Llegó finalmente la respuesta del presidente Peña Nieto a la crisis de gobernabilidad que evidenció la tragedia de Ayotzinapa. Es particularmente relevante que haya sido avalada por todos los gobernadores y el jefe de gobierno del DF, no sólo con su presencia en el lanzamiento del programa, sino con su pronunciamiento conjunto, pues revela, de alguna forma, que hubo un acuerdo federal pluripartidista.
Se trata de 10 grandes acciones para atacar la deficiencias de la seguridad pública y de nuestro sistema de justicia y de protección a los derechos humanos que condensan dramáticamente las circunstancias que llevaron a la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Las propuestas abren la discusión pública, pues incluyen una serie de reformas constitucionales y legales que habrán de procesarse en el marco de nuestra pluralidad política y de una opinión pública más crítica. El hecho de que sea un planteamiento articulado, proveniente del Ejecutivo Federal permite ordenar la deliberación y recoger buena parte de las propuestas que ya han hecho las fuerzas políticas como la legislación anticorrupción y la revisión del salario mínimo, o las provenientes de organizaciones sociales.
Más allá de las medidas contra la criminalidad, quiero referirme a las que abordan el tema de la desigualdad, que subyace al contexto específico, hoy.
Bajo el título de impulso al sur, y poniendo el énfasis en la necesidad de reactivar la vida económica y social de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el decálogo presidencial propone establecer tres zonas económicas especiales para apoyar fiscalmente a productores y reactivar la economía de esos tres estados. Además, se ofrece impulsar un plan de empleo temporal para 300 mil familias y otro para la formación de jóvenes, que es el sector de la población más afectado por la falta de expectativas de desarrollo y más en esa región del país.
En este rubro, se contempla inyectar recursos a las Escuelas Normales Rurales, lo que parece urgente, no sólo a manera de mínima compensación porque de ahí surgieron los 43 desaparecidos, sino porque hay una historia de abandono y desinterés de las políticas educativas y de desarrollo social. Las instalaciones y los servicios de ofrecen dichas escuelas, en las que viven los normalistas, están en condiciones muy por debajo de la línea de la dignidad humana básica, ahondando la desigualdad que padecen dichas regiones.
Los datos del Índice de Competitividad Estatal 2014 que el miércoles pasado presentó el IMCO (Instituto Mexicano de Competitividad) muestran con claridad el mapa de profunda desigualdad de nuestro país, en donde Chiapas, Oaxaca y Guerrero aparecen en los tres últimos lugares, (con un puntaje de 29.7/100, que contrasta con el del primer lugar del DF con 62.6/100, e incluso con el promedio del país que es de 44.6/100). Además esta posición la han ocupado sistemáticamente durante los últimos años, es pues una desigualdad endémica.
El Índice de Competitividad Estatal considera variables económicas como el mercado laboral, la estabilidad de la economía, la existencia de sectores precursores e innovadores y el manejo sustentable del medio ambiente, pero también abarca temas de condiciones políticas como el estado de derecho, el grado de estabilidad política y de eficiencia gubernamental, que son indispensables para generar condiciones adecuadas para atraer la inversión y generar mayor productividad y bienestar para la población.
Son claros los datos sobre la desigualdad económica y social que marcan a nuestro país y es una buena señal que el gobierno centre su atención en la región sur. Al igual que respecto de cualquier política pública, será indispensable que existan mecanismos puntuales y creíbles de evaluación para que las acciones propuestas no se queden en un mero discurso de coyuntura.
Fuente: El Universal
