¿Enrique Peña Nieto es un cleptócrata o simplemente un funcionario omiso de las obligaciones que norman la conducta de los servidores públicos? Los mexicanos nunca obtendremos una respuesta a esta pregunta. En una democracia, ante un escándalo como el de la Casa Blanca, el Congreso inmediatamente crearía una comisión especial para investigar el caso. Habría audiencias públicas, se presentarían testimonios, se recopilarían documentos con el espíritu de forjar una versión apegada a la verdad y el derecho. En México, las cosas son distintas.
Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que el tema de la residencia privada de la familia presidencial era un “asunto particular”. Durante la sesión donde otros legisladores buscaban debatir el caso, el perredista se negó a darles la palabra. En lugar de abordar el conflicto de interés presidencial, nuestros representantes populares en San Lázaro dedicaron la sesión de debates para tratar otro tema de interés nacional: el derecho a la lactancia. En junio próximo habrá elecciones a gobernador en Michoacán, estado que el diputado Aureoles añora gobernar. Al parecer, desde la lógica de uno de los líderes de la izquierda en la Cámara de Diputados conviene más hablar de la leche materna que cumplir el rol fundamental de actuar como partido de oposición. El caso de Iguala fue un error criminal del partido del sol azteca, pero esta claudicación es una estrategia pensada y ejecutada para fungir de comparsas del PRI y el gobierno.
La erosión de los contrapesos legislativos tiene también una causa presupuestal. En la reciente negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los diputados se otorgaron a sí mismos un fondo de 10 mil millones de pesos para pavimentación, construcción de canchas deportivas y casas de cultura. El dinero del fondo se distribuye entre los distintos partidos políticos en función del número de diputados que tenga cada uno. Ricardo Raphael (El Universal, 17/11/2014) se pregunta ¿cuánto vale el voto de un diputado o diputada? La respuesta es 20 millones de pesos. Los legisladores del PRI, PAN, PRD y partidos anexos disponen de estos recursos sin que medie un proceso de fiscalización y rendición de cuentas. Este fondo presupuestal representa la legalización de la corrupción y la formalización de los moches.
Como el dinero no crece en los árboles, de algún lado tenían que salir los recursos para copetear el fondo de los moches. Después de la tragedia criminal de Iguala y la aparición de un reguero de fosas con restos humanos, los diputados optaron por recortar 63% el presupuesto de la oficina para búsqueda de personas desaparecidas. En el 2014, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas recibió 40 millones de pesos, en 2015 sólo recibirá 14 millones. Un solo diputado tendrá por sí mismo más presupuesto para moches que la PGR para resolver los 22 mil casos de “personas no localizadas” en México. José Guillermo Anaya, del PAN, fue el único legislador que alzó la voz contra esta decisión y pidió 100 millones de pesos para búsqueda de desaparecidos. Su propuesta fue rechazada sin mayor discusión. El presidente Peña lanzó un plan de 10 puntos para fortalecer la justicia y el Estado de derecho, pero unos días antes los diputados validaban un recorte global a la PGR por 259 millones de pesos.
En México, la política es para hacer dinero y el dinero es para hacer política. La claudicación de los diputados a investigar el asunto de la Casa Blanca no es sólo un acto de sumisión ante el Ejecutivo, sino un enorme signo de interrogación sobre el principio de división de poderes. Un sistema político donde los diputados encargan proyectos de pavimentación, pero se niegan a investigar el sospechoso patrimonio del Presidente, es un animal muy raro de definir. Donde no hay división de poderes no puede haber democracia.
@jepardinas
