Estimados colegas, miembros del Sistema Nacional de Fiscalización:
Desde 2010 este conjunto de instituciones, orientadas a las labores de auditoría gubernamental en sus distintas modalidades, se comprometió a integrar un sistema que permitiese la conjunción de esfuerzos, la coordinación de acciones y la instauración de un marco normativo común, para promover, de manera decidida, la rendición de cuentas de quienes ejercen el gasto público.
Tras cinco años de labor, y contando con la participación de todos los entes involucrados, podemos decir que existen avances importantes en la consecución de estos objetivos.
De la misma manera, a través de estos intercambios hemos podido constatar la vastedad de las disciplinas a las que nuestras respectivas áreas se dedican, sus ramificaciones y vínculos c on otras áreas del quehacer gubernamental y las implicaciones legales y organizativas que se derivan del establecimiento de nuevos mecanismos de cooperación.
Un sistema se caracteriza por plantear una solución holística y multifacética a determinada situa ción. El que nos hemos propuesto crear, en razón de la amplitud y la complejidad de su objeto de estudio, exige de nuestras instituciones un esfuerzo considerable en términos de abrirnos a nuevos métodos, integrar en nuestra práctica una serie de controles y acciones a favor de una mayor transparencia y oportunidad, el tomarnos mutuamente en cuenta en la planificación y preparación de nuestras auditorías, así como impulsar procesos de capacitación adecuados para todo nuestro personal.
Estas actividades, por otra parte, no se separan fundamentalmente de aquellas que llevan a cabo las organizaciones líderes en cualquier campo de la administración con el fin de perfeccionar sus procedimientos, mantenerse plenamente actualizadas y ampliar el alcance y la profundidad de sus resultados.
En efecto, hacer nuestras las mejores prácticas en la materia ha sido una de las metas que nos hemos planteado. Es por ello que podemos estar seguros de que los resultados que se alcanzarán, una vez que nuestro Sistema esté plena mente operativo, justificarán con creces la energía y los recursos empleados para introducir las modificaciones y adecuaciones correspondientes.
En este sentido, podremos ver que los cuatro Grupos de Trabajo que colaboran para diseñar, crear e implementar los distintos componentes del Sistema, han sentado, a través de su labor, importantes bases sobre las que construiremos ulteriores etapas de este proyecto.
Aunque se ha requerido tiempo para alcanzar los consensos necesarios, los productos que serán presentados en esta Quinta Reunión Plenaria, muestran que el espíritu de compromiso y colaboración que han sido las bases de nuestra interacción continúan plenamente vigentes.
Quisiera ahora llamar su atención ante un hecho sobreviniente que, por su contenido, puede representar un reto adicional para quienes integramos este colectivo; la propuesta de crear un Sistema Nacional Anticorrupción.
A pesar del enorme esfuerzo institucional que se ha llevado a cabo en México para crear leyes y órganos gubernamentales favorables a la transparencia y a la rendición de cuentas, es preciso reconocer que el combate a prácticas que desvirtúan el sentido de servicio que debe tener el ejercicio de un puesto gubernamental aún presenta rezagos.
Esta situación de prevalencia de la corrupción en muchas áreas del quehacer nacional ha generado, en una parte de la opinión pública, una demanda constante a las autoridades para que atiendan, de manera urgente, las causas y las consecuencias de este fenómeno.
Existe en la ciudadanía desaliento, saturación e impaciencia por ver que el servicio público cumpla con honestidad y eficiencia las metas que le han sido encomendadas. Las acciones de fiscalización y de auditoría interna, como hemos mantenido en muchos foros, representan una herramienta de gran valía para lograr mejorar la calidad del ejercicio del gobierno; de hecho, forman una parte imprescindible de cualquier esfuerzo serio que pretenda abatir las condiciones que propician la anteposición del interés individual al de la colectividad.
Es por ello que, como servidores públicos y como instituciones responsables, debemos hacer conciencia de la trascendencia que adquiere lo que hemos alcanzado hasta ahora en un ámbito más amplio y con un mayor impacto en prácticamente la totalidad de la administración gubernamental, sea ésta a nivel federal, estatal o municipal.
Si bien el Sistema Nacional de Fiscalización tiene una serie de objetivos y metas que le son propios, es a la vez una pieza fundamental del engranaje de otro Sistema Nacional, el referente a las acciones en contra de la corrupción. Este, a su vez, requerirá el involucramiento de otros actores y elementos de los tres Poderes de la Unión y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos para cumplir plenamente sus objetivos.
Los sistemas deben, entonces, concatenarse e interactuar de manera organizada para potenciar sus capacidades y aportar, de manera oportuna, sus respectivos productos. Un tema como la corrupción, en cuya génesis incurren múltiples factores, requiere asimismo ser abordado a partir de
distintas perspectivas y ámbitos. Una aproximación de esta naturaleza nos proporcionará una caracterización más objetiva del asunto a resolver y permitirá al Sistema ofrecer una alternativa multidisciplinaria de atención, que resulte factible de implementarse, y que ataque las causas, no solamente los efectos, de las desviaciones observadas.
En la propuesta de reforma, que fue dada a conocer a la opinión pública el pasado mes de octubre, se plantean como las líneas y los objetivos más importantes la implementación de un Consejo Nacional Anticorrupción y de un Consejo Ciudadano para la Ética Pública; el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública; la definición de un mayor número de atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, así como la creación de una Fiscalía especializada de un Tribunal especial para estos efectos.
Se puede concebir entonces a este Sistema como basado en dos grandes apartados: el primero, la prevención y la disuasión de los actos de corrupción, y el segundo, la sanción para los autores de actos irregulares que hayan sido detectados por las instancias correspondientes.
Como componentes del primer aspecto podría citar dos grandes grupos: en primer lugar, los tópicos referentes al manejo y organización de la información de carácter público que esté relacionada con el ejercicio gubernamental y, en segundo lugar, al papel que juega la fiscalización en este proceso.
En cuanto a la información, los temas específicos comprendidos en el Sistema serían (1) el manejo y administración de los archivos oficiales, (2) la implementación de las normas en materia de contabilidad gubernamental y (3) las disposiciones referentes al acceso a la información pública y temas de transparencia similares.
Sobre la fiscalización, los puntos a destacarse son, primero, la promoción y evaluación del control interno; segundo, lapromoción y el control de la integridad de los funcionarios públicos y, tercero, la auditoría gubernamental. En cuanto al segundo gran apartado del Sistema, aquel referido a las sanciones, sería necesario distinguir entre aquellas de índole penal y las que tienen carácter administrativo. Entre los temas a desarrollar respecto a las primeras es necesario incluir tanto al Poder Judicial como a una Fiscalía autónoma en la materia. En cuanto a lo administrativo se debe contar tanto con una Ley General de Responsabilidades, como con el establecimiento de un tribunal autónomo con jurisdicción sobre estos temas.
El resultado global de la interacción de todos estos elementos sería el de alcanzar un nivel superior de gobernanza de los entes públicos, que necesariamente se traduce en un mayor índice de satisfacción de las necesidades de la sociedad, y por ende, un entorno abiertamente hostil en contr a de quienes decidan cometer actos lesivos al bien general.
En esta propuesta se puede distinguir un reconocimiento explícito a las labores que llevan a cabo la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, para el diseño de una respuesta institucional a este delicado problema.
Con respecto a las actividades vinculadas a la promoción y aplicación del control interno en todas las instancias de gobierno, saludo abiertamente el planteamiento de la iniciativa referido a la conservación de la Secretaría de la Función Pública en el entramado administrativo de México a nivel federal, así como a su reforzamiento.
No existe institución alguna que no requiera de la aplicación de prácticas de auditoría interna para el cumplimiento de su mandato y objetivos; si las instituciones actúan conforme a su esencia, serán menos vulnerables a la aparición de prácticas que vayan en contra de la misma. La auditoría interna representa así la primera barrera de defensa que debe de oponerse a la corrupción o a cualquier acción irregular o incorrecta que afecte al funcionamiento normal del ente y que le impida alcanzar sus metas originales.
Encuentro entonces muy positivo que los tres principales institutos políticos del país, al apoyar la iniciativa, hayan coincidido en la importancia que tiene este componente para abatir las acciones que se desvíen de la honestidad y el compromiso con la ciudadanía. Asimismo, en lo que toca a la organización que tengo el honor de presidir, me siento verdaderamen te comprometido por el hecho de que se reconozca la necesidad de fortalecer y diversificar las atribuciones, capacidades y marco de acción de la fiscalización superior para incrementar el valor de los insumos que proporcionamos tanto a la Cámara de Diputados como a la propia sociedad.
De manera adicional, resulta promisoria la posibilidad de que pudieran establecerse distintas reformas para que podamos aportar un servicio más expedito y un beneficio más oportuno a través de los resultados de las auditorías que llevamos a cabo.
Se plantean en esta propuesta distintas alternativas para que la fiscalización pueda llevarse a cabo en distintos momentos del ejercicio del gasto público, ya sea al inicio del mismo, de manera posterior o bien a lo largo del proceso.
Estas nuevas atribuciones requerirán, evidentemente, de una readecuación de la concepción que tenemos al día de hoy del papel de la institución auditora superior, así como la definición de metodologías de trabajo adecuadas y una revisión de los procesos administrativos y jurídicos que las acompañan.
Esto representa un importante reto que deberemos de enfrentar con imaginación y uso de nuestras capacidades técnicas.
Independientemente de la forma final que adquiera esta iniciativa, tras el análisis y las modificaciones a las que haya lugar durante el proceso legislativo, es de esperarse que se abran nuevas áreas de oportunidad en todos los niveles, que nos permitirán desarrollar capacidades distintas y reordenar nuestros procesos desde una perspectiva distinta a la tradicional.
En este sentido, nuestras instituciones deberán asumir una posición proactiva, para poder anticiparse y preparar las modificaciones y los cambios que sean necesarios para poder desempeñar con prontitud el papel que se nos demanda para colaborar con esta labor que ya no admite demora.
Este nuevo escenario requiere que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, de acuerdo a lo dispuesto en sus mandatos, en sus respectivos ámbitos de competencia y a partir de sus propias experiencias, ponderen el papel que les tocará desempeñar en la lucha contra la corrupción.
Considero indispensable para lograrlo que se tenga en cuenta que se trata de una labor no individual, sino colectiva, y para la cual el aspecto de la coordinación es de capital importancia.
Es además una buena coyuntura que nos permitirá inscribir a nuestro Sistema en una órbita más grande, con lo que podremos obtener su reconocimiento a nivel legal y ante la opinión pública, que podrá ubicar con mayor facilidad cómo encaja la fiscalización y la rendición de cuentas en la solución de un problema que atañe directamente a toda la ciudadanía.
Hasta ahora hemos operado con base en un acuerdo de buena voluntad para hacer avanzar los trabajos del Sistema; estamos ante una
situación que puede resultarnos altamente favorable para darle un contenido institucionalizado y reconocido constitucionalmente. Considero que debemos aprovechar esta situación en favor de la consecución de nuestros objetivos.
Señoras y señores, gracias
por su atención.
