascenso de sus carreras políticas dependen de incluirse o no en las complicidades del sistema, en el pacto de impunidad. Y con eso es complicado competir.

El Senado

En el Senado se invitó a la sociedad civil a redactar, artículo por artículo la nueva Ley General de Transparencia. Participaron la Red México Infórmate, la Red por la Rendición de Cuentas del CIDE y el Colectivo por la Transparencia, el cual tengo el honor de coordinar. Se trabajaron más de 200 horas en sesiones de trabajo de más de doce horas y el producto es una iniciativa de Ley General de 215 artículos con grandes avances.

A pesar de que en su integración final se le incluyeron temas sensibles, como la “estabilidad económica” como causal de reserva y otros que pueden (y deben) ser reconsiderados en el proceso de dictaminación, el producto sigue siendo un avance más que relevante para nuestro sistema de rendición de cuentas.

Un ejercicio de parlamento abierto que me parece debe perfeccionarse, pero no dejarlo de aplaudir.

El reto es, creo yo, dibujar una idea común de lo que es un parlamento abierto. En mi opinión, es la apertura total, de inicio a fin, de las decisiones públicas. Participación ciudadana efectiva y toma de decisiones compartidas, para que no se actualice aquello de Yo participo, Tú participas, Él participa, Nosotros participamos, Ellos… deciden.

La Cámara local

El Congreso de Sonora, acostumbrado a tomar las decisiones en “cuchupos” y negociaciones aceitadas con dinero público (para una supuesta “gestión social”) ni siquiera permite que se conozca la naturaleza de sus negociaciones por miedo a que se “caigan” sus acuerdos.

Yo no dejaré de insistir: El proceso de negociación y aprobación presupuestaria no sirven de nada mientras el Ejecutivo ejerza los recursos a como mejor le convenga, sin obedecer lo mandatado por el Legislativo, con creación de partidas “englobadoras”, con sobre y subejercicios millonarios y el desvío impune de recursos de unos capítulos a otros.

Para muestra basta un botón. El Ramo 23 (erogaciones no sectorizables) es una bolsa discrecional para “obras” sin planear, las que sean, que simplemente no tiene ni pies ni cabeza.

Oficialía Mayor, que se creó como una propuesta de planeación presupuestaria, servirá precisamente para “guardar” dinero hasta que se sepa en qué se les antojará gastarlo. En otras palabras, para no tener que informar al Congreso el destino de más de dos mil millones de pesos.

Otra vez, prefieren la opacidad a la apertura. Gana la discrecionalidad.

Fuente: Las 5 mx